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El eslabón más pobre y débil del Estado

El Municipio Libre, según la Constitución, es la base de la organización política del Estado mexicano; pero, sin recursos ni autonomía real, se ha convertido en el eslabón más pobre y débil del país. | Ricardo del Muro

Escrito en OPINIÓN el

El Municipio Libre, según la Constitución, es la base de la organización política del Estado mexicano; pero, sin recursos ni autonomía real, se ha convertido –como advirtió Porfirio Muñoz Ledo- en el eslabón más pobre y débil del país. 

De los 2,469 municipios, entre el 60 y 70% registra altos niveles de pobreza, principalmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En ese contexto, el impuesto predial —principal fuente de ingreso local— equivale apenas al 0.2% del PIB y se concentra en menos del 1% de los ayuntamientos, mientras que la mayoría obtiene recursos marginales.

En 2024, de acuerdo con los datos de INEGI, sólo se captó el 52.5% de lo previsto —48,703 millones frente a 92,817 millones de pesos—, con un sistema que sigue dependiendo casi por completo de ventanillas físicas. 

Pero la debilidad municipal no es sólo financiera: también implica una vulnerabilidad política y de seguridad. En 2025, al menos seis alcaldes fueron asesinados en el país, en una escalada de violencia que tuvo su punto más visible en el homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, ejecutado a balazos el primero de noviembre durante una celebración pública del Día de Muertos, frente a cientos de personas.  

Una realidad que, tal vez, no previeron Venustiano Carranