En la costa de Chiapas, entre manglares, esteros y caminos de arena que desembocan en el Pacífico, se encuentra San José El Hueyate, una pequeña comunidad pesquera del municipio de Mazatán que durante años pasó inadvertida para el resto del país. Hoy, ese nombre aparece ligado a una de las crisis humanitarias más dolorosas y silenciosas de México: las desapariciones masivas de migrantes en las rutas marítimas del sur.
La Barra de San José, donde se ubica este poblado, es una de las entradas naturales a la Reserva de la Biosfera La Encrucijada que, como advierte su nombre, forma un laberinto de canales, lagunas y manglares habitado por cocodrilos y caimanes. En años recientes, la zona se convirtió en una ruta utilizada por grupos dedicados al tráfico de migrantes. A medida que los caminos terrestres se volvieron más vigilados y peligrosos, los traficantes de personas comenzaron a abrir rutas clandestinas por el océano Pacífico.
Fue así como este pequeño poblado costero se convirtió en un punto de salida para embarcaciones que prometían llevar migrantes hacia Oaxaca y después al norte del país. Las lanchas partían de noche, cargadas con hombres, mujeres y niños procedentes de Cuba, Honduras, Ecuador, República Dominicana, Venezuela y otros países. Muchos habían vendido todo para pagar el viaje; otros escapaban de la pobreza, la violencia o de regímenes autoritarios. Todos perseguían la posibilidad de una vida distinta en Estados Unidos.
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El caso que colocó a San José El Hueyate en el centro de la atención internacional ocurrió entre el 18 y el 21 de diciembre de 2024, cuando desapareció un grupo de 40 migrantes que había abordado varias lanchas en esa comunidad. Beatriz Guillén, corresponsal del diario El País, reconstruyó por primera vez la historia en el reportaje “Anatomía de una desaparición masiva en México: ‘Mamá, caí en manos de la mafia’”. La investigación reveló los últimos mensajes enviados por los migrantes, las llamadas desesperadas a sus familias y el silencio posterior que se extendió durante meses.
A partir de esa publicación comenzaron a surgir nuevos casos. Familias de Ecuador y República Dominicana reconocieron el mismo patrón: grupos enteros desaparecidos tras abordar lanchas en la costa chiapaneca. Después aparecieron denuncias de migrantes hondureños y venezolanos. El número creció hasta alcanzar al menos 83 personas desaparecidas entre septiembre y diciembre de 2024.
Las investigaciones periodísticas describen un mecanismo casi idéntico en todos los casos. El costo del viaje era de 900 dólares (unos 16 mil pesos, en promedio). Los migrantes eran concentrados en casas de seguridad en Tapachula o en comunidades cercanas. Luego eran trasladados hasta San José El Hueyate o Puerto Madero, donde abordaban embarcaciones conducidas por presuntos traficantes de personas. Después, simplemente desaparecían. Los teléfonos dejaban de emitir señal mar adentro y nunca más se volvía a saber de ellos.
Con el tiempo, el pueblo comenzó a ser mencionado como un territorio bajo control del crimen organizado. Testimonios recogidos por periodistas y organizaciones civiles apuntan a la presencia de redes de trata de personas vinculadas a grupos criminales que operan en la frontera sur. La disputa entre cárteles convirtió las rutas marítimas en espacios de enorme riesgo para los migrantes.
Uno de los relatos más inquietantes es el de Kevin, un joven salvadoreño considerado el único sobreviviente conocido de una de las travesías. De acuerdo al reportaje que publicó Guillén en El País (22 de abril 2026), Kevin afirmó que sobrevivió al naufragio de una lancha que transportaba a decenas de personas. La familia de su novia, Yosselyn Guerrero, todavía sin localizar, apunta a que forma parte de una red de trata.
San José El Hueyate es “el punto clave, ahí se esconde una verdad…, pero la gente no habla, tiene miedo”, dijo Óscar Hernández, hermano de Ricardo, el hondureño desaparecido el 21 de diciembre de 2024 junto con un grupo de 40 migrantes.
Óscar es uno de los siete familiares, apoyados por la Brigada Internacional de Búsqueda Tejiendo Rutas, que llegaron a México a principios de este mes. El 10 de mayo –fecha en que se celebró el Día de la Madre– recorrieron albergues de Tapachula y las calles de San José El Hueyate cargando fotografías y pegando fichas de búsqueda en postes, tiendas y embarcaderos. Algunos navegaron por los esteros tratando de reconstruir el último trayecto de sus familiares.
Alicia Santos, Isis Pérez, Elizabeth Guevara, Margarita Bravo y Lázara Fernández llegaron de Cuba; José Quindil de Ecuador y Óscar Hernández de Honduras. Ellos integraron el grupo que, en diez días, recorrió la Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Paredón,Tapachula, Mazatán y San José El Hueyate, en busca de pistas sobre el paradero de sus familiares.
La Fiscalía de Inmigrantes de Chiapas reveló que únicamente existen reportes y búsquedas de siete personas desaparecidas, los mismos que fueron emitidos en diciembre de 2025, a raíz de las denuncias publicadas en El País. En esa ocasión, además, reconoció que en esa región costera operan grupos del crimen organizado relacionados con el tráfico de migrantes.
Las principales interrogantes de las familias se centran en las acciones emprendidas por las autoridades para localizar a los desaparecidos y en el paradero de Ángel García Hernández, identificado como el traficante de personas que habría ofrecido trasladar a los migrantes por tierra desde Tapachula hacia el centro del país a cambio de 900 dólares.
Además, los familiares pidieron información sobre Miltón Sepúlveda, señalado de haber extorsionado a las familias horas después de la desaparición, exigiendo 2 mil 500 dólares por cada migrante con la promesa de “sacarlos de donde estaban recluidos”. Según las madres cubanas, el hombre aseguró tener una lista de 40 migrantes desaparecidos.
De hecho, las primeras denuncias sobre la desaparición de estas personas, se hicieron en enero de 2025; sin embargo, no hubo avances en las fiscalías mexicanas. “Nos gustaría que la Fiscalía hubiera hecho más antes de que nosotros llegáramos”, dijo Margarita Bravo. “Les dimos la suficiente información para que buscaran y no lo hicieron”, añadió Isis Pérez. “Que nosotros tengamos que estar aquí para buscar a nuestros hijos significa que las autoridades no han hecho su trabajo”, remató Alicia Santos.