El informe que emitió el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) el pasado 2 de abril y, sobre todo, su decisión de invocar por primera vez en la historia el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para que la Asamblea General de la ONU considere la adopción de medidas de cooperación, apoyo y asistencia al Estado mexicano, así como el establecimiento de un mecanismo para el esclarecimiento de la verdad, al señalar que nuestro país atraviesa desde hace dos décadas por una crisis generalizada y sistemática de desapariciones forzadas en la que se han cometido crímenes de lesa humanidad, generó una gran indignación entre el oficialismo y el rechazo categórico del gobierno mexicano que lo calificó como tendencioso, sesgado, parcial, con falta de rigor jurídico.
Además de negar que el actual gobierno tolere, permita u ordene desapariciones forzadas y acusar que el periodo investigado comprende únicamente a las administraciones de Felipe Calderón y Peña Nieto, se queja que ese comité de expertos independientes omitió considerar las diversas acciones institucionales que se han emprendido, así como la información actualizada que le proporcionaron antes de publicar su informe. Quizá lo que causó mayor sorpresa fue la defensa oficiosa a ultranza de la tan devaluada Comisión Nacional de Derechos Humanos que, en su comunicado, no dedica un solo renglón a las víctimas y, en cambio, destina un amplio espacio para a atacar a las organizaciones de derechos humanos, en claro contraste con la posición sostenida Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para quien, la situación que atraviesa el país requiere disposición abierta al escrutinio y cooperación técnica de instancias nacionales e internacionales, reiterando su compromiso para el regreso digno y con justicia de todas las personas desaparecidas.
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Es importante tener en cuenta que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU ha venido revisando lo que lamentablemente ocurre en el país desde cuando menos 2006 hasta nuestro días, por ejemplo con el descubrimiento del rancho de Teuchitlán que sigue sin esclarecerse del todo, emitiendo diversas recomendaciones para la prevención e investigación de las desapariciones, dar con el paradero de las personas desaparecidas y castigar a los perpetradores entro otras.
También que este Comité señaló que en algunos de los casos denunciados existen indicios respecto a la participación directa o complicidad de funcionarios públicos –un ejemplo es el de Hernán Bermúdez, ex secretario de seguridad pública de Tabasco que en estos días fue vinculado a proceso por desaparición forzada– y que, tanto para la Convención como para el Estatuto de Roma las desapariciones forzadas pueden ser cometidas por organizaciones no estatales cuando formen parte de un ataque generalizado dirigido contra la población civil. Incluso, resulta hasta ocioso tratar de negar que en muchas de las desapariciones cometidas por grupos de la delincuencia organizada, cuentan con la complicidad de integrantes de las fuerzas de seguridad que de plano trabajan para ellos.
Pero más allá de la discusión sobre terminología jurídica, responsabilidades o periodos de tiempo, lo cierto es que se han registrado 132 mil personas desaparecidas –50 mil de las cuales desaparecieron durante el sexenio anterior–, solo se han judicializado entre 2 y 6% de los casos dictándose 36 sentencias, se calculan en 72 mil los cuerpos sin identificar en fosas comunes, se han identificado más de 4 mil 500 fosas clandestinas en números muy conservadores, y que en las últimas dos décadas, los gobiernos en turno provenientes de distintos partidos políticos han sido incapaces de atender eficazmente y poner freno a este fenómeno. Esto es lo que debería despertar la mayor indignación, por las personas desaparecidas, por la corrupción, la impunidad, el dolor de las familias.