Irán supo aprovechar la carta y el apalancamiento que le otorga el estrecho de Ormuz, al generar presiones secundarias tanto en la comunidad internacional como en actores domésticos, particularmente sobre las operaciones que se desarrollan en apoyo a Israel.
Si bien el discurso sobre las razones y objetivos de esta escalada aún parece difuso, lo cierto es que el ultimátum de Estados Unidos a Irán viene acompañado de una advertencia contundente: abrir el estrecho de Ormuz o se desatará el infierno. En un mensaje a la prensa, Trump dijo que destruiría la infraestructura crítica, como carreteras y sistemas eléctricos. Resulta relevante la escalada del mandatario, pues, por un lado, refleja la desesperación, tal vez, de imponer plazos para terminar rápido la guerra; por otro, evidencia condiciones difíciles de materializar. Europa, por ejemplo, ha sido clara en evitar cualquier involucramiento directo de la OTAN o el uso de sus bases para acciones contra Irán.
Lo dicho por Trump representa un punto de presión, narrativa o no, la naturaleza de estas amenazas podría implicar violaciones del derecho internacional humanitario, en particular de la Convención de Ginebra, al contemplar ataques contra infraestructura de carácter civil. Esto vulnera principios fundamentales como la proporcionalidad y la distinción, y abre la puerta a interpretaciones que podrían encuadrar como castigo colectivo contra la población. En ese contexto, no se trata solo de retórica: hablamos de posibles crímenes de guerra.
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La dinámica de escalada, sin embargo, también ha generado impases. Irán ha puesto sobre la mesa una contrapropuesta clara: el cese inmediato de hostilidades por parte de Estados Unidos e Israel, acompañado de garantías de no repetición. No obstante, el elemento central —el control del Estrecho— permanece innegociable. Por su parte, la propuesta estadounidense de internacionalizar su control implicaría, en términos prácticos, retirar la soberanía a Teherán, algo que Irán no está dispuesto a aceptar. A ello se suma la exigencia iraní de levantar sanciones acumuladas durante décadas —en particular en el contexto del JCPOA (1)— y de establecer condiciones más amplias de estabilidad regional.
Estas condiciones son, en la práctica, inaceptables tanto para Washington como para Tel Aviv. Irán, por tanto, parece apostar por una estrategia conocida: prolongar el conflicto, desgastar a la coalición y ganar margen operativo, lo que replica, en cierta medida, la lógica empleada por sus proxies en la región. En paralelo, la narrativa internacional no parece consolidarse del lado de la coalición, mientras surgen tensiones internas, incluso con especulaciones sobre posibles cambios en el gabinete de seguridad estadounidense.
De acuerdo con reportes de The New York Times, el presidente y su gabinete de seguridad fueron advertidos sobre los riesgos de un intento de cambio de régimen impulsado por Israel durante reuniones con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Según estas versiones, colaboradores cercanos del presidente habrían manifestado dudas sobre la viabilidad, la utilidad y la necesidad de una intervención de ese calibre.
Los efectos de esta guerra ya comienzan a materializarse en el plano energético global. En Francia, por ejemplo, se han registrado episodios de escasez de gasolina que han obligado a recurrir a reservas estratégicas para mitigar el impacto inmediato. En paralelo, Europa, India, Japón y Corea del Sur enfrentan presiones inflacionarias, tensiones fiscales y un riesgo creciente de desaceleración económica.
En contraste, países exportadores como Arabia Saudita y Rusia —pese a sus propias restricciones— capitalizan el aumento de los precios del petróleo y fortalecen su posición estratégica. China, por su parte, intensifica su diplomacia energética y diversifica sus fuentes de suministro para reducir su exposición al conflicto. México, aunque productor de crudo, enfrenta una realidad estructural distinta: su dependencia de las importaciones de gasolinas y diésel provoca que el impacto se traslade de inmediato al mercado interno, obligando al gobierno a recurrir a estímulos fiscales como el IEPS para contener el efecto en los precios.
Mientras tanto, el plazo del ultimátum está por cumplirse y, hasta ahora, Irán no ha mostrado señales de ceder ante la presión. Todo indica que un desenlace rápido está lejos, y que el conflicto podría transitar hacia una fase más prolongada y compleja.
Moneda al aire: UIF
Existe preocupación por la aprobación, por parte de la Suprema Corte, del bloqueo de cuentas sin necesidad de una orden judicial previa o mandato ministerial. Este tema no es menor: fue uno de los elementos clave en el caso de Elba Esther Gordillo que derivó en su liberación.
Si bien esta medida puede resultar útil para combatir operaciones financieras sospechosas y se alinea con las recomendaciones del GAFI, también abre un debate delicado. El riesgo de que estas herramientas se utilicen como mecanismos de presión política es latente, especialmente en un contexto en el que la independencia judicial es cuestionada por diversos sectores. Con una Corte alineada, advierten algunos, los márgenes de defensa podrían reducirse significativamente.
1. El Joint Comprehensive Plan of Action es el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y potencias internacionales para limitar su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones económicas. En 2018, Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo, lo que provocó la reimposición de sanciones y el deterioro del entendimiento. Actualmente, las demandas de Irán sobre el levantamiento de sanciones están directamente vinculadas a este acuerdo.