La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara y enfática: su gobierno no protegerá a nadie que haya caído en actos de corrupción y/o tenga nexos con el crimen organizado, pero para proceder es necesario que cualquier investigación esté respaldada por evidencias verificables y respaldadas por las autoridades correspondientes.
Su postura es inobjetable. Es lo que exige un auténtico Estado de Derecho. Sin embargo, los gobiernos de la alternancia y la llamada transformación no han cumplido a cabalidad con este principio. Son varios los casos en los que quedan dudas sobre la imparcialidad de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Si bien es cierto que las acusaciones que se hacen a través de los medios o las redes sociales no tienen un valor jurídico, también lo es que la percepción negativa que se genera en la ciudadanía se explica mejor cuando la justicia se politiza o no se procede con la misma objetividad y contundencia en todos los casos que salen a la luz pública.
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Todas y todos hemos aprendido lo extremadamente difícil que es erradicar la corrupción de nuestro sistema político. De hecho, sólo los grandes escándalos nos recuerdan que el fenómeno no debería ser visto como algo normal y cotidiano. También dejan bien claro que la promesa de cero corrupción es, simplemente, un planteamiento irreal y demagógico.
Asumir un compromiso para luchar con mayor eficacia es algo indispensable para cualquier gobierno democrático. Pero se tienen que mostrar periódicamente avances y resultados. Las y los servidores públicos deben predicar con el ejemplo. De su autoridad ética y moral se desprende su liderazgo y fortaleza para proceder contra los delincuentes y corruptos.
Aún más. La ausencia de campañas anticorrupción más contundentes por parte de los gobiernos también abona, desafortunadamente, a la “normalización” del problema. Y más cuando en los comunicados, declaraciones o conferencias de medios se evaden o minimizan algunas denuncias de alto impacto que se difundieron sólo a través de los medios.
En el mismo sentido —pero sobre todo por el daño que pueden provocar a su imagen pública— es evidente que hace falta revisar los procedimientos, protocolos y narrativas de comunicación relacionados con el tema frente a las diversas presiones que recibe, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum durante las conferencias del pueblo. Las dudas que se han sembrado sobre la imparcialidad ante varias denuncias graves de corrupción así lo ameritan.
Por esta razón, conviene insistir una vez más que las conferencias de medios de la presidenta no son un instrumento para que responda todo sobre todo en todo momento. Pretender mostrar que con este método se cumple a cabalidad la transparencia y la rendición de cuentas es un error que no se corrige sólo con la presencia de los funcionarios al informar a su lado.
Centralizar las explicaciones de casos en los que aún no hay resultados o realmente son ficticios no resulta lo más conveniente, pues en ciertas ocasiones la vulneran. Es necesario que existan criterios más precisos para elegir entre cuáles debe responder en forma directa y cuáles deben ser canalizados hacia sus colaboradores.
Por otra parte, las autoridades tienen que convencer a la sociedad que las denuncias originadas desde los medios son un referente importante, que muchas veces aportan información y evidencias de gran valor, principalmente a través del periodismo de investigación, pero que no sustituyen las investigaciones profesionales y exhaustivas a las que están obligadas las instituciones.
Recomendación editorial: Guía práctica sobre la investigación de casos de corrupción. Viena: Naciones Unidas, 2024.