El Plan B de la reforma electoral sigue adelante. A pesar de que uno de los puntos más complicados es el rechazo del PT a que la revocación de mandato se empate el mismo día con la elección federal, local y judicial de 2027, la presión se mantendrá para que la presidenta Claudia Sheinbaum no haga campaña directa en favor de su partido.
La preocupación de éste y otros partidos es comprensible. La popularidad y altos niveles de aprobación que mantiene la primera mandataria sí podría influir en el electorado. Sin embargo, mantenerla al margen del proceso va en contrasentido de algunos de los valores más elementales de la democracia. También de sus derechos políticos que le garantiza la Constitución.
Las razones por las que el marco jurídico vigente restringió la participación de los presidentes estuvo bien fundada. El dominio que ejerció el PRI durante 70 años —y los excesos propagandísticos que se cometieron en los gobiernos de la alternancia desde la elección de 2006— hicieron necesario poner candados en favor de los principios de equidad y competencia regulada.
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El modelo no funcionó totalmente. Por un lado, porque es muy complejo identificar los límites que tienen los presidentes, más en el nuevo ecosistema de comunicación. Por el otro, por la falta de sanciones y los plazos jurídicos tan largos que se tienen que cumplir en la resolución de cualquier controversia motivada por dicho incumplimiento.
Además, es preciso considerar las complicaciones que surgen con la saturación informativa. Ya lo hemos vivido y conocemos las consecuencias. En principio, por el simple hecho de activar tantas campañas en torno a una jornada electoral. Por el otro, porque las estrategias de comunicación de las campañas electorales, más las del Poder Judicial y una más de revocación de mandato obedecen a objetivos, lógicas y procedimientos diferentes.
En principio, parecería que estamos frente a una fórmula de perder-perder. Pierde el Poder Ejecutivo. Pierden todos los partidos. Sin embargo, esta sobrecarga propagandística no sólo afecta la equidad de los procesos en favor de un partido hegemónico, sino que incrementa los niveles de hartazgo de la ciudadanía en torno a la propaganda invasiva, caótica, fútil y además costosa.
Como resultado de lo anterior, buena parte del debate y la discusión que se está dando en torno al Plan B tal vez esté fuera de foco. El problema de fondo no está en la promoción que pueda hacer la presidenta Claudia Sheinbaum en favor de su partido. Con revocación o sin ésta, su presencia comunicacional será significativa y tendrá un impacto en los resultados finales.
Si en verdad se quiere avanzar y transformar el sistema democrático, lo primero es separar los procesos. De igual forma, se tienen que reconsiderar las ventajas, riesgos y obstáculos que tiene la revocación de mandato, de manera particular cuando el resultado —por ser obvio en favor de la presidenta— es absolutamente innecesario.
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Lo malo, es que la decisión está tomada. El proyecto del Plan B seguirá su cauce jurídico y, seguramente, se le harán muy pocos ajustes adicionales. Sin embargo, no se llegará al fondo en cuestiones sustantivas. Por ejemplo, eliminar la revocación de mandato y que las nuevas reglas no impidan que la presidenta haga campaña cuando quiera, sin distorsionar la competencia ni la equidad.
La experiencia en otros países ha demostrado que la “neutralidad” sin abusos de poder es posible. Cierto que resulta más fácil en los sistemas donde hay reelección. Pero también se ha demostrado que es viable y factible donde no la hay.
La fórmula es sencilla, pero requiere de una gran voluntad política por parte de todas las fuerzas políticas:
- Se tienen que diferenciar nítidamente los actos oficiales de los propagandísticos.
- Los actos de campaña no deben realizarse en tiempos laborales.
- Deben evitarse, en forma estricta y contundente, los actos anticipados de campaña.
- Los mecanismos de supervisión y control deben ser más estrictos, con sanciones ejemplares.
- Y, además, es indispensable que los partidos aliados y de oposición enfrenten con mayor eficacia a la Conferencia del Pueblo, sin duda el instrumento más poderoso de propaganda con que cuenta la presidenta Claudia Sheinbaum.
Recomendación editorial: Javier Esteinou Madrid. Propaganda encubierta y legitimidad electoral: la manipulación de los comicios. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 2022.