Entre 1955 y 1956, el escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa escribió una novela, “El Gatopardo”, la cual no alcanzó a ver publicada ni a conocer su destino y el impacto que tendría, no solamente en la literatura sino en la política, debido a su muerte en 1957. La obra cuenta las peripecias de una familia siciliana que, tras una serie de conflictos políticos, es expulsada del poder; aunque en el fondo muchas de esas estructuras de autoridad y dominación continuaron vigentes bajo un manto aparentemente democrático y de cambio. Con el paso del tiempo y aunado al éxito de la obra, el término gatopardismo fue acuñado y pasó de la literatura al análisis político para describir cómo, a pesar de aparentes cambios en la dinámica política y social, las clases dirigentes, el poder político y el económico siguen controlando buena parte del espectro social y los pequeños cambios son puestos continuamente en duda ante la realidad cotidiana.
El segundo piso de la cuarta transformación (2P4T), es una de las formas en las que se ha nombrado al gobierno actual de Claudia Sheinbaum Pardo, como continuación del gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador y que se autodenominó precisamente como el gobierno de la cuarta transformación (4T). Dicha denominación surge como referencia a episodios de nuestro país como la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, y se piensa al actual como otro momento importante en la historia de México puesto que, en su ascenso, se autoproclamó como un cuarto pilar en la historia del país. Sin embargo, a la luz de este segundo periodo del mismo partido, muchas de las políticas que se han venido estableciendo resultan insuficientes y cada vez son más cuestionadas por sectores sociales que en su momento lo llegaron a considerar como una opción ante décadas de violencia, despojo y desigualdad tanto de los gobiernos priistas como panistas y de un largo y doloroso siglo XX, e inicios del XXI con una enorme desigualdad a cuestas.
En ese sentido, conviene hacer un breve recuento de algunas de las políticas que han causado cuestionamientos y dudas en sectores sociales y movimientos que abogan por cambios más profundos. Primeramente, en las últimas semanas, el tema del fracking se ha vuelto a posicionar como parte de la agenda pública debido al interés del gobierno mexicano de impulsar nuevamente esta forma de extracción de hidrocarburos (gas natural y petróleo) pero que en el pasado ya fue desechada tanto por los impactos ambientales y a las comunidades en donde este se realiza, así como por los mismos actores que ahora abogan por un uso “sustentable” del mismo. Así, años de investigación y evidencia de las repercusiones de esta forma de extractivismo pretenden ser echados por la borda a partir de un discurso de fracking sustentable y del apoyo de un grupo de supuestos expertos, científicos y autoridades de las principales instituciones de educación e investigación del país que respaldaron en su momento el anuncio de la presidenta. En contraparte, se tiene la negativa de comunidades, organizaciones sociales y ambientales, así como académicos, de continuar con esta forma de obtención de recursos debido a sus impactos socioambientales-territoriales. Paralelamente, resuena lo dicho en su momento tanto por el expresidente López Obrador, como por la misma presidenta Claudia Sheinbaum en torno a criticar e incluso prohibir esta actividad. Así pues, estamos ante un gatopardismo ambiental, entendido como la retórica que busca darle la vuelta a la evidencia científica y que con un discurso de soberanía nacional impulsa la extracción en beneficio de los grandes capitales y en detrimento de las comunidades y del ambiente.
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Además de ello, otro de los ejemplos que denotan una clara diferencia entre el discurso y la realidad se encuentra en la negativa del gobierno actual de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, que ha sido una demanda del magisterio democrático desde su decreto, en 2007, hasta la actualidad. Y es que esta ley —legado del neoliberalismo y del periodo de Felipe Calderón, que cambió un modelo de pensiones solidario, gestionado por el Estado, a un modelo individual de afores, gestionado por el capital financiero privado— fue durante mucho tiempo criticada por los mismos que ahora se niegan a modificarla. Es decir, antes de la llegada al poder del gobierno de la 4T, tanto López Obrador como Sheinbaum se posicionaron contra esta ley e incluso prometieron en sendas campañas su abrogación por ser una reforma que atenta directamente contra los trabajadores; sin embargo, una vez llegados a la presidencia, decidieron hacer a un lado sus compromisos y alinearse con el capital financiero que administra y obtiene ganancias por miles de millones de pesos con el dinero de los trabajadores, mientras que este sector ve esfumada la posibilidad de un retiro digno después de su vida laboral.
