El INEGI acaba de publicar, el 26 de mayo, los datos sobre la ocupación del primer trimestre de 2026 en México. Donde se muestra que la tasa de informalidad laboral alcanzó el 54.8% entre las personas con empleo, lo que representa más de 32.6 millones de mexicanos que trabajan sin seguridad social ni acceso a prestaciones. Siendo 583 mil personas más en la informalidad laboral que hace un año. Además de chocar directamente con el discurso oficial sobre el bienestar y el empleo, esta cifra pone de manifiesto algo muchísimo más grave. Revela cómo la arquitectura fiscal en México desincentiva la formalidad y aprieta aún más a quienes ya están en el sistema.
El Paquete Económico 2026 tuvo como objetivo recaudar más impuestos sin agregar nuevos, sino fiscalizar mejor los ya existentes. El plan para esto consiste en endurecer aún más las sanciones para quienes ya figuran en la lista negra, restringir la operación con empresas categorizadas como inexistentes y fortalecer la vigilancia de los clientes y proveedores. La idea puede parecer hasta lógica: para recaudar más, basta con presionar aún más a quienes ya son contribuyentes. Los datos del INEGI muestran la otra parte de esta estrategia: las 604 mil personas más que pasaron a la informalidad, además de estados como Oaxaca, con una tasa de informalidad de 79.9%, Guerrero con una de 76.4%, y Chiapas con 75.3%. Entre más se presiona a quienes trabajan formalmente, más crece la informalidad en el país.
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No es solo teórico, la experiencia de otros países apunta en la dirección opuesta a la de la arquitectura fiscal mexicana. Brasil logró reducir su informalidad laboral del 51% en 2001 al 39% en 2011 mediante regímenes tributarios simplificados orientados a pequeños negocios, lo que permitió formalizar a más de medio millón de pequeños negocios. Uruguay, por su lado, logró reducir la informalidad del 40.7% en 2004 al 23.5% en 2014, y el número de trabajadores autónomos registrados y con seguridad social se incrementó cuatro veces. Lo que hicieron, a diferencia de lo ocurrido en México, fue reducir la carga tributaria de los contribuyentes, lo que facilitó el acceso al sistema tributario. Los trámites, los regímenes especiales simplificados para pequeños negocios y tener las reglas claras son la manera correcta, no al revés.
México está haciendo justamente lo contrario. El Régimen de Incorporación Fiscal, que es el mecanismo para que la gente que trabaja en la informalidad entre al sistema fiscal, fue eliminado en el 2022, fue reemplazado por el RESICO, el cual terminó siendo más complicado de utilizar y más pesado para quienes facturan poco. Además, la fiscalización empezó a tratar los errores comunes, como olvidar una factura o un trámite, con la misma fuerza con que trata a los evasores fiscales serios. Esto no hace más que mostrarle a la gente que trabaja en la informalidad que es muchísimo más simple y beneficioso quedarse en ella.
La gente no permanece trabajando en la informalidad por cuestión de gustos, sino por el alto costo, lo pesado de los trámites y la desconfianza en su gobierno y sus servicios públicos. La arquitectura fiscal que sí funciona en otros países es clara; reglas simples, incentivos para trabajar en la formalidad y la digitalización de los trámites para facilitar la tributación de los contribuyentes. En ningún país con una arquitectura tributaria exitosa se ha favorecido el endurecimiento de las sanciones como motor principal.
El gobierno actual presume cifras de inversión extranjera directa a niveles históricamente altos, además del incremento de la recaudación fiscal. Aunque ambas cifras son verdaderas, resultan incompletas al no mostrar cuántos mexicanos sí están dentro del sistema económico formal. El porcentaje de personas que trabajan en la formalidad no es un indicador más, sino que es el indicador que mide cuántas familias cuentan con un piso firme y cuántas no tienen quien las sostenga en un mal mes. Cada punto que se suma a la informalidad es una persona que produce, consume y sostiene al país día a día, pero que, aun así, no cuenta con ninguna protección por parte del país al que empuja. La reducción de la informalidad no es solo mejorar un indicador económico, sino medir cuántas familias pueden planificar su futuro y la seguridad de que todo estará bien.