El informe que publicó el lunes la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre las desapariciones en México, coincide con lo señalado recientemente por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU –quien incluso solicitó que ante la preocupante situación el caso de nuestro país sea llevado con carácter de urgente a la Asamblea General de Naciones Unidas–, y también con lo reportado de tiempo atrás por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, activistas y familias buscadoras, sobre el drama que se está viviendo debido a las más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas de acuerdo con cifras oficiales, así como los 70 mil cuerpos no identificados. Por más que se pretenda restarle gravedad a lo que está sucediendo, lamentablemente la preocupante realidad termina por imponerse.
Este informe de la CIDH es contundente respecto a que la desaparición de personas es generalizada pues no se circunscribe a una sola entidad federativa –aunque existen altas concentraciones del fenómeno en Jalisco, Estado de México y Jalisco, Sinaloa–, representa una grave crisis de derechos humanos, que si bien son cometidas en contextos de violencia por el crimen organizado cuyos mercados ilegales han crecido y se han diversificado mediante su presencia armada, la participación de agentes estatales no ha sido erradicada. De hecho, sostiene que en algunos periodos recientes, la distribución de las autorías en algunas entidades federativas es casi la misma entre agentes estatales y no estatales.
También destaca que si bien se valoran los avances institucionales y normativos que se han impulsado en los últimos años, sobre todo en materia de búsqueda, persisten los desafíos estructurales que comprometen seriamente las obligaciones internacionales de prevención, investigación, sanción y reparación.
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Otro dato que llama la atención, es que el universo de desapariciones agrupa una multiplicidad de perfiles que incluye a niños reclutados como halcones o sicarios, mujeres y niñas, víctimas de violencia de género como trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado, personas migrantes, personas víctimas de odio por su orientación sexual o identidad de género, así como periodistas por el ejercicio de su labor informativa y personas defensoras de derechos humanos por buscar a sus familiares o denunciar abusos en sus comunidades.
Entre las personas menores de 17 años se registran 18,192 desapariciones a agosto de 2025, de las cuales más de la mitad son mujeres. En este caso, la mayor concentración de las 29,503 mujeres desaparecidas se ubica en el rango de 15-19 años, que suelen ser captadas mediante engaños afectivos (grooming) a través de redes sociales, videojuegos o aplicaciones móviles, con lo que las aíslan emocionalmente de sus redes familiares facilitando su sometimiento. También menciona que algunas de estas mujeres son obligadas a realizar tareas domésticas para grupos criminales, mientras que otras son víctimas de adopciones ilegales o explotación económica.
Este informe es otro retrato de la tragedia que se vive en nuestro país, por lo que diversas organizaciones de familiares de personas desaparecidas y defensoras de derechos humanos, o especialistas como Juan Martín Pérez, Mariclaire Acosta, Elena Azaola, Michael Chamberlin y Diana Iris García, hacen un llamado para que se eviten interpretaciones que minimicen las conclusiones de los informes, o que se presenten los avances como eximentes de responsabilidad frente a la impunidad persistente.