A menos de dos años de la primera elección popular de integrantes del Poder Judicial, el gobierno federal ha reconocido la necesidad de ajustar las reglas del proceso tras los problemas operativos, técnicos y de legitimidad observados en 2025. La iniciativa anunciada ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum busca hacer más viable la elección judicial prevista originalmente para 2027, mejorar los perfiles de las y los candidatos e ir reduciendo la incertidumbre jurídica que el primer proceso ha generado.
El cambio más visible es el aplazamiento de la segunda elección judicial del 6 de junio de 2027 al 4 de junio de 2028. El argumento es evitar la complejidad de una elección concurrente con gubernaturas, congresos locales y alcaldías, lo que habría incrementado la presión logística y posiblemente reducido aún más la participación ciudadana dado que las casillas para la emisión de los votos serían distintas. La decisión no es menor si se considera que en la elección judicial de 2025 votó menos del 13% del padrón electoral, un dato que abrió cuestionamientos sobre el alcance social y la legitimidad del nuevo esquema.
La propuesta incorpora además una Comisión Coordinadora encargada de homologar metodologías y criterios de evaluación de los Comités de Evaluación de los tres Poderes. Con ello se busca corregir inconsistencias detectadas en el proceso anterior, cuando distintos actores señalaron que algunos comités aplicaron criterios flexibles para permitir candidaturas que no cumplían plenamente los requisitos establecidos. Entre los casos más discutidos estuvo la interpretación del promedio mínimo de 8, que en ciertas entidades permitió incorporar perfiles con calificaciones menores mediante mecanismos de promedio.
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Otro de los cambios relevantes es la reducción del número de candidatos. Los Comités de Evaluación sólo podrán seleccionar a cuatro aspirantes por cargo, tomando en cuenta conocimientos, competencias, antecedentes y buena fama pública. Posteriormente se realizará una insaculación pública para reducir la lista a dos candidatos finales por puesto. Más allá de la discusión política, la medida busca atender una de las principales críticas al proceso de 2025: la dificultad de los electores para conocer una oferta excesivamente amplia de perfiles.
La simplificación también alcanzará las boletas. Cada ciudadano podrá votar únicamente por un juez y un magistrado por especialidad, a diferencia del modelo anterior que permitía seleccionar varios perfiles en una misma categoría. Esto facilitaría el conteo de votos y podría fortalecer la certeza de los resultados.
La reforma incluye igualmente la capacitación permanente y obligatoria de jueces y magistrados. La medida parte de una preocupación relevante: que un sistema de elección por voto popular requiere mecanismos complementarios que garanticen estándares mínimos de preparación técnica para quienes ocuparán cargos jurisdiccionales.
Otro aspecto central es la homologación de criterios entre el ámbito federal y los estados. La elección pasada evidenció diferencias importantes en temas como paridad de género, requisitos académicos y alcances de las decisiones de los Comités de Evaluación. La intención es evitar interpretaciones dispares que generen incertidumbre jurídica o cuestionamientos sobre legalidad y acceso efectivo a la justicia.
También se propone que el conteo de votos se realice directamente en las casillas donde se emitieron los sufragios y no en juntas distritales o consejos generales, como ocurrió en 2025. Con ello se pretende fortalecer la transparencia y la confianza en los resultados. Además, se establece que las vacantes derivadas de muerte, renuncia o destitución de un juzgador permanecerán sin ocuparse hasta la siguiente elección, y se crean dos secciones dentro de la Suprema Corte para agilizar el desahogo de asuntos.
Finalmente, la iniciativa abre la posibilidad de que la elección judicial de 2028 coincida con la Revocación de Mandato, aunque todavía no queda claro si esto será obligatorio o solo una opción administrativa y presupuestal.
Las modificaciones anunciadas buscan corregir problemas operativos evidentes y fortalecer gradualmente la legitimidad del proceso. Sin embargo, el elefante en la sala sigue siendo la intervención directa de los partidos políticos y del crimen organizado en la elección de las personas juzgadoras. El debate de fondo ya no se limita a la viabilidad técnica de las elecciones judiciales, sino a la capacidad del nuevo modelo para generar confianza pública, preservar la independencia judicial y ofrecer certeza jurídica en el largo plazo.