El lamentable asesinato de Edith Guadalupe Valdés se ha convertido en un caso de feminicidio más que pone en evidencia la corrupción, la falta de protocolos eficaces para la atención de algunos delitos y los rezagos de nuestro sistema de justicia. Por donde se le vea, el problema explica el enojo, la impotencia y frustración de las víctimas.
Las irregularidades que se han expuesto están muy alejadas de la confrontación entre el gobierno y sus opositores. No forman parte exclusiva de un tema ideológico, de lucro político ni propagandístico. Son consecuencia de una cadena de errores, omisiones e indolencia de algunas autoridades que se generaron en el país desde hace décadas.
Como todas y todos sabemos, la impunidad registra un rezago con niveles alarmantes. Con base en la información del INEGI, en 2023 quedaron impunes 93 de cada 100 delitos en el país. Una de las razones principales es la falta de confianza que las y los mexicanos tienen en el sistema de justicia, debido a la inacción de las autoridades y a la decisión de las víctimas de no presentar denuncia.
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Los diagnósticos recientes no dejan lugar a duda. De acuerdo con un documento de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2025 sólo el 16.8% de las carpetas de investigación se presentaron ante un juez y apenas el 7.14% llegó a una sentencia. Por si fuera poco, el 57% de la población percibió corrupción en la institución.
Sin embargo, los casos que alcanzan la notoriedad mediática y en redes sociales como el de Edith deberían no sólo recordar a las autoridades los efectos perniciosos que persisten en varias de las instituciones encargadas de la impartición de justicia, sino en la necesidad de tomar las decisiones para modernizar el marco jurídico y las actividades transparentes, imparciales y eficaces que tienen que realizar.
Las denuncias públicas que han hecho los familiares de Edith sintetizan una parte muy importante de lo que enfrentan millones de personas cada año: revictimización, negligencia, indolencia, corrupción, extorsión, errores en los protocolos de actuación, tardanzas inaceptables para atender situaciones de urgencia, incapacidad para resolver y falta de sensibilidad en el trato desde el momento mismo en que se se establece el primer contacto con la autoridad.
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El eufemismo que esconde el concepto “irregularidades” en las narrativas de los servidores públicos dificulta la identificación del problema. Pero se hace más nítido cuando se le pone nombre a lo que, en mayor o menor medida, sigue sucediendo: homicidios, desapariciones, violencia criminal, detenciones arbitrarias, torturas, ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, secuestros, abusos militares y discriminación, entre muchos otros.
La situación también encubre diversas fallas estructurales en la estrategia de comunicación del sistema de seguridad y justicia. Una de las más relevantes es que no todos los procesos y narrativas se limitan a boletines oficiales, entrevistas y conferencias de medios. Los procedimientos también deben contemplar las acciones de comunicación directa que son necesarias por parte de las autoridades con las víctimas.
Adicionalmente, los casos simbólicos que derivan en escándalos son susceptibles de resolverse mejor y más rápido. Así pasa con frecuencia, pero no es lo justo, porque para reducir las presiones se dedican y desvían importantes recursos que dejan desprotegidas a muchas otras víctimas, que desgraciadamente quedan en el anonimato y la indefensión.
En el momento de mayor urgencia, no hubo justicia para Edith Guadalupe. Esperemos que ahora sí se actué con rapidez, certeza y eficacia por ella y por su familia. Aún más. Si en verdad hay conciencia y voluntad política, se abre una ventana de oportunidad para corregir los enormes problemas que aún persisten no sólo con los miles de feminicidios y delitos asociados con la violencia de género, sino con el sistema de justicia en general.
Proceder de esta manera contribuiría a cumplir con algunas de las promesas y compromisos que en materia de seguridad y justicia ha hecho el gobierno de la llamada 4T. También sería la ocasión perfecta para acelerar las soluciones que exigen los grandes rezagos que hay y actualizar las estrategias y protocolos de comunicación que se requieren en el nuevo escenario político.
Recomendación editorial: Inés Celia Iglesias Canle y María Lameiras Fernández (coordinadoras). Comunicación y justicia en violencia de género. Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch, 2012.