Junto con esa demanda, en los últimos años ha aumentado la exigencia por la disminución de la jornada laboral y los días de descanso obligatorio a los que tienen derecho los trabajadores en este país. En un contexto de modificaciones prácticamente nulas desde la promulgación de la constitución en 1917, es decir, más de cien años sin cambios profundos en los derechos laborales y su relación con la jornada laboral y aspectos vinculados a esta, hace unas semanas se aprobaron modificaciones al respecto. Con un movimiento en ascenso que criticó la iniciativa y posterior reforma, a sus impulsores y su cercanía con el ámbito empresarial, así como la forma en la que finalmente es mostrada como una “conquista histórica de la clase trabajadora”, prácticamente sin que esta participara en su discusión, redacción y aprobación final. Ello, aunado a la cercanía de algunos personajes con el sector empresarial como Pedro Haces, diputado federal por Morena y uno de sus principales impulsores, así como Marath Bolaños, secretario del trabajo en la actual administración, han hecho que para el Frente Nacional por las 40 horas el papel de estos y otros sea señalado por su alejamiento de las demandas del trabajador y una alianza con las grandes empresas. Así, a pesar de haber sido presentada como un triunfo y evidencia del compromiso gubernamental con la clase trabajadora del país, las voces más críticas la señalan como un decreto pro patronal, que ignora la demanda de dos días de descanso obligatorio y el engaño en la supuesta reducción de las 40 horas semanales. Un ejemplo más entre discurso, que incluso se materializó en ley, y la realidad de los millones de trabajadores del país; entre la cercanía con los grandes capitales y empresarios y lejanía con las demandas sociales de justicia laboral.
Otra de las situaciones que enfrenta actualmente el segundo piso de la 4T, es la demanda de justicia ante eventos históricos que no han sido atendidos como se decía ni como merecería la cuestión. El caso Ayotzinapa, Atenco y más recientemente los ataques a comunidades en la montaña baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ (Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata) que ha cobrado en los últimos meses más de 70 asesinados y más de 20 desaparecidos por parte del grupo criminal Los Ardillos, ante la indiferencia, complacencia, inacción y complicidad de los diferentes niveles de gobierno. Tanto a nivel municipal, como estatal en la persona de Evelyn Salgado, gobernadora de la entidad, así como Francisco Rodríguez Cisneros, Subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno de Guerrero, el discurso oficial de justicia choca con las acusaciones de omisión, complicidad y combate al narcotráfico enarbolado desde el gobierno federal. En cualquiera de estos casos —Ayotzinapa, Atenco y Guerrero— a pesar de una retórica oficial de cercanía, atención y justicia a las víctimas, así como eventos mediáticos de reparación de los daños, la realidad contrasta duramente con ello y evidencia las enormes contradicciones y pendientes para con el pueblo.
En síntesis, buena parte de las políticas impulsadas desde sendos gobiernos de la 4T, representan políticas de retroceso, como el caso del fracking, así como de continuidad de un régimen neoliberal que dicen combatir y que tiene en la Ley del ISSSTE 2007, el mejor ejemplo de una reforma impulsada en pleno periodo neoliberal — pero que se mantiene aún en el gobierno de la transformación— que condena a los trabajadores del Estado a una enorme incertidumbre y precarización al final de su vida laboral: sin seguridad social, sin servicios de salud y sin un ingreso digno para cubrir sus necesidades más básicas. Es ahí donde, entre promesas de campaña, señalamientos del fin del neoliberalismo y compromiso con los grandes poderes del capital en detrimento de los trabajadores, resuena la frase gatopardista por excelencia: cambiar las cosas para que nada cambie.
Finalmente, en el contexto del pasado 15 de mayo, sirvan estas líneas para expresar el mayor de los reconocimientos a toda/os aquella/os que entregan su vida a la labor docente, en las aulas y en la investigación, particularmente a aquella/os que siembran en sus estudiantes la semilla del pensamiento crítico, de la consciencia social y de la lucha diaria para transformar esta sociedad en una aún mejor, en un mundo más justo y que su búsqueda constituye parte de su práctica cotidiana.
* Roberto de Anda Márquez
Geógrafo. Docente de educación básica y educación superior. Doctorante en Estudios del Desarrollo. Problemas y Perspectivas Latinoamericanas del Instituto Mora.