La equidad en las contiendas electorales se mantiene como uno de los mayores retos de nuestro sistema político. Los actos anticipados de campaña, el uso de recursos públicos con el que se promueven algunos funcionarios o la injerencia del crimen organizado en las campañas son tres ejemplos de las distorsiones que aún tiene nuestro sistema electoral.
Cierto es que desde finales del siglo pasado se registraron avances muy importantes para acabar con éstas y otras injusticias, propias de regímenes controlados por un solo partido. Pero también lo es que, a pesar de las reformas trascendentes que se dieron desde 1977, aún estamos lejos de cumplir el objetivo.
A lo largo de este proceso, los principios y valores políticos que se han inscrito en la Constitución van más allá de la equidad. El énfasis también se ha puesto en la transparencia, certeza, imparcialidad y legalidad. Lo más importante es que muchas de las modificaciones y ajustes abonaron a la reducción de los desequilibrios o asimetrías.
Te podría interesar
Sin embargo, hoy las principales instituciones encargadas de garantizar la equidad electoral están siendo cuestionadas por ensanchar el margen de desventaja de los partidos opositores. Por un lado, porque se presume que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está controlado por Morena. Por el otro, porque se piensa que con el nombramiento de tres nuevos consejeros en el Instituto Nacional Electoral (INE), se cerrará la pinza de la inequidad.
Por si no lo viste: Aspirantes al INE realizan examen para tres consejerías, entre confianza y señalamientos.
El fantasma de la inequidad no es una ilusión. Se trata de una dura realidad que no puede pasar inadvertida. No se justificaba en el pasado del PRI hegemónico y dominante. Pero tampoco se pueden permitir regresiones y normalizar las acciones de algunos grupos de poder bajo el argumento de que es lo que el pueblo quiere.
El proceso que se impulsó para fortalecer —y en algunos casos blindar parte del sistema electoral— ha llevado muchos años. No es exagerado decir que costó sangre, sudor y lágrimas. Y no sólo eso. También cobró, y sigue cobrando, demasiadas vidas de políticos, líderes sociales y ciudadanos que luchan por la democracia.
En consecuencia, es lamentable ver cómo un buen número de políticos encuentran la manera de darle la vuelta a las reglas más elementales que nos pusieron muy cerca de una democracia moderna. Se olvidan que incumplir los lineamientos de la llamada “cancha pareja” no sólo atenta contra la confianza de la ciudadanía, sino que daña todo el sistema de justicia.
El cúmulo de incumplimientos es elevado. Los ejemplos son muchos y se olvidan con relativa facilidad. Ante la avalancha de información política que recibimos todos los días, no se recuerda, por ejemplo, que las campañas anticipadas han estado presentes incluso en las elecciones presidenciales.
De acuerdo con datos oficiales, las acusaciones por actos anticipados de precampaña y campaña del 1 de enero al 12 de septiembre de 2023 se abrieron en el INE 842 expedientes. De este total, hubo 810 solicitudes de medidas cautelares, lo que representa el 87 por ciento de dichos requerimientos.
En cuanto a la injerencia del crimen organizado, llama la atención cómo ha ido creciendo su presencia en términos reales en diversas zonas del país. Y qué decir de la forma en que varios gobiernos han utilizado los recursos públicos y los programas sociales con acciones que bordean los límites entre lo legal y lo ilegal.
Te puede interesar: Acusan que políticos y servidores públicos hacen precampañas anticipadas en Chiapas.
Por la magnitud de los problemas de inequidad, la falta de memoria histórica —o la normalización de algunas acciones inequitativas— no debe ser el pretexto para que las autoridades electorales tomen cartas en el asunto. En el Congreso federal, por ejemplo, se espera que durante las próximas semanas pidan licencia más de 30 senadores para iniciar sus actos de proselitismo. Algo similar pasará en la Cámara de Diputados.
En este espacio hemos afirmado varias veces que el ejercicio del poder siempre será inequitativo y que forma parte de su naturaleza. Sin embargo, esto no significa que se dejen hacer, y se dejen pasar, las acciones y límites esenciales para proteger la democracia.
Todas y todos los políticos deben tener presente que la comunicación política sigue siendo una herramienta muy eficaz para ser competitivos y lograr buenos resultados. Tampoco debemos olvidar que el respeto y cumplimiento de las reglas no ponga en alto riesgo lo que tanto esfuerzo y con muy altos costos nos ha costado construir. En verdad, ¿es tan difícil cumplir?
Recomendación editorial: Irma Méndez de Hoyos y Reyes Rodríguez Mondragón (coordinadores). Justicia electoral e integridad de las elecciones. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2025.