El Gobierno de Estados Unidos ha hecho públicos diversos documentos estratégicos, tanto de su comunidad de inteligencia como de sus agencias militares y de procuración de justicia, que han alineado conceptual, política y estratégicamente la amenaza relacionada con el tráfico de estupefacientes, especialmente el fentanilo, pero también respecto a los cárteles de la droga, quienes ya son presentados como actores terroristas que representan una amenaza para la seguridad nacional de la nación americana.
Esto resulta muy importante porque se ha trazado una hoja de ruta muy clara desde que nueve de ellos fueron designados como Organizaciones Terroristas (FTO) durante la administración del presidente Donald Trump. Ahora, los cárteles entran plenamente como amenazas híbridas multidominio de actores no estatales y se han transformado de ser meramente actores criminales a organizaciones que controlan territorio, desafían a los Estados, usan la violencia como forma de coerción y, por supuesto, poseen capacidades paramilitares; emplean drones y explosivos, así como vigilancia e inteligencia de señales, pareciéndose más a insurgencias u organizaciones terroristas que poseen como objeto de valor para el comercio armas de destrucción masiva, como fue catalogado desde hace más de un año el fentanilo y algunos de sus derivados.
Los estadounidenses hablan incluso de una amenaza comparable a la proliferación y que debe ser catalogada como una amenaza que causa bajas masivas. Esto permite activar herramientas de contraterrorismo, contra proliferación, sanciones extraordinarias, así como capacidades ampliadas en materia financiera, militar y de inteligencia.
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Entonces, México, como país que alberga a estas organizaciones criminales, es objeto de la posibilidad de un escalamiento donde ahora plenamente se define y normaliza la legitimidad política de una intervención, preparándose la arquitectura legal y operacional para la respuesta a esta amenaza, que es exactamente lo que estamos viendo.
En las últimas semanas se ha definido una docena de documentos estratégicos, evaluaciones de amenaza, órdenes ejecutivas y estrategias nacionales por parte de la Casa Blanca, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, la DEA y otras agencias federales, como la 2026 Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community, la 2026 National Drug Control Strategy, la nueva U.S. Counterterrorism Strategy, la Orden Ejecutiva Designating Fentanyl as a Weapon of Mass Destruction y diversos documentos más del Tesoro y de la DEA, todos con un mismo eje: establecer el camino legal y estratégico para llevar a cabo acciones futuras, tanto cinéticas, como de cualquier índole.
Pero aquí también existe un elemento fundamental: el medio ambiente donde se genera el fenómeno, la política. Es entonces que el mensaje del presidente Donald Trump pasó de suponer que “México y Estados Unidos cooperan” a “si no pueden hacer el trabajo, nosotros lo haremos”. Esta declaración no puede ser tomada a la ligera y forma parte de la presión diplomática derivada, como todos sabemos, del listado de nueve personas que habrían sido señaladas de formar parte del Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rocha Moya. Estados Unidos parece convencido que mientras este ecosistema funcione y no sea tocado difícilmente existirá la posibilidad de que se reconfigure con el tiempo, tal como paso en Colombia, con los cárteles tradicionales, para Trump y el gobierno americano esta es una amenaza persistente necesaria de terminar.
El tiempo apremia para México, pues la Fiscalía General de la República —como lo hemos mencionado desde que se dieron a conocer estos hechos— necesita formalizar cargos en contra de los supuestos implicados. Al día de hoy no sabemos si la presión está relacionada con la necesidad de la entrega formal en extradición de los señalados o con otra coyuntura, como el tratado comercial que se encuentra en plena renegociación; lo que sí sabemos es que la disuasión y el escalamiento los tienen los estadounidenses para generar presiones, a pesar de los discursos de soberanía y principios de no intervención. ¿De verdad vamos a invocar estos preceptos para no procesar criminales?
Tal como pasó con la intervención en Venezuela ante la captura de Maduro, la misma lógica comienza a fomentarse de lado de nuestro país. Y si bien no parece existir una “intervención inmediata”, a este momento existe una gran variedad de herramientas de coerción y presión de las que pueden hacer uso. Pero los documentos advierten el andamiaje que permitirá futuras escaladas, así como las condiciones legales y doctrinales para hacerlo.
Moneda al aire: dos se entregan
Según información a la que pudo acceder esta columna, podemos advertir que existe la fundada presunción de que tanto Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado, se habrían entregado a las autoridades estadounidenses en especial al Departamento de Justicia para colaborar en el caso relacionado con la lista de los nueve funcionarios vinculados con Los Chapitos, donde su jefe, el gobernador Rocha Moya es sospechoso.
Parece inminente también la entrega de Iván Archivaldo Guzmán Salazar a las autoridades estadounidenses, dejando como líder total del cártel a “El Mayito Flaco”, dando paso a una nueva era.