Hay momentos en la historia de las relaciones entre países que terminan convirtiéndose en puntos de no retorno. Semanas donde una suma de hechos aparentemente aislados empieza a construir algo mucho más profundo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy entre México y Estados Unidos alrededor del narcotráfico, la seguridad y lo que ya empieza a denominarse abiertamente como narcoterrorismo.
Desde el 18 de abril, la relación bilateral entró en una fase distinta. Más dura. Más desconfiada. Mucho más peligrosa políticamente para México.
Quizá pocos imaginaron el costo que tendría para el gobierno mexicano aquel viaje de la presidenta a España para participar en una cumbre cargada de simbolismos ideológicos alrededor de la llamada defensa de la democracia. Ni ella ni López Obrador han sido particularmente activos en giras internacionales. Siempre administraron con enorme cuidado sus apariciones en el extranjero. Por eso sorprendió la decisión de acudir a un espacio percibido desde ciertos sectores norteamericanos como un bloque político distante e incluso confrontado con su visión estratégica del mundo.
Te podría interesar
Pero lo verdaderamente delicado vino después. La muerte en Chihuahua de agentes de la CIA, tras una operación contra un narcolaboratorio, fue identificada de una forma extraña por un influyente medio norteamericano y después confirmada por el gobierno de ese país. En México, la reacción fue brusca y acelerada, envuelta en la defensa de la soberanía, pero poco calculada. No midieron que una agencia caracterizada por el sigilo y la clandestinidad había salido a la luz de una forma poco ortodoxa. Parecía una provocación, y logró su objetivo.
Después aparece otro ángulo que no debe pasar desapercibido. El ataque político del senador Enrique Inzunza Cázarez contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, podría leerse bajo una lógica más delicada. Si el narcolaboratorio descubierto en Chihuahua estuviera vinculado a estructuras operativas del Cártel de Sinaloa, entonces estaríamos frente a una acción cargada de enorme suspicacia.
Cuando el crimen captura espacios de poder, no sólo los usa para protegerse. También puede utilizarlos para impulsar vendettas, persecuciones judiciales, ataques mediáticos o intentos de destruir liderazgos institucionales, jefes policiales o fiscales cuyas acciones afectaron sus intereses mediante decomisos, detenciones o el desmantelamiento de instalaciones criminales, como ocurrió en este caso.
Es una hipótesis cargada de dudas, pero también de coincidencias causales entrelazadas en hechos ocurridos durante las últimas dos semanas. Hechos que, vistos por separado, parecen episodios aislados, pero juntos podrían estar mostrando una trama mucho más profunda.
Luego vino la visita del embajador estadounidense a Sinaloa, que terminó exhibiendo exactamente lo contrario a lo que probablemente se buscaba proyectar. Más que estabilidad, lo que quedó fue una poderosa imagen de descontrol, tensión e ingobernabilidad.
Y entonces llegó una reacción esperada desde hace tiempo, pero traducida ahora en un golpe muy fuerte. El procesamiento judicial de Rubén Rocha Moya, del senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario de Gobierno de Sinaloa, y de otros ocho personajes más. Un hecho inédito, de enorme dimensión política, jurídica y diplomática.
Porque más allá de nombres y cargos, el mensaje parece mucho más profundo. Estados Unidos dejó de concentrarse solamente en las estructuras criminales y empezó a colocar bajo el reflector a los espacios de poder político presuntamente contaminados o utilizados por organizaciones criminales.
El problema es que el país parece entrar a una zona de enorme fragilidad. Mientras el discurso oficial insiste en la soberanía y en los llamados a la prudencia diplomática, del otro lado de la frontera el lenguaje ya cambió. Hoy se habla de terrorismo, infiltración institucional, redes políticas de protección criminal y seguridad hemisférica.
Y cuando Estados Unidos cambia el lenguaje, normalmente también cambia la dimensión de sus decisiones.
Para cerrar y confirmar el punto de inflexión, vino la presentación de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas. Su contenido es contundente e inédito. México aparece no sólo como aliado necesario, sino como epicentro del problema que Estados Unidos decidió enfrentar con una lógica mucho más agresiva.
México todavía no termina de dimensionar que quizá ya cruzó el umbral hacia una etapa completamente distinta. Una donde el problema ya no es solamente el narcotráfico. El verdadero riesgo es que el país sea percibido internacionalmente como un Estado vulnerable frente a estructuras criminales capaces de influir de manera permanente en espacios de poder político.
Los efectos serían devastadores. Primero en lo económico, después en lo diplomático y finalmente en la confianza internacional hacia México. Porque cuando un país empieza a ser visto no sólo como víctima del crimen, sino como territorio donde el crimen puede condicionar decisiones de poder, el daño ya no se mide sólo en expedientes judiciales. Se mide en inversión que se detiene, acuerdos que se enfrían, fronteras que se endurecen y oportunidades que se pierden.