1. Ni BTS, ni Hernán Cortés, ni Maru Campos pudieron jalar la marca. El caso Rocha con todas sus implicaciones se ha colocado en el centro de la agenda pública. Es el elefante en la sala, la recámara, el comedor y la cocina, y la capacidad del tema para insertarse en la conversación pública es evidente. Ya apuntaba en su columna Javier Tejado el alcance digital y el interés generado, y no va a desaparecer por más grupos coreanos que salgan al balcón de Palacio Nacional.
2. El gobierno está perdiendo la guerra narrativa. La encuesta de Reforma publicada esta semana es demoledora: con pruebas o sin ellas, la mayoría de la opinión pública considera que Rocha Moya no es inocente (62%); el 55% no cree en la imparcialidad de la fiscalía mexicana (¿será porque no ha hecho nada para ser creíble en este caso?): y un 17% confía más en el sistema de justicia estadounidense (50%) que en el mexicano (33%). El uso del nacionalismo como coartada pudiera funcionar si hubiera una intervención militar unilateral (según la encuesta de Parametría), pero al menos hasta ahora, parece que no le está ayudando. Habrá que esperar a las encuestas post Rocha para saber incluso los efectos en campos como la aprobación presidencial y la intención de voto por Morena.
3. El morenísimo está dividido. Si bien la clase política -empezando por la presidenta Sheinbaum- ha decidido enfrentar las acusaciones como un agravio a la soberanía nacional, el sentimiento patrio no alcanza para unificar las posturas de las plumas cercanas a la 4T. Mientras algunos plantean que la presidenta debería juzgar a Rocha (aunque no extraditarlo) y hacer un deslinde del caso de su gobierno y de Morena, otros han asumido que sería mejor entregarlo, mientras algunos asumen que hay que hacer frente a la intervención selectiva. El espectro es amplio y va desde los más duros que se sienten listos para encarnar el llamado del himno a defender la patria, hasta los pragmáticos que creen que es deseable (incluso posible) enfrentar este caso como una suerte de manzana podrida que se puede manejar aislado del resto del partido y del gobierno.
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4. Este caso es oro contra Morena. Para los críticos de la 4T este caso ha sido la coronación de una narrativa que ha tenido varios momentos, desde la campaña presidencial en la que Xochitl Gálvez hablaba del narcopartido, hasta las recientes portadas de algunos diarios que usaron el término para sus notas principales. Para no pocos, este caso -con todas sus derivaciones- puede ser el Ayotzinapa del actual sexenio, el escándalo que marque un antes y un después que puede extenderse hasta alcanzar a otros gobernantes, incluyendo al expresidente López Obrador.
5. No es un problema de comunicación. Este es quizá el mayor problema para el gobierno federal: no es un tema de opinión pública. Si bien está claro que lo es en sus implicaciones, no lo es en su lógica. Pueden entrar otros temas a la agenda, incluso puede salir esta historia por unos días, y eso no borrará las acusaciones de la fiscalía de Nueva York, ni la petición del Departamento de Estado, ni los tuits de la embajada americana. Este caso obedece a una lógica política, jurídica e institucional, que naturalmente tiene una salida comunicacional pero que no se puede resolver desde ahí. Hoy el gobierno parece creer que puede administrar mediáticamente el problema, que basta con esperar que pase el tiempo, dejar que otros asuntos entren a la agenda, y que la mirada de EU se desplazará en automático hacia otro tema de preocupación.
Leer mal un conflicto es la ruta directa al desastre, y en este caso, no hay señales de que la administración de Sheinbaum esté asumiendo con claridad el fenómeno que tiene enfrente. Lo malo es que, por las buenas o por las malas, lo va a terminar de entender.