El incidente parecía menor: los videos que mostraban a una persona tomando el sol en Palacio Nacional no debieron ser motivo de escándalo ni conflicto político. Sin embargo, el hecho de que el tema haya impactado e involucrado en forma directa a la presidenta de la República le dio otra dimensión.
En consecuencia, el suceso no fue insignificante ni intrascendente. Lo que sucedió después no fue un pequeño error. El tiempo y la importancia que le concedió la jefa del Ejecutivo obligan a una reflexión seria y profunda sobre la forma en que se está gestionando su estrategia de comunicación política.
Se trata de una nueva señal a la problemática, porque no todo marcha tan bien como algunos de sus colaboradores y voceros están diciendo en diversos medios. Tampoco estamos viendo una simple amplificación del suceso, ni una campaña de “descomunicación” (cualquier cosa que eso signifique) o de un mal intencionado desviador de agenda, como han señalado otros personajes.
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La narrativa para explicar lo sucedido tampoco se puede sustentar bajo el argumento de que “todos cometemos errores”. Mucho menos se puede acusar a la oposición por el curso que han tomado los acontecimientos mediáticos, hasta convertirlo en un escándalo.
Lo bueno es que no se trata de una crisis ni para la presidenta ni para su gobierno. Lo malo son los daños provocados a su imagen por la mala gestión del conflicto y el escalamiento del caso a controversias judiciales con algunos periodistas, porque con éstas sí se afectan la libertad de expresión y el derecho a la información.
Desde cualquier perspectiva de análisis, lo preocupante es que Infodemia —el espacio institucional desde el que se exhiben las mentiras que surgen en los medios y redes sociales— no haya detectado y difundido la verdad desde un principio.
Cuando se ve con detalle la forma en que se gestionó la situación, fue evidente que hubo errores en la argumentación para “explicar” lo sucedido; en la presentación de las evidencias, que resultaron ser falsas; en el manejo de los tiempos, tan largos como inexplicables; en la falta de capacidad para reducir el impacto de la noticia y, de manera muy especial, en la justificación que dio en dos ocasiones la presidenta de la República.
Si esto pasa con un hecho menor, ¿qué efectos podría provocar el manejo y gestión de otras problemáticas mucho más delicadas, como el de algunas denuncias de corrupción que parecen haberse ignorado o del retraso que hubo, por ejemplo, en la información oficial sobre las personas desaparecidas en nuestro país?
Pero eso no es todo. ¿Por qué se deja pasar un hecho así, sin las debidas correcciones en la estrategia y los protocolos de atención por la responsabilidad que tuvieron quienes tomaron las decisiones comunicacionales que hemos visto hasta ahora? ¿Es suficiente emitir un comunicado con una disculpa pública, como el que reconoció que las imágenes eran reales?
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¿Es correcto que la sanción —si es que en verdad la hubo— se haya limitado a la persona que mostraron los videos y fotografías? ¿Por qué seguir dejando la “solución final” a problemas que no le corresponden a la jefa del Ejecutivo, cuando tiene responsabilidades y prioridades de gobierno mucho mayores que este incidente?
Y más: ¿Cómo es posible que el mismo aparato de comunicación de gobierno haya magnificado un hecho que se pudo haber corregido de manera mucho más sencilla? El problema no está en los videos que se difundieron. Está en los pequeños errores de comunicación que se siguen acumulando hasta convertirse en un problema más delicado que ya se tiene que resolver.
Recomendación editorial: José Luis Mastreta López. Los 12 errores de comunicación que cometen los gobiernos. México: Editorial Tirant Lo Blanch, 2025.