En México, el sistema educativo atiende a más de 34.3 millones de estudiantes en más de 262 mil escuelas. Detrás de esta estructura se encuentran 2.18 millones de docentes, cuya labor cotidiana permite que el sistema funcione en todos sus niveles. Sin embargo, más allá del reconocimiento simbólico, el papel del magisterio también debe analizarse desde la forma en que se organiza y financia la política educativa.
La mayor parte del personal docente se concentra en el sector público: 76.5% de las y los docentes trabajan en escuelas públicas, lo que refleja el papel central del Estado en la provisión educativa. Esto implica que las condiciones laborales, la carga de trabajo y las oportunidades de desarrollo profesional del magisterio dependen en gran medida de decisiones presupuestarias.
La docencia en México se concentra principalmente en la educación básica, donde se atiende a 23.4 millones de estudiantes con 1.24 millones de docentes distribuidos en más de 231 mil escuelas. Este nivel constituye la base del sistema educativo, pero también es donde se concentra la mayor presión operativa: grupos numerosos, limitaciones de infraestructura y heterogeneidad en las condiciones escolares.
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En promedio, el sistema educativo cuenta con 16 estudiantes por docente. No obstante, esta cifra oculta importantes desigualdades entre niveles y tipos de escuela. En educación básica y media superior públicas, la relación estudiante-docente suele ser más alta, lo que incrementa la carga laboral y limita la atención individualizada.
En los niveles medio superior y superior, los retos son distintos. Más de 423 mil docentes atienden a 5.5 millones de estudiantes en educación media superior, mientras que en educación superior 519 mil docentes sostienen la formación de un número similar de estudiantes. En estos niveles, además de la docencia, se suman funciones de investigación, vinculación y gestión, muchas veces sin un fortalecimiento proporcional de recursos.
Desde el punto de vista presupuestario, el gasto educativo no necesariamente se traduce en mejores condiciones para el magisterio. En 2025, el presupuesto educativo ascendió a 488 mil 922.7 millones de pesos, pero una parte importante se destinó a subsidios y transferencias, como becas, mientras que solo 17% se asignó a salarios (servicios personales).
Esta tendencia se refuerza en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, donde el crecimiento del gasto se concentra en transferencias, particularmente en educación básica, mientras que niveles como media superior y superior enfrentan reducciones reales. Como se ha documentado, este enfoque privilegia la cobertura vía apoyos directos, pero deja en segundo plano los componentes estructurales del sistema, incluidos quienes sostienen el proceso educativo: las y los docentes.
Reconocer al magisterio implica ir más allá de la conmemoración. Sin docentes suficientes, no hay cobertura; sin condiciones adecuadas, no hay calidad; y sin inversión sostenida, la carga del sistema recae desproporcionadamente en quienes están frente al aula. En este sentido, fortalecer al magisterio no es solo una cuestión laboral, sino una condición necesaria para la sostenibilidad del sistema educativo en su conjunto. Para leer las investigaciones elaboradas al respecto, se invita a visitar ciep.mx
Camila Itzel Lugo Porras*
Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se desempeñó como asistente de investigación en diversos proyectos académicos, participando en el procesamiento y análisis de datos cuantitativos y en la elaboración de modelos econométricos aplicados a temas de crecimiento, innovación y política pública. También colaboró como profesora adjunta en materias de estadística y de teoría económica. Participó en la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública y en la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde dio seguimiento a los indicadores macroeconómicos y al comportamiento del mercado de deuda para la elaboración de análisis técnicos. Actualmente se desempeña como investigadora en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en las áreas de salud y educación. Parte de la convicción de que la salud y la educación no son gasto, sino decisiones estratégicas de desarrollo.