Mucho se habla sobre la corrupción en los cuerpos policíacos en nuestro país a nivel municipal y estatal –aunque las fuerzas federales tampoco escapan a esta realidad–, también preocupa la falta de capacitación y de equipo que los coloca en una posición de desventaja frente a la delincuencia y más aún frente al crimen organizado, o de la necesidad de incrementar el número de policías, contar con rigurosos controles de confianza y mecanismos de evaluación, así como de fortalecer la coordinación entre las corporaciones en los distintos niveles de gobierno como elementos indispensables para enfrentar la inseguridad y violencia que azota a amplios sectores de la población en gran parte del territorio nacional.
Sin embargo, pocas veces se repara en las precarias condiciones laborales en que las y los elementos de las instituciones de seguridad realizan su trabajo muchas veces incluso exponiendo sus vidas, y ello va más allá de la capacitación, armamento, vehículos o hasta uniformes con que cuenten, sino del factor humano y la desprotección institucional para ellos y sus familias. ¿Cómo pretender que un policía mal pagado que lo obligan a cubrir turnos excesivos y sin prestaciones sociales o cuando menos la tranquilidad de que sus seres queridos recibirán apoyo en caso de alguna fatalidad, se arriesgue para cuidar a la sociedad? Partamos de que en ninguna circunstancia es fácil rechazar los ofrecimientos y/o amenazas de los grupos criminales –disyuntiva que frecuentemente tienen que enfrentar sobre todo en zonas dominadas por la delincuencia organizada, y que se resume en plata o plomo–, pero se vuelve mucho más difícil cuando prácticamente son abandonados a su suerte.
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Por ello es tan importante el informe que recientemente presentó la organización México Evalúa “Policía desprotegida. Ruta para la dignificación laboral”, en el cual se describe la preocupante realidad laboral de las y los policías municipales que son quienes tienen mayor cercanía con la población y el pulso de lo que sucede en una comunidad, además de que constituyen el primer punto de contacto con el sistema de justicia lo que, conforme a este documento, los convierte en actores clave para la prevención y contención del delito.
Los datos que arroja son muy reveladores, 30% de quienes forman parte de las policías municipales gana entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales, 27.3% entre 5 y 10 mil pesos, 9.6% gana menos de 5 mil pesos e incluso 2.2% trabaja sin paga, y solo el 5.4% llega a ganar entre 20 y 25 mil pesos. Es decir, alrededor del 38% no perciben siquiera el salario mínimo y casi al 12% no les alcanza para llevar a sus hogares lo indispensable para vivir. A ello hay que sumarle que la mayoría no cuenta con seguridad social, de cada cinco policías cuatro no gozan de servicios de salud gratuitos. Solo 26% tiene derecho a retiro o jubilación; 25.7% a atención psicológica; 8.3% a guarderías; 7.6% a crédito para vivienda y apenas el 51.6% cuenta con seguro de vida.
El diagnóstico es claro, el primer paso para dignificar y profesionalizar el trabajo policial, consiste en darles un trato humano, reconocer lo demandante de su responsabilidad y el riesgo que corren, y otorgarles condiciones salariales justas, en muchos casos formalizar la relación laboral y garantizarles un paquete básico de prestaciones que incluya acceso a servicios de salud, seguro de vida y crédito para vivienda. Si no protegemos a quienes nos deben proteger, es evidente lo que podemos esperar como sociedad.