En la reforma presentada, entre otros congresistas, por el senador Javier Corral, se presentan diversas propuestas. Algunas de éstas las examiné en colaboración anterior. Me centraré ahora en el diseño de la propuesta de reforma que mantiene el control político en la integración del poder judicial. De prosperar, la reforma mantendría el ADN del diseño original: el control del poder judicial que, a la vez, vicia la imparcialidad y objetividad de lo que debería ser la función judicial.
La reforma busca atenuar algunos de los efectos del diseño original de elección judicial. Pretende, con las reparaciones propuestas, tener como resultado un poder judicial con juzgadores más capacitados, objetivos e imparciales. La reforma a la reforma, lamentablemente se basa en un diseño que no está para dar esos resultados. Pedirle imparcialidad y objetividad a un poder integrado mediante elecciones es como pedirle a un tigre que sea vegetariano.
La elección politiza al poder y tiende naturalmente a crear vinculación entre los interesados y candidatos con quienes tienen la posibilidades e influencias para allegarles votos. Las capacidades pasan a segundo plazo y propicia aún para que los candidatos más capacitados busquen a la clase política y viceversa.
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Los controles se dan también en la fase previa: la selección de los candidatos.
La reforma judicial aprobada a partir del diseño propuesto por el presidente López Obrador estableció tres comités de selección (uno por cada poder) que estarían a cargo de depurar de los interesados aquellos que estimara cuenten con las capacidades para ser postulados como candidatos (en fase previa a la tómbola). La experiencia obtenida en la elección pasada demostró que los comités del ejecutivo y del Legislativo se integraron a partir de sesgos ideológicos y partidistas y desplegaron filtros basados en igual sentido. Aumentaron la probabilidad de que los candidatos tuvieran un sesgo hacia la coalición dominante y dentro de esta, la participación de los distintos centros de poder.
La iniciativa de reforma plantea integrar un solo comité de 9 personas, dejando a que cada poder designe a 3 de ellos. Esto es, la designación depende de criterios y poderes políticos. Quien defienda la propuesta de reforma podría decir que eso no pasaría pues se establecen también requisitos para quienes puedan ser integrantes del Comité Único (los establecidos en el artículo 95 –para ser integrante de la Corte–): licenciatura en derecho, 10 años de experiencia profesional, certificación emitida por la Escuela judicial, no haber ocultado alguno de los cargos que la propuesta de reforma a dicho artículo lista , no haber sido condenado por ciertos delitos (p. ej. robo) o con pena de prisión mayor a un año y residencia de al menos 2 años en territorio nacional y que al menos 5 de los ministros tengan experiencia judicial de 5 años.
Aparentemente tales condicionamientos serían un buen remedio para las graves carencias de conocimiento y expertise para el ejercicio de la función judicial resultante de la primera elección. El remedio es, se dice, que el Comité sea técnico.
Soy escéptico de que esto sea posible. Mi escepticismo parte de la propia base para la selección del Comité Único: se les pide contar con la acreditación de la Escuela Judicial, esto es, el mismo requisito para ser candidato a la elección. Así, los poderes tienen que seleccionar a quienes satisfagan condicionantes para ser candidatos. Lo cual supone que los posibles candidatos tienen aspiración a ser juzgadores por elección (y tienen un sesgo ya), o bien, buscan obtener la acreditación para ser integrantes para integrar el Comité y sin interés para ser candidatos (lo que resultaría no imposible, pero sí sorprendente). Pero aún si esto fuera posible, no libraría al Comité Único de influencias políticas. De hecho, bastaría que uno de sus integrantes no estuviera de acuerdo con alguna candidatura para que ésta sea aprobada; todos los integrantes tienen derecho de veto por lo que basta que uno de ellos sea correa de transmisión de los actores políticos para que su influencia sea determinante en la integración de las candidaturas. Además, el Comité tiene la libertad de apreciar los “méritos” de los candidatos (las calificaciones del examen a cargo de la Escuela judicial, son un dato más a valorar). Es en ese espacio de discrecionalidad por el que se cuelan las razones, sesgos políticos y los arreglos de composición de los actores políticos influyentes.
Vamos, pero aún suponiendo que no estuviesen presentes esos sesgos y factores políticos en la depuración de las candidaturas, la elección transforma los apolíticos en políticos, sea por convicción o por conveniencia. Las campañas están hechas para maximizar la probabilidad de obtener votos, para entrar al terreno de la política. La elección politiza a los candidatos y politiza a la justicia.
Así como no hay tigres vegetarianos, no hay elecciones sin política.