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Comuneros de Chiapas enfrentan al crimen organizado

El municipio indígena de Nicolás Ruiz, Chiapas, reactivó sus guardias comunitarias y se declaró en “alerta máxima” tras el ataque armado perpetrado por un grupo del crimen organizado el pasado viernes 24 de abril. | Ricardo del Muro

Escrito en OPINIÓN el

El municipio indígena de Nicolás Ruiz, ubicado en la región central de Chiapas,  aproximadamente a 89 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, reactivó sus guardias comunitarias y se declaró en “alerta máxima” tras el ataque armado perpetrado por un grupo del crimen organizado el pasado viernes 24 de abril. El saldo fue de cuatro personas fallecidas –dos campesinos y dos presuntos sicarios–, un comunero secuestrado (Ángel Jiménez López) y ocho personas heridas. 

Al día siguiente, el fiscal general del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó mediante un video sobre “un enfrentamiento entre pobladores y un grupo civil armado” en los municipios de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza. Declaró que se había desplegado un operativo con más de 200 policías y se había logrado controlar la situación. 

Sin embargo, a dos semanas de los hechos, las autoridades de Chiapas no han reportado avances sobre las investigaciones en torno a la presencia en esa zona de grupos del crimen organizado ni sobre la identidad de los dos presuntos sicarios abatidos, cuyos cuerpos quedaron dentro de dos vehículos quemados. 

El caso parece haber desaparecido de la agenda oficial del gobierno estatal. Ángel Jiménez López continúa desaparecido y las autoridades no han informado avances sobre su localización ni sobre el grupo criminal vinculado con los hechos violentos en esa región.  

Ante esta situación, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU emitió una demanda de Acción Urgente al Estado mexicano por la desaparición del comunero indígena. 

De acuerdo con un boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la Acción Urgente 2316/ 2026 fue enviada el primero de mayo de 2026. El CED pidió al gobierno mexicano implementar de inmediato acciones de búsqueda y localización, además de fortalecer las investigaciones bajo un enfoque integral y coordinado. El organismo fijó como fecha límite el 15 de mayo de 2026 para que el Estado mexicano informe sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de esta acción urgente.

Otra persona desaparecida desde el 24 de abril es Francisco Javier Nuriulu Suchiapa, de 32 años de edad, visto por última vez en la comunidad Vicente Guerrero, municipio de Venustiano Carranza, según informó el Frayba

En municipios como Venustiano Carranza, Teopisca, Amatenango del Valle, Acala y Villa Las Rosas, se han documentado al menos 22 desapariciones recientes, en un contexto marcado por la presencia de grupos armados y la presunta tolerancia de autoridades, señaló el organismo.

El caso de Ángel Jiménez López ejemplifica la “grave situación de seguridad en la zona” y las desapariciones forzadas en Chiapas. El Frayba advirtió que esta situación forma parte de un problema nacional que llevó al CED, en abril de 2026, a solicitar al secretario general de la ONU llevar el tema de las desapariciones en México a la Asamblea General.   

Lo ocurrido en Nicolás Ruiz revela la fragilidad institucional del Estado en regiones rurales donde comunidades enteras sienten que deben organizar su propia defensa. En muchas zonas de Chiapas, la autoridad formal ha sido desplazada por retenes comunitarios, grupos armados locales o redes criminales que disputan el control territorial.

Hasta 1994, Nicolás Ruiz, en contraste con sus vecinos de Venustiano Carranza, era considerado un municipio “pacífico” y con un respaldo casi unánime al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Tras el levantamiento zapatista, de acuerdo con los estudios de la socióloga Inés Castro Apreza, la Asamblea de Comuneros decidió respaldar al PRD, mientras parte de la población se incorporó a las bases de apoyo del EZLN

El PRD gobernó el municipio entre 1995 y 2015. Ese año, la Asamblea de Comuneros apoyó al PVEM, entonces en el gobierno estatal, pero el proceso electoral derivó en conflictos y el Congreso de Chiapas nombró concejos municipales que permanecieron hasta 2021. 

En 2024 fue electo presidente municipal Audelio Jiménez Gómez, postulado por Morena. Ese mismo año, se organizaron guardias comunitarias para impedir el ingreso de grupos criminales y traficantes de personas.

En este contexto, sucedieron los hechos violentos del 24 de abril.  “Nos agarraron desprevenidos”, reconoció el alcalde.  De acuerdo con el reporte del Frayba, un grupo armado a bordo de camionetas entró al municipio y, tras ser interceptado policías municipales, asesinó a los comuneros José Alfredo Jiménez López y Luis Ángel Ramírez, en tanto que Romeo López Pérez y Raquel López Díaz resultaron heridos, y secuestraron a Ángel Jiménez López. 

Los agresores huyeron hacia una comunidad vecina de Venustiano Carranza, donde encontraron un bloqueo carretero. Según los reportes, campesinos los enfrentaron y el saldo fue de dos vehículos incendiados; en uno de ellos se encontraron dos cuerpos calcinados. Después de esos hechos, las guardias comunitarias reactivaron la “alerta máxima”.

Desde noviembre de 2023, el EZLN había advertido sobre el deterioro de la seguridad en Chiapas y anunció el cierre de sus 16 caracoles y la desaparición de 43 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), al denunciar el avance del crimen organizado en la entidad. 

Comunidades ubicadas en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque –dentro de la zona de influencia zapatista– fueron señaladas por la presencia y disputa de grupos criminales. En esas regiones se documentaron bloqueos carreteros, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado y enfrentamientos armados

Tras el relevo en el gobierno estatal y la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), se reforzó la seguridad en las principales carreteras y ciudades, principalmente en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Comitán, además de la zona fronteriza (Comalapa) y en la región de la frailesca.

Hasta ahora, el EZLN no ha anunciando la reapertura de los Caracoles a visitantes, organizaciones o actividades permanentes. Aunque en 2025 se realizaron encuentros selectivos y eventos políticos en algunos territorios zapatistas, como el Caracol de Morelia, el acceso externo continúa restringido y bajo control comunitario.

Ricardo del Muro 

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