Tres mitos marcaron el relato de Morena durante sus primeros años: que el pueblo siempre decidía, que su aprobación era a prueba de cualquier crítica y que tenían un poderoso e invencible aparato de movilización territorial. Pues bien, en las últimas tres semanas, los tres mitos han quedado cuando no destruidos, al menos fracturados.
El primero, cuando uno mira las recientes encuestas de Reforma y El Financiero que muestran que en el caso de la petición de extradición de Rubén Rocha, la mayor parte de la opinión pública no solo lo considera culpable (62%) sino que está a favor de su entrega a Estados Unidos (57% en Reforma, 49% en el Financiero). Los números son claros, solo que en esta ocasión el discurso presidencial no dice que el pueblo manda, ni que sean la mayorías las que marquen el rumbo, sino que son conceptos de legalidad, presunción de inocencia y hasta de reciprocidad, los que definen la actuación gubernamental.
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El segundo hueco en el discurso oficial es todavía más duro y se desprende del estudio de Lorena Becerra presentado en Latinus. Éste no solo muestra que la aprobación presidencial ya está lejos de los ochentas y setentas como presumían y que en realidad que se acerca a un 60-40 por ciento (a favor y en contra) en términos de apoyo popular; sino que muestra algo mucho peor: que el 68 por ciento de la gente piensa que las cosas se le están saliendo de control a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por si fuera poco, el fracaso de lo que se anunciaba como “la marcha más grande en la historia de Chihuahua”, y que terminó -por las razones que sean- en una concentración menor, terminó por poner en duda la capacidad de movilización de un partido que sin duda ha llenado -y llenará- el zócalo de la Ciudad de México en infinidad de ocasiones, pero que ha mostrado que no tiene la misma capacidad cuando se trata de hacer presencia en otra entidad.
Los tres golpes a los mitos de la narrativa oficial muestran que Morena y el gobierno federal pasan por un momento crítico; uno en el que quizá por primera vez desde su llegada al poder en 2018, enfrentan serios problemas para ganar la opinión pública. Las encuestas muestran que los intentos de control de la narrativa ya no son suficientes y que incluso en temas que antes sonaban ganadores, como la defensa de la soberanía, hay un desgaste.
Y mientras más se muestre el gobierno como reacio a actuar contra políticos acusados de narcos, más difícil será mantener el discurso oficial. Es evidente que ya ni Cortés (Hernán, no Marko), ni Calderón, ni Aguilar Camín, ni García Luna le sirven al gobierno cuando los Rocha y compañía están todos los días en la conversación cotidiana.
Incluso, hay algunas señales de que algunos medios y periodistas han ajustado sus líneas editoriales y no solo muestran una derrota en la opinión pública, sino también entre la opinión publicada, pues hasta voces cercanas empiezan a cuestionar la respuesta oficial, con malabares y cuidados, sí, pero con reproches hacia la inacción.
Frente a esta crisis, la nueva dirigente de Morena se reunió con su aparato de propaganda en redes (los influencers de las mañaneras) para tratar de reavivar la defensa de su causa, pero muy pronto descubrirá que no se puede comunicar lo que no existe, que mientras no se entregue a los acusados no funcionará ningún discurso de combate a la impunidad, y que los daños que está crisis está causando en los mitos morenistas no se van a curar solo porque pretendan llenar las redes con voceros afines a la Cuarta Transformación.
