Mientras las autoridades de nuestro país siguen oponiéndose al reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) y, sobre todo, a su decisión de invocar el artículo 34 de la Convención Internacional para que el caso de México llegue a la Asamblea General de la ONU, e intentaron convencer al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los avances para atender la situación, lo cierto es que se siguen acumulando las desapariciones y, con ello, el dolor y desesperación de cada vez más familias. Por algo Volker Türk expresó lo difícil que es encontrar las palabras para describir sus intercambios con familiares de personas que han desaparecido y que reflejan la magnitud de la tragedia, señalando que es una herida abierta que no ha logrado sanar.
Incluso en aquellos casos en que se ha logrado localizar a personas desaparecidas como en el muy conocido de Edith Guadalupe o de María Adela Morales, quien viajó de Chetumal a la Ciudad de México igualmente por una supuesta oferta de trabajo e inexplicablemente fue encontrada por su mamá internada en el Instituto Nacional de Psiquiatría –hasta el momento no se conocen las causas–, esto ha sido posible gracias al incansable trabajo de sus seres queridos y no por la intervención de las autoridades.
En este complejo y preocupante escenario, resulta muy oportuno el informe de la organización Causa Común cuyo título es de lo más elocuente: “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre”, que revela el drama de las decenas de miles de personas que al paso de los años seguimos sin saber dónde están o qué fue de ellas, así como de los miles de cuerpos encontrados en fosas clandestinas o que están en la fosa común y no han sido identificados. También se describe el papel de las instituciones encargadas de la búsqueda, investigación e identificación que están completamente rebasadas.
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Un dato que dice mucho, es que de más de 120 mil desapariciones registradas a diciembre de 2024, únicamente existen 3 mil 869 carpetas de investigación, lo que significa que el resto han caído en el olvido, además de que no se conocen registros oficiales sobre las fosas clandestinas. Hay que apuntar que el 89% de las desapariciones registradas ocurrieron en los últimos 18 años, de las cuales el mayor número corresponde al gobierno de López Obrador con un incremento de 64% respecto a Peña Nieto y de 215% si se compara con el sexenio de Calderón.
Lo más grave de acuerdo a este informe, es que lejos de que este fenómeno vaya disminuyendo o cuando menos contenga, la realidad es que sigue creciendo, a grado tal que 2024 cerró como el año con la mayor cantidad de desapariciones registradas en la historia con 13, 449 –con un incremento importante en mujeres y menores de edad–, y en los primeros 100 días de este gobierno han desaparecido 4,120 personas dando un promedio de 41 diarias, más del doble de las que se registraron durante el mismo periodo al inicio del gobierno de López Obrador. En lo que se refiere a las fosas clandestinas, señala que no existen informes oficiales, pero según la Comisión Nacional de Búsqueda, para abril de 2023 que es la última fecha de actualización, se han localizado aproximadamente 5,698 ubicadas en todas las entidades del país. Recordemos tan sólo que a mediados de este mes, colectivos de personas buscadoras localizaron al menos 1,076 restos óseos en una fosa clandestina en los límites de la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco.
Son muchas las causas que explican el fracaso institucional como la escasez presupuestal, el hecho de que a diciembre de 2024, 12 entidades no tenían una ley en la materia de desapariciones forzadas y por particulares, en 15 los tipos penales no se habían homologado a la ley general, y a febrero de 2025 5 estados no contaban con fiscalías especializadas además, desde 2019 el Sistema Nacional de Búsqueda solo ha sesionado en 10 ocasiones y el personal con que cuenta la Comisión Nacional de Búsqueda es claramente insuficiente pues su plantilla es de 119 elementos y a cada uno le corresponde encargarse de la búsqueda de 113 personas desaparecidas, únicamente tomando en cuenta los 13,449 casos registrados en 2024 y sin considerar las decenas de miles de casos acumulados de otros años.
Este debía ser un tema de Estado que fuera más allá de ideologías, simpatías políticas o cálculos electorales. Sin embargo, se siguen negando a reconocer la crisis, se resisten a aceptar la necesidad de ayuda, y al parecer lo único que preocupa es cuidar la imagen.