La protección y garantía de los derechos de las infancias es una tarea de todos los días. Reconocer la inversión que se realiza desde los sectores público y privado sería un gran regalo en el marco del día de la niñez. Más allá de la conmemoración, es oportuno analizar cómo es que el Estado asume la responsabilidad de velar por el interés superior de la niñez a través del presupuesto público.
En 2026, la inversión dirigida a las infancias en México asciende a 1.1 billones de pesos, equivalente a cerca del 10.8% del gasto federal. A partir de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración se incluyó, por primera vez, la idea de una “República de y para la niñez”. Este instrumento de planeación nacional, aunado al Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA) plantean objetivos orientados a garantizar derechos de las infancias y a reducir desigualdades.
La inversión en la niñez no se canaliza a través de un solo programa o institución, sino que se distribuye entre sectores como educación, salud y bienestar, y se ejecuta desde distintos órdenes de gobierno. Esta estructura permite atender diversas necesidades, pero también hace necesaria la estrecha vinculación entre los ejecutores del gasto, los instrumentos de planeación y el reconocimiento de las obligaciones del Estado.
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En los hechos, esa relación se construye a nivel de programas específicos, donde se definen metas, poblaciones objetivo e indicadores. No obstante, cuando se observa el gasto en su conjunto, esta vinculación pierde claridad. Actualmente, existen instancias del sector público presupuestario que, aunque ejecutan acciones en favor de la niñez, sus recursos no se reconocen en el Anexo 18, donde se visibilizan los recursos aprobados en el presupuesto público para niñas, niños y adolescentes. Esto no implica que las acciones e inversiones no existan, sino que requiere un análisis más detallado para poder identificarlas.
Además, el comportamiento del gasto muestra que su distribución no es uniforme ni por las necesidades de protección de sus derechos. Los principales programas presupuestarios que se identifican por mayores montos asignados en el anexo 18 refieren a programas que se destinan al pago de nómina educativa y becas de educación. Esta asignación refleja las prioridades de la política nacional, lo que reduce la atención a otros derechos como la identidad y una vida libre de violencia. Esto es un llamado a discutir cómo se distribuyen los recursos entre distintas funciones clave del desarrollo infantil.
A este panorama se suma un elemento clave en el desarrollo de las infancias: los hogares. Aunque la provisión de servicios para la niñez es una responsabilidad pública, en la práctica, muchas de estas funciones siguen dependiendo del tiempo y los recursos de las familias. El Estado, al concentrar los esfuerzos en transferencias monetarias y en beneficios indirectos a la población infantil, podría trasladar a los hogares su responsabilidad en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En este contexto, la conversación sobre la niñez no puede limitarse a cuánto se gasta sino en entender cómo se asignan los recursos, cómo se articulan con la planeación nacional y cómo se traducen en servicios efectivos. Solo así la inversión pública podrá acompañar de manera consistente los objetivos que el país se ha propuesto para su infancia y darles una digna celebración en este día. Lee la investigación completa en ciep.mx
* Sunny Arely Villa Juárez
Es doctora en políticas públicas; maestra en administración pública y política pública y licenciada en economía por la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con estudios sobre políticas públicas en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Georgetown. Se especializa en estudios del presupuesto y gasto público, economía de los cuidados, análisis de incidencia y prospectivos. Tiene experiencia en impulsar la Agenda 2030 a través de los datos abiertos y la participación ciudadana. Colaboró en el Centro Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en el Centro para el Desarrollo Regional y Nacional y otros organismos públicos. Es socia fundadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. y Directora asociada del departamento de economía del Tec de Monterrey, donde realiza investigación en economía de los cuidados con enfoque de primera infancia, género y finanzas públicas en favor de una sociedad mejor informada y más participativa en temas fiscales.