Cuando la justicia se utiliza como herramienta política, deja de ser justicia y se convierte en mecanismo de presión. El caso de Maru Campos evidencia cómo ciertos personajes políticos son señalados y atacados públicamente, y otros parecen recibir un trato más cómodo desde el oficialismo.
El 19 de abril, un convoy que participaba en un operativo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, sufrió un accidente en el que murieron dos militares mexicanos y dos agentes estadounidenses. A partir de entonces surgió una ola de cuestionamientos contra el gobierno de Chihuahua por la presunta participación de agentes extranjeros en territorio nacional.
El contexto político alrededor de la gobernadora no es nuevo, aún así, logró ganar la elección y consolidar una administración que ha mantenido resultados en inversión y desarrollo económico para Chihuahua, posicionando al estado entre los más dinámicos del norte del país en generación de empleo y atracción de inversión extranjera.
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El contraste se volvió todavía más evidente el 29 de abril, cuando autoridades de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y la DEA, acusaron al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico y colaboración con el Cártel de Sinaloa. A diferencia de lo ocurrido en Chihuahua, donde rápidamente se generó una narrativa de presión política, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido públicamente en esperar pruebas antes de emitir juicios contra Rocha Moya.
En días recientes, la Fiscalía General de la República dio a conocer los citatorios relacionados con los casos de Maru Campos y Rubén Rocha, derivados tanto de las investigaciones por el operativo en Chihuahua como de los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra funcionarios sinaloenses. Ambos casos volvieron a colocar en el debate nacional temas como la soberanía, la intervención extranjera y la actuación de las instituciones frente a figuras políticas de alto nivel.
La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, enfrenta ahora el reto de demostrar que la justicia se aplica con el mismo criterio para todos. Porque si el argumento es la defensa de la soberanía nacional, cualquier señalamiento relacionado con intervención extranjera o presuntos vínculos criminales debería investigarse con la misma firmeza, independientemente del partido político involucrado.
En un país donde Morena mantiene una fuerte influencia política desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las decisiones de la Fiscalía inevitablemente serán observadas bajo una lupa política. El verdadero desafío institucional será demostrar que la ley no funciona como herramienta contra la oposición mientras se protege a quienes permanecen cercanos al partido gobernante.
El debate ya trascendió el ámbito local y se convirtió en un asunto de interés nacional e internacional. Por ello, las autoridades mexicanas enfrentan la responsabilidad de actuar con firmeza y sin distinciones políticas. En un momento en que la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra constantemente cuestionada, cualquier señal de selectividad o protección política podría profundizar aún más la percepción de inequidad en la aplicación de la justicia y la falta de autonomía de las instituciones encargadas de impartirla.