La revisión del TMEC revela los costos de una década de decisiones ideológicas.
Ya en menos de tres semanas, en la Ciudad de México, comenzará una de las negociaciones más definitivas del sexenio de Sheinbaum. Formalmente, el 25 de mayo inicia la revisión bilateral entre México y Estados Unidos para encaminar la evaluación conjunta del TMEC, que se llevará a cabo el 1 de julio. Tan solo una parte del futuro económico del país en los próximos años dependerá del resultado de lo que se discuta.
El TMEC no es cualquier tratado internacional; es lo que sostiene alrededor del 30% de la economía de América del Norte y sobre lo que se sustenta el modelo de exportación mexicano. La industria automotriz, electrónica y agroalimentaria, y gran parte del empleo formal, dependen de las cláusulas que ahí se estipulan. La renovación del TMEC le daría a México estabilidad económica y previsibilidad para la inversión. No renovarlo, o renovarlo con términos que no favorezcan al país, llevaría, tarde o temprano, a un descenso de la actividad, a un menor crecimiento económico y a la subida de precios de la mayoría de los productos de consumo.
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El problema proviene de las listas de requisitos de los estadounidenses, que inciden directamente en la toma de decisiones y en la actual bandera política de Morena. Lo que desde Washington se pide es endurecer las reglas de origen, limitar la entrada de productos asiáticos (en especial los chinos) y, sobre todo, revertir los cambios constitucionales en el sector energético. En otras palabras, habrá que decidir si conservar el tratado comercial más importante para el país o seguir manteniendo el discurso de la soberanía energética y los planes para Pemex y la CFE. Ceder implicaría un grave costo político interno para Morena, pero no hacerlo implicaría un alto costo económico que pagarían todos los mexicanos.
Ah, esto: además, se tiene que considerar la incómoda posición en la que México llega a la mesa de negociación. Dado que más del 80% de las exportaciones de México tienen como destino los Estados Unidos, lo que deja a México sin capacidad para tomar represalias comerciales. Esto no es un problema nuevo; es una debilidad estructural que se ha arrastrado durante décadas, pero que en los últimos años no se ha querido o no se ha tenido la capacidad técnica para atenderla. Esta indecisión o falta de habilidad para diversificar el comercio exterior y fortalecer el mercado interno, a fin de eliminar la dependencia del crecimiento económico del país de las exportaciones, hace que, además de las habilidades diplomáticas, México llegue debilitado y con poco margen de negociación.
La pregunta en cuestión no es si Ebrard y su equipo tienen la capacidad técnica para mantener la negociación. La verdadera pregunta sería: ¿Cuáles de las decisiones más emblemáticas de este y el sexenio pasado están dispuestos a sacrificar con tal de mantener el tratado? Ya que en una negociación en la que tienes todo en tu contra, el resultado solo depende de la jerarquía de prioridades de quien firma aceptando.
Incluso Marcelo Ebrard ya empezó a intentar suavizar el golpe. De estar hablando de una eliminación total de aranceles a intentar “reducirlos lo más posible” y reconocer que “el libre comercio como lo conocíamos ya no va a regresar”. Este abrupto ajuste de expectativas en medio de las negociaciones es el principal indicador de la situación. Lo que sigue en estos dos meses es perder lo mínimo posible, reconocerlo a tiempo; más con resignación que con triunfalismo, y claramente, sin nostalgia por los “periodos neoliberales”, será lo necesario para evitar salir más golpeado de lo necesario.