La acusación de una Fiscalía de Nueva York en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y otras nueve personas como el alcalde de Culiacán, el senador Enrique Insunza o el vicefiscal de Sinaloa, junto con la solicitud al gobierno mexicano para su detención provisional con fines de extradición, vuelve a poner sobre la mesa un tema de la mayor gravedad en nuestro país, la relación del crimen organizado con la política.
Se puede discutir sobre el alcance que deben tener las pruebas que acompañan la solicitud de detención respecto a lo que se establece en el tratado bilateral en materia de extradición, o de la conservación o pérdida del fuero ante el otorgamiento de licencia, oponerse al injerencismo del país vecino o cuestionar los motivos que pudieran estar detrás de estas acciones, pero no hay manera de negar la existencia de un problema de fondo que está en la intervención de los grupos delincuenciales en el ámbito público.
Lo que ahora denuncia la fiscalía estadounidense sobre lo que ocurre en Sinaloa no es algo de lo que no se tuviera noticia. Desde la elección para la gubernatura en 2021, la ex subdelegada de programas federales en Sinaloa, Jocelyn Hernández, acusó al entonces candidato Rubén Rocha de recibir apoyo de los cárteles del narco, en tanto que los partidos de oposición denunciaron que muchos de sus candidatos fueron víctimas de amenazas y que levantaron a sus operadores electorales, lo que fue corroborado por el ex alcalde de Mazatlán y militante de Morena Luis Guillermo Benítez.
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Pocos años después, en agosto de 2024 el Mayo Zambada declaró que, a la reunión en un rancho a la que lo llevaron con engaños para secuestrarlo y trasladarlo ilegalmente a Estados Unidos, estaba convocado el gobernador Rocha –aunque no llegó–, y que en esa misma reunión asesinaron a su rival político, Héctor Melesio Cuén, como después lo confirmó la Fiscalía General de la República –en un inicio la fiscalía estatal sostuvo falsamente que lo habían matado en un intento de asalto en una gasolinera–. Pese a todo esto, como es usual, simplemente no pasó nada.
Si bien el vínculo entre los cárteles delictivos y personajes de la política no es nuevo y tampoco se circunscribe a Sinaloa como nos recuerdan los casos de José Luis Abarca en Iguala, Guerrero, Hernán Bermúdez en Tabasco o de Diego Rivera en Tequila, Jalisco entre tantos otros, cada vez hay más indicios de que el grado de penetración se ha acrecentado. Tal parece que del soborno y cooptación de policías y funcionarios menores, la influencia criminal se ha extendido a los niveles más altos de los gobiernos locales y municipales al incidir en el nombramiento de titulares de áreas estratégicas como seguridad pública, procuración de justicia y obras, además de aportar cuantiosos recursos para las campañas, promover el abstencionismo donde así conviene, amedrentar opositores e incluso participar directamente en la definición de candidaturas. Ejemplo de ello es que, de acuerdo con algunas investigaciones, se considera que las pasadas elecciones de 2023-2024 fueron las más violentas en la historia moderna con 39 aspirantes o personas candidatas asesinadas y 889 víctimas entre secuestros, desapariciones, personas golpeadas o amenazadas de muerte. No es difícil pensar que lo mismo pudiera suceder tratándose de personas juzgadoras.
Ahora que se habla tanto de la soberanía y defensa de la nación, no cabe duda que el mayor riesgo lo tenemos frente al predominio que han ido adquiriendo los grupos del crimen organizado, por lo que se debe combatir con todo rigor y urgencia a políticos de cualquier color que así lo han permitido y que con ello, han traicionado a la patria.