El anuncio lo hizo la presidenta Claudia Sheinbaum. Cada semana se realizará un programa especial para exhibir mentiras. Será coordinado por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde. El objetivo principal —dijo— será exponer de manera puntual las noticias falsas, mostrar la información correcta y presentar elementos que permitan contrastar los datos difundidos públicamente.
La decisión de la primera mandataria es firme. Tiene el poder, los medios y los recursos para conducir la estrategia de comunicación del gobierno federal en términos de la mayor conveniencia para su proyecto de Nación. Además, no está incumpliendo ninguno de los preceptos legales que surgen de la Constitución. Tampoco debería haber motivos de preocupación para nadie, mucho menos para los opositores.
De acuerdo con la opinión de algunos especialistas y líderes de opinión, se trata de una acción que busca hacer frente a la disminución de sus niveles de popularidad y aprobación. Otros, la consideran una medida que pretende “deslegitimar” el trabajo periodístico y restringir la libertad de expresión que tenemos en nuestro país.
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Ante tales circunstancias, es necesario reiterarlo: la mentira política ha existido siempre, en todas las épocas, en todos los regímenes, en todas las ideologías. La razón es obvia. La mentira es una de las características naturales del ser humano. Por eso, se miente por sobrevivencia, como mecanismo de defensa o como instrumento de ataque en cualquier situación en la que se lucha por el poder.
En democracia, la mentira es rechazada por razones éticas y jurídicas absolutamente justificadas. Una de ellas es la justicia. Otra, el derecho a la información. Sin embargo, los amplios márgenes de libertad que también defiende facilitan que la creación de noticias falsas se vuelvan difíciles de contener. Tan es así que la costumbre de mentir ha derivado en una normalidad que resulta disfuncional e inaceptable.
Aún más. El impacto de la mentira política ha sido tan profundo que hoy el contexto político y mediático está marcado por el fenómeno conocido como la posverdad. Sus características —basadas en procesos de desinformación— pueden resultar tan efectivas que han derivado en procesos sofisticados de engaño y manipulación sin precedente.
No hay duda de que el nuevo programa semanal de la presidenta Sheinbaum surge a partir de estas consideraciones, aunque nunca se reconozcan de manera explícita. También que sus justificaciones y propósitos son propagandísticos. Se trata, por lo tanto, de otra acción táctica para imponer agenda y reaccionar contra sus adversarios en uno de los momentos más complejos de su administración.
En el mismo sentido, los argumentos que dio la Jefa del Ejecutivo para justificar su proyecto no se contraponen con el derecho que toda la gente tiene a decidir qué ver, qué escuchar, qué leer, en quién confiar y a quiénes seguir en las redes sociales. Por el contrario, forman parte del debate público, de la búsqueda de legitimidad y de la lucha por los espacios de poder en el marco de las Elecciones 2027.
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En consecuencia, estamos viendo sólo un ajuste de poca relevancia dentro de la estrategia de comunicación del gobierno. Claro que no se trata de un instrumento para erigirse en un “juez de la verdad”. Tampoco en un frente para proteger y defender el derecho a la información. Es, simplemente, otra herramienta mediática para llamar la atención de la ciudadanía con el fin de promover la polarización y participar en el debate público.
Para comprender mejor el nuevo proyecto comunicacional de la presidenta, asumamos que la publicidad y la propaganda no tienen a la verdad como su componente principal y que, en mayor o menor medida, muchos políticos mienten. Así lo entiende la mayoría de la gente y lo confirman, desde hace décadas, diversas investigaciones científicas. También los estudios de opinión serios y profesionales.
Recomendación editorial: Domingo Antonio Ramos Prieto. Antología de la mentira y mentiras antológicas. España: Universo de Letras, 2023.
