Veinticinco años le tomó a México y a la Unión Europea actualizar un acuerdo que, durante ese tiempo, rindió menos de lo que prometía. El comercio bilateral creció, sí, pero México nunca logró convertir al mercado europeo en un destino real de diversificación: en 2025, las exportaciones mexicanas a la UE representaban apenas el 4% del total, frente al 80% que va hacia Estados Unidos. Que el 22 de mayo de 2026, en la VIII Cumbre México-UE celebrada en Ciudad de México, los dos bloques hayan firmado el Acuerdo Global Modernizado (AGM) y el Acuerdo Comercial Interino (ACI) es un hecho relevante. La pregunta más interesante no es qué dice el texto, sino si esta vez México está en condiciones de aprovecharlo.
El AGM actualiza los tres pilares de la relación —diálogo político, cooperación y comercio— e introduce por primera vez compromisos vinculantes en materia laboral, ambiental y de derechos humanos. Libera el 99% del comercio de bienes con especial apertura en agroalimentos, moderniza la protección de inversiones mediante un sistema arbitral internacional y protege 568 indicaciones geográficas, desde el champán y el jamón de Parma hasta el mango ataulfo y la vainilla de Papantla. Crea además diálogos sectoriales en salud, seguridad, migración, economía digital y energía. Su vigencia plena, sin embargo, requiere la ratificación del Parlamento Europeo, los 27 parlamentos nacionales de la UE y el Senado mexicano. El ACI existe para ese intervalo: activa los beneficios comerciales en cuanto el Parlamento Europeo y el Senado mexicano lo aprueben, sin esperar el ciclo completo —el mismo mecanismo que la UE empleó con el CETA canadiense—.
El potencial es real. En 2025, el comercio bilateral superó los 88 mil millones de dólares y la inversión europea representó el 24.2% de la IED que recibió el país. Las estimaciones disponibles ubican el potencial exportador adicional en unos 16 mil millones de dólares, y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior proyecta un crecimiento bilateral de hasta 35% en cinco años, con agroalimentos, automotriz y manufactura avanzada a la cabeza. Esos números son alcanzables, pero sólo con una condición que el texto del acuerdo no puede garantizar: que México decida en serio convertir a Europa en un mercado prioritario.
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El contexto geopolítico añade urgencia. La política arancelaria del segundo gobierno de Trump ha expuesto la vulnerabilidad estructural de México con una claridad que ningún argumento académico había logrado: depender de un solo socio en las proporciones que lo hace este país no es una estrategia, es un riesgo sistémico. La Unión Europea llega al acuerdo desde su propia redefinición: la guerra en Ucrania, la competencia china y el distanciamiento de Washington la han empujado a valorar socios confiables con capacidad productiva y marcos institucionales compartidos. La firma del 22 de mayo no es, en ese contexto, un gesto retórico; es el reposicionamiento de dos economías que convergen desde lógicas distintas hacia una misma conclusión.
La declaración conjunta reafirma el compromiso de ambas partes con el multilateralismo, la reforma de la OMC y los principios de la Carta de la ONU, convirtiendo al acuerdo también en una señal dirigida a Washington y Pekín. Pero los mensajes geopolíticos duran lo que tarda en abrirse la siguiente amenaza arancelaria o el siguiente conflicto. Lo que persiste es la estructura comercial, la capacidad exportadora, la inversión, y ahí México tiene trabajo pendiente: sus empresas no están preparadas para exportar a Europa en escala, su burocracia tiene que agilizarse para la certificación de estándares europeos y sus cadenas de valor siguen orientadas hacia el norte. El Acuerdo Global Modernizado abre una puerta que llevaba dos décadas entreabierta. Usarla depende de las decisiones y acciones de nuestro país.