La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las acusaciones por narcotráfico que hicieron autoridades estadounidenses en contra del gobernador de Sinaloa y otras personas está sustentada con argumentos contundentes. Se puede o no estar de acuerdo con sus decisiones, pero lo que está mostrando es un acto de autoridad propio de su responsabilidad institucional.
La situación que creó el gobierno de Estados Unidos provocó diversos conflictos internos en Morena. Además, a la oposición le dio un tema de agenda que, bien aprovechado, le podría representar algunos beneficios políticos en las elecciones de 2027. Sin embargo, para el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, se trata de un suceso poco relevante porque “no va a pasar nada”.
Y sí pasó. El gobernador ya solicitó licencia. Luego lo hicieron otros funcionarios acusados. Su reputación está en duda y no es un asunto menor. En principio, hay una afectación importante a la credibilidad del movimiento de la 4T. La presidenta ha sido objeto de ataques, cuestionamientos y dudas sobre la forma en que está gestionado el problema.
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Aún más. El tema está afectando la relación diplomática con Estados Unidos y tal vez incida en las negociaciones del tratado de libre comercio. En el ámbito interno, muchos personajes políticos que no cumplieron el objetivo de “cero corrupción” deben sentirse temerosos por las amenazas del gobierno del presidente Donald Trump. Algunos, incluso, provocarán más problemas para tratar de protegerse.
Al mismo tiempo, han resurgido los cuestionamientos al poder que aún tiene el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque todo lo que se ha dicho sobre el control que ejerce sobre la presidenta Sheinbaum, está claro que el objetivo de sus detractores es poner en duda su autoridad, capacidad y liderazgo. Si se reúnen o no, o si incide en su estrategia, es preciso reiterar que la responsable de las decisiones finales es la primera mandataria.
La situación es delicada. Estamos ante un conflicto jurídico, político de seguridad nacional de las dos naciones. Los riesgos que enfrenta nuestro país son demasiados. Incluso, podría haber consecuencias graves en el Estado de Derecho que ya de por sí se ha visto deteriorado con algunas acciones como la desaparición de órganos autónomos e independientes.
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La solicitud del gobierno estadounidense de una orden de aprehensión con fines de extradición en contra de un gobernador y parte esencial de su equipo de colaboradores no tiene precedente. Seguramente, su aparato de inteligencia analizó con mucho cuidado los diversos efectos que se provocarían, incluida la repercusión mediática internacional que sí termina dañando la imagen de México.
Para resolver con eficacia, se tiene que decir claro: por el momento, hay convulsión política. La agenda pública está dominada por un escándalo que distrae y desvía al gobierno de la República de otras prioridades, como la economía. Por tal razón, parece lógico que se busque minimizar lo que está sucediendo y se trate de dejar la impresión de que todo está bajo control.
Sin embargo, también hay que considerar que se están cometiendo errores muy grandes en la gestión comunicacional del problema. El primero, fue la declaración de Rubén Rocha Moya cuando afirmó, en forma impensada, que no había motivo de preocupación y que no pasaría nada. En serio, ¿no está pasando nada?
Tal vez el nerviosismo justifique una equivocación tan grande, pero deja en evidencia una vez más las fallas y carencias de las narrativas y protocolos de gestión de situaciones críticas. Otro punto a resolver es la trivialización de algunas noticias. No es con falsas sonrisas, burlas o violencia verbal que se deben atender este tipo de situaciones.
Recomendación editorial: Raúl Gutiérrez Patiño. Cooperación judicial internacional y combate a la corrupción y al crimen organizado. México: Editorial Tirant Lo Blanch, 2022.