En todo sistema democrático existen diversos componentes que lo nutren y lo fortalecen, uno de ellos, quizá el más importante es la realización de elecciones, pues en ellas participan instituciones electorales tanto administrativas como jurisdiccionales, actores políticos y, por supuesto, la ciudadanía que, con su voto, define el rumbo de esta nación por los próximos años.
Las elecciones en nuestro país organizadas a través de procesos electorales se conforman de diversas etapas y una de las más importante son las campañas electorales en donde miles de personas candidatas (que fungieron como precandidatas en su oportunidad), así como partidos políticos o bien coaliciones llevan a cabo una serie de estrategias para obtener la simpatía de la ciudadanía y que así se refleje el día de la jornada electoral.
Para ello, en nuestra Constitución y en la legislación electoral está establecido que todas los institutos y las personas que busquen el beneficio del voto de las y los ciudadanos deben estar acreditados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), y con ello, puedan recibir financiamiento público para la realización de sus actividades, mismas que deben reportar en el sistema informático creado exprofeso por el INE.
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Muchas personas analistas, periodistas, académicas, entre otras, han referido que justo en las campañas electorales es donde se requiere una auténtica revisión, análisis y verificación por parte del INE con el objetivo de que no se genere inequidad en la contienda electoral.
La fiscalización electoral es en sí misma, un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas ya que el INE, a través de ella, revisa el origen, monto y destino de los recursos que utilizan las y los aspirantes, personas precandidatas y candidatas (incluidas las candidaturas independientes), así como de los partidos políticos.
Sin embargo, el actual modelo de fiscalización es ya obsoleto en algunos aspectos, sobre todo ante la rapidez con que ha crecido, por ejemplo, el uso de tecnologías de información, redes sociales e incluso, la Inteligencia Artificial.
De manera pública he manifestado la necesidad de contar con un robusto sistema de fiscalización que le permita al INE cumplir eficazmente su proceso de fiscalización tanto de las elecciones federales como locales, en ejercicios de democracia directa y, de acuerdo con la reforma en materia del Poder Judicial de 2024, de las elecciones judiciales.
Para que la fiscalización que lleva a cabo el INE sea lo más eficiente posible con miras al cúmulo de elecciones que se llevarán a cabo en 2027 tanto las políticas federales y locales, así como las judiciales debe avanzarse, al menos, en los siguientes aspectos:
1. ?Que el Legislador analice potenciar las facultades del INE principalmente para poder sancionar determinadas irregularidades asegurando la plena efectividad de la multa impuesta, evitando con ello la simulación e incidir con eficiencia en inhibir las conductas contrarias a la ley; la colaboración oportuna y obligada de instancias como el SAT, la UIF, la FGR, la CNBV entre las principales; prevenir el mal uso de fondos a través de controles más estrictos, entre otros.
2. El INE necesita contar con un nuevo Reglamento de Fiscalización que, entre otros aspectos, use la Inteligencia Artificial para procesar grandes volúmenes de información, identificar en tiempo real movimientos sospechosos o anomalías financieras, para la vigilancia avanzada (data pooling) y preventiva. Asimismo, la triangulación de recursos, empresas fachadas, así como la injerencia del crimen organizado y la nulidad de las elecciones ante su intervención.
3. Es necesaria la colaboración y obligatoriedad de las plataformas digitales para dar seguimiento en tiempo real a los gastos que se generan, por ejemplo, en el desarrollo de las campañas electorales.
4. Es importante la construcción digital de esquemas de priorización de riesgos a través de auditorías preventivas a diversos actores políticos que participan en las campañas electorales, entre otros.
La importancia de la fiscalización electoral que lleva a cabo el INE es la herramienta más efectiva para transparentar los ingresos y gastos generados en los procesos electorales, incluidas las campañas electorales. Este proceso de rendición de cuentas genera un sistema electoral saludable, da certeza a las elecciones y fortalece la confianza de la ciudadanía en las normas electorales, en los actores e instituciones participantes y, por supuesto, en nuestra democracia.