La política energética de México atraviesa un momento definitorio. El gas natural representa 45.5% del suministro total de energía del país, es el insumo dominante de la generación eléctrica y de cerca de 77.0% del consumo industrial. Sin embargo, el país produce internamente apenas 37.1% de lo que consume. La brecha no es coyuntural: es estructural y se agrava año tras año.
Entre 2018 y 2025, la producción nacional de Pemex cayó 16.0%, mientras el consumo creció 22.2% y las importaciones se dispararon 43.0%. En 2025, México importó 6 mil 890 mpcd, equivalente a 76.0% de su consumo total, con 96% proveniente de una sola fuente: Estados Unidos. Cabe recordar que la crisis invernal de Texas en febrero de 2021 ya mostró el costo de esa concentración: desabasto, apagones y sobrecostos que afectaron a millones de mexicanas y mexicanos.
Ante ello, en abril de 2026 la Secretaría de Energía (Sener) presentó la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, articulada en tres ejes: eficiencia energética, expansión de renovables y explotación de reservas de gas natural, incluyendo yacimientos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico (fracking). En mayo, la estrategia se complementó con el Plan de Gasoductos, una inversión de 140 mil 905 mdp hacia 2030 para infraestructura de distribución. No obstante, mientras se prioriza transportar gas importado, la inversión de Pemex en exploración y producción alcanzó en 2025 su nivel más bajo del periodo: 29 mil 318 mdp, es decir, 0.10% del PIB.
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México cuenta con reservas no convencionales estimadas por 141 mil 494 miles de mpcd, casi el doble del potencial convencional, concentradas en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro, en el noreste del país. Sin embargo, convertir ese potencial en producción real exige condiciones que hoy no están resueltas. Cada pozo de fracking demanda entre 10 mil y 30 mil metros cúbicos de agua, en zonas que ya registran estrés hídrico documentado. Pemex, por su parte, no cuenta con la capacidad tecnológica suficiente para operar este tipo de yacimientos de forma autónoma, lo que hace inevitable la participación privada bajo condiciones contractuales que todavía no han sido definidas.
El marco regulatorio tampoco está listo. El Reglamento de la Ley del Sector Hidrocarburos, publicado en octubre de 2025, habilita los instrumentos jurídicos para la exploración y extracción, pero no establece disposiciones específicas para el gas no convencional ni para el fracturamiento hidráulico. Esta omisión genera incertidumbre ambiental, contractual y fiscal, e impide evaluar con precisión la renta del Estado.
Sin una hoja de ruta con financiamiento sostenido y un marco regulatorio específico, la apuesta por el fracking corre el riesgo de operar bajo una lógica de promesas sin instrumentos sólidos. Ante la brecha energética, México necesita una estrategia que se convierta en una política pública con reglas claras, inversión sostenida y rendición de cuentas.
Katherine Olvera Juárez*
Investigadora en transición energética y medio ambiente
Estudiante de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizó su servicio social en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el área de Apoyo en el Desarrollo de Política del Sector Petrolero, donde participó en el análisis y sistematización de información para la formulación de propuestas en materia energética. Sus áreas de interés incluyen la macroeconomía y la economía conductual. Actualmente se desempeña como investigadora en temas de Energía y Medio Ambiente, con especial énfasis en la importancia de que la transición energética incorpore criterios de justicia y equidad social. Le interesa impulsar una política fiscal que promueva una transición energética orientada al desarrollo sostenible.