Con la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 fue elevado a rango constitucional el principio de paridad de género; desde entonces el Instituto Nacional Electoral (INE), que nació en ese mismo año, ha impulsado la paridad no solo en el registro de las distintas candidaturas que se presentan, también, para que en los órganos legislativos y ejecutivos, federal y los locales, en la conformación del poder judicial, así como para la conformación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) se garantice la paridad en su integración.
Así, el INE ha intervenido, con base en sus atribuciones, aprobando diversos criterios para potenciar la presencia igualitaria de las mujeres en distintos cargos de elección popular, por ejemplo, por primera vez en nuestra nación, se aprobaron los criterios para que los partidos políticos registraran paritariamente a personas para el cargo de las gubernaturas, máximas figuras del poder ejecutivo en las entidades federativas.
De igual manera, ha emitido diversos criterios para que dicha paridad se extienda por ejemplo, a los distintos niveles de la administración pública.
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Al interior del propio INE, ha emitido disposiciones para que la paridad sea una realidad. Por ejemplo, en la determinación de las personas consejeras presidentas, así como de las y los consejeros electorales que conforman los Organismos Públicos Locales (OPLE), máximas figuras que toman las decisiones más importantes en la organización y desarrollo de los procesos electorales.
Existen otros elementos que fortalecen la presencia de las mujeres, un caso emblemático es la reciente aprobación por parte de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, órgano auxiliar del Consejo General del INE, su máximo órgano de dirección de de la convocatoria, así como de las reglas de operación del Programa Nacional de Impulso de Mujeres a través de distintas organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo fundamental de este programa en su edición 2026, es generar mecanismos estratégicos para reducir la brecha de género en el ámbito de la representación política.
En este sentido, se busca materializar la presencia de las mujeres en espacios de toma de decisiones que se traducen en beneficios sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros. Para lograrlo es necesario que exista un adecuado acompañamiento de todas las entidades del país. La paridad, no solo es un principio constitucional, es el principal indicador de una democracia saludable.
La paridad que se busca con esta iniciativa se encuentra alineada con los objetivos y alcances establecidos en la Estrategia Nacional de Educación Cívica que buscan arraigar la paridad e igualdad sustantiva como valores democráticos fundamentales de las y los ciudadanos; impulsar que la ciudadanía pueda gozar plenamente de sus derechos políticos y electorales, en especial de las mujeres; promueve la participación ciudadana y los alcances que debe tener la paridad de género libre de toda violencia política, con la finalidad de que las mujeres cuenten con las herramientas suficientes para el desempeño de sus funciones.
El INE tiene una alianza estratégica con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo que participó en el fortalecimiento de distintos ordenamientos para robustecer la presencia de mujeres en espacios públicos en contextos libres de violencias.
Si el INE ha actuado desde su fundación con todos los elementos que le permiten sus atribuciones para garantizar la presencia de las mujeres en distintos ámbitos de competencia, no se entienden ni se comparten los recientes nombramientos formulados desde la presidencia del INE para distintos cargos de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas que fortalecen el trabajo de las comisiones del Consejo General, sin cumplir con el principio constitucional de paridad.
No podemos exigir que distintos actores políticos cumplan con la paridad, no podemos presentar una serie de propuestas para materializar la igualdad sustantiva en las distintas esferas públicas y, al interior de este Instituto, si no se implementan medidas que garanticen espacios paritarios en nuestros órganos directivos y técnicos, a lo que estamos obligados constitucional y legalmente. El mensaje es disonante e incongruente: el órgano encargado de garantizar la paridad, no cumple con una integración paritaria en su estructura.
La paridad de género es una realidad, llegó para quedarse, su cumplimiento es un reconocimiento a todas aquellas mujeres que han luchado incansablemente por lograr el pleno reconocimiento y ejercicio de sus derechos, una vida plena, libres y fuera de esquemas de violencia de género.