Rubén Rocha Moya podría convertirse en el primer gobernador del régimen morenista en ser desaforado. Ante la presión política, solicitó de manera temporal separarse del cargo, pero su destino se definirá en un plazo máximo de 60 días; tal vez más o tal vez menos, aunque, como sentencia el refrán, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague.
Hace cinco años, la Cámara de Diputados aprobó retirar el fuero al entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para que pudiera ser procesado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de una acusación de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el procedimiento no prosperó y derivó en una disputa constitucional.
El Congreso de Tamaulipas rechazó homologar el desafuero y la Suprema Corte resolvió que el mandatario conservaba inmunidad mientras permaneciera en funciones, por lo que Cabeza de Vaca concluyó su mandato sin ser separado del cargo.
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Ahora, frente al caso de Rocha Moya, cualquiera que sea el desenlace, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta el dilema de desafiar a Estados Unidos o arrestar a un aliado, como destacó The New York Times. Aunque Rocha presume ser “hermano” de Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en una figura incómoda no sólo para Morena, sino también para el futuro de la relación entre México y Estados Unidos.
Para Washington, este asunto representa un ejemplo de la penetración del crimen organizado en las estructuras del poder político regional. Para el gobierno mexicano, en cambio, amenaza con transformarse en un conflicto diplomático en vísperas de la renegociación del TMEC, donde Estados Unidos buscaría imponer nuevas condiciones vinculadas a seguridad, combate al tráfico de fentanilo y depuración de redes criminales protegidas desde el poder político.
Las acusaciones de fiscales estadounidenses contra Rocha y otros nueve funcionarios y exfuncionarios –presuntos integrantes de una red de protección al cártel de Sinaloa– fueron difundidas el 29 de abril por The New York Times.
La publicación apareció una semana después del mensaje emitido en Sinaloa por el embajador estadounidense Ronald Johnson, centrado en el combate a la corrupción y a los llamados “narcopolíticos”, anticipando que la cooperación bilateral comenzaría a evaluarse también desde la óptica de seguridad.
Durante el discurso, pronunciado con motivo de una inversión de 3 mil 300 millones de dólares en el proyecto Pacífico Mexinol –considerada la planta de producción de metanol de bajas emisiones más grande del mundo–, Johnson advirtió que “el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción”. Sin estas condiciones, sostuvo, será difícil garantizar nuevas inversiones y fortalecer la integración económica entre México y Estados Unidos.
El mensaje fue interpretado como una señal de que Washington busca vincular cada vez más la cooperación económica y la revisión del TMEC con resultados concretos en materia de seguridad, combate al narcotráfico y depuración de redes de corrupción política.
Antes de concluir su mensaje, el embajador Johnson advirtió: “Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos”. La frase sonó casi premonitoria: seis días después se difundieron las acusaciones contra Rocha y otros nueve funcionarios.
El escenario coloca al gobierno morenista en una posición delicada. Por un lado, aceptar una eventual extradición podría provocar tensiones internas dentro del sistema político mexicano. Por otro, rechazarla correría el riesgo de escalar el conflicto con Estados Unidos, que podría recurrir a mecanismos de presión como el TMEC o incluso ampliar las investigaciones contra otros funcionarios.
Durante los años del presidencialismo priísta –especialmente entre 1930 y 1970– se utilizó con frecuencia la figura de la desaparición de poderes, contemplada en el artículo 76 de la Constitución y reglamentado hasta 1978, para remover a gobernadores incómodos, que abusaban de su poder o incapaces de resolver crisis políticas en sus estados.
A partir del gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) el mecanismo fue sustituido gradualmente por presiones políticas destinadas a forzar licencias “por enfermedad” o renuncias negociadas para evitar confrontaciones mayores en las entidades.
Sin embargo, el control presidencial sobre los gobernadores comenzó a erosionarse durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000). Episodios como la resistencia de Roberto Madrazo a dejar el gobierno de Tabasco en 1994, así como la ruptura de Ricardo Monreal con el PRI en 1998 tras no obtener la candidatura al gobierno de Zacatecas, evidenciaron el debilitamiento del viejo modelo de disciplina presidencial.
Durante el gobierno de Vicente Fox destacó el caso de Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo y uno de los primeros en ser acusados de tener vínculos con el narcotráfico. A pesar de las denuncias en su contra, conservó el fuero hasta dos días antes de concluir su mandato, el 5 de abril de 1999, cuando desapareció. Fue capturado el 25 de mayo de 2001 y posteriormente extraditado a Estados Unidos.
En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) sobresalió el caso de Tomás Yarrington, gobernador de Tamaulipas, acusado en 2012 por autoridades estadounidenses de colaborar con grupos de narcotraficantes. Tras permanecer prófugo durante casi cinco años, fue detenido el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) también fueron relevantes los casos de Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), César Duarte (Chihuahua), Guillermo Padrés (Sonora) y Rodrigo Medina (Nuevo León), encarcelados por presuntos delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
La próxima revisión del TMEC podría convertirse en un mecanismo de presión política. Para Estados Unidos, el combate al narcotráfico dejó de ser un asunto de seguridad fronteriza: ahora también se relaciona con certidumbre económica, inversiones y estabilidad regional. En esa lógica, los gobiernos estatales señalados por tolerar o proteger estructuras criminales podrían convertirse en un factor de riesgo para la relación comercial entre ambos países.