La Escuela del Elitismo Italiano se enfocó en el poder y la formación de las clases dirigentes, pero sus planteamientos sentaron las bases para entender la negociación política no como un ejercicio democrático ideal, sino como un intercambio estratégico de intereses, coaliciones y equilibrios entre élites. Sus principales exponentes fueron Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto y Robert Michels.
LOS ELITISTAS CLÁSICOS
Mosca fue el primero en teorizar de forma sistemática que toda sociedad está dividida entre una minoría que manda y una mayoría que es mandada. Luego, la política es la gestión de la “clase política” y la negociación ocurre dentro de esta minoría organizada para mantener el consenso y la legitimidad donde la mayoría acepta el gobierno de la minoría como algo “natural” o “necesario”.
Pareto argumenta que la negociación política es el resultado del equilibrio entre “residuos” (impulsos psicológicos). Para Pareto, las élites decadentes deben negociar con los individuos más capaces de la clase inferior para integrarlos a la clase gobernante. Si la élite cierra esta negociación, sobreviene la revolución.
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Michels formuló la “Ley de hierro de la oligarquía”, que sostiene que incluso en las organizaciones más democráticas la necesidad de organización conduce inevitablemente al control por una élite. Este autor destaca que, en la negociación política, los líderes suelen priorizar la supervivencia de su organización y su posición de poder personal por encima de los ideales ideológicos.
LAS NUEVAS COORDENADAS
Todo este repaso de los clásicos de la ciencia política viene a cuento en tanto hoy día en México se está por dejar definitivamente atrás la lógica incluyente y de negociación con núcleos externos al bloque gobernante que caracterizó el período de la llamada “transición a la democracia” para dar paso de lleno a una realidad donde las élites gobernantes detentan el control pleno de las instituciones políticas y de representación de la sociedad.
No es sólo que quien detenta el ejecutivo tenga también supremacía en el legislativo, situación que por demás es propia de los regímenes parlamentarios y no es del todo ajena a los presidencialistas, sino que las instituciones construidas para la determinación de la representación están también, en sí mismas, sujetas al férreo yugo de la mayoría gobernante. Así, encargados de la administración y de la justicia electoral actúan en un escenario de control mayoritario por el partido gobernante y sus integrantes.
En este contexto, la mayoría que es mandada no aporta necesaria ni fácilmente el consenso y legitimidad para aceptar las resoluciones que la minoría gobernante y empoderada va forjando para dar lugar a la formación por todos aceptada de la representación que se genere.
Pero, ¿quiénes conforman hoy día la élite política mexicana? Actualmente, esta élite se articula en tres círculos concéntricos de poder, el primero y con mayor capacidad de mando está conformado por el Ejecutivo y la línea de sucesión, más compacta y vertical que en el pasado reciente, encabezada por la Presidencia de la República y que reúne a los gobernadores del bloque oficialista en funciones y al gabinete estratégico; el segundo por la dirigencia legislativa y partidaria; y el tercero por los mandos militares superiores y la tecnocracia del Estado.
Si aplicamos el marco teórico de autores del elitismo clásico a la realidad mexicana actual, observamos un fenómeno de asimilación donde la élite actual no desplazó totalmente a la anterior por la fuerza, sino que ha absorbido a cuadros técnicos y liderazgos regionales de partidos y poderes antiguos para fortalecer su propia estructura. En ello se ha pasado de una élite técnica a una élite militante, que prioriza la lealtad y la cohesión ideológica sobre la especialización académica, aunque conservando núcleos de control financiero estricto.
Así, los factores que definen la pertenencia a la élite hoy son la capacidad de entregar votos y estabilidad en estados clave, la adhesión pública total al proyecto nacional vigente y la gestión de redes sociales. Luego, la élite política mexicana de 2026 es un híbrido entre liderazgos populares territoriales, cuadros partidistas disciplinados y una burocracia militarizada que administra los activos más importantes del Estado que detenta una hegemonía en la composición de la élite.
No es cosa de suponer que los integrantes de los cuerpos legislativos y electorales asuman inopinadamente directrices desde los poderes formales, aunque las voces contrarias resultan ser por lo general una minoría que apenas alcanza a pronunciar planteamientos críticos y alternativas a lo que se vaya a resolver. Es un asunto de balances claramente preestablecidos con mayorías definidas de antemano que reiteran su condición en cada ocasión, algunas veces con argumentos que francamente resultan carentes de sustento lógico o legal, pero que se alinean con la voluntad y los intereses del círculo central de la élite gobernante, no sin reflejar en ocasiones los diferendos que suelen surgen en el seno del propio primer círculo.
LAS MINORÍAS PERIFÉRICAS
No está claro hoy en día, y menos después de los intentos de reformas electorales de mayor calado al logrado, qué partidos políticos se ubican dentro del bloque gobernante y cuáles fuera. En específico, ya no es tan definitiva la condición de aliados en cualquier condición de los partidos que aportan el caudal de votos para otorgar la mayoría calificada al partido mayor, los cuáles podrían conformar un bloque ampliamente mayoritario o deslindarse y jugar posiciones por su cuenta, sobre todo para la disputa de gubernaturas claves en las que cuentan con presencia y poderío propio.
Lo que sí es claro es que los partidos que no han formado parte de la alianza mayoritaria se encuentran, al menos en principio, marginados de la formación de coaliciones con el partido mayor, al que podrían sumarse solamente como pactantes arrinconados. Es por ello que, salvo la reiteración de la alianza mayor, se ve difícil la formación de una coalición opositora con efectiva capacidad competitiva, por lo que no es de dudarse que la elección intermedia por venir enfrente a una mayoría aún consolidada contra partidos sueltos con escasa capacidad de lograr por sí solos, como advierten que irían a la contienda, posiciones por vía de mayoría relativa, por lo que únicamente alcanzarían asientos por la ruta de la representación proporcional, garantizando con ello la permanencia de la actual mayoría como tal.
Esta condición de no alianza profundiza la situación actual de carencia de interlocución entre el bloque gobernante y los partidos opositores, no porque estos estén cerrados a un eventual diálogo, sino que la mayoría considera innecesario establecer canales de comunicación con sus opositores.
Así, y ante la negativa de las minorías de acoger a participantes de las mayoría y dotarlos de cierto poder más allá de lo estrictamente testimonial, para incidir realmente en la toma de decisiones para la integración de los poderes, y con ello la consecuente incapacidad de las mayorías de aportar el sustento consensual a los procesos de formación de la representación, en el extremo se llega a una ruptura del orden social que establece una condición de imposición autoritaria carente de legitimidad o incluso al relevo y modificación del orden mediante un movimiento de carácter revolucionario.
Empero, la resolución de un diferendo de esta naturaleza no es inmediato, por lo que suele establecerse un período de enfrentamiento y disputa de difícil definición tanto en duración como en resultados.
En este período de disputa, lo más frecuente es que las organizaciones surgidas de las mayorías pero sin voz en el orden resolutorio controlado por las minorías busquen salidas alternas a las ventanillas inexistentes dentro del orden institucional, recurriendo a mecanismos de manifestación y protesta que induzca a las élites a escucharlos.
Si en el pasado recientes —las últimas tres décadas— las protestas, movilizaciones, marchas y enfrentamientos por razones electorales se fueron rápidamente acallando y los términos de la negociación política entre partes se sometieron al orden legal y los procedimientos institucionales establecidos, es de esperarse que de concretarse el cierre de vías de manifestación con alguna eficacia del diferendo con respecto a los intereses y decisiones de las minorías si de una vuelta atrás, al retorno a las manifestaciones y expresiones de protesta político-social que no por pacíficas dejarán de tener relevancia y mostraran o regresivo del nuevo orden político-electoral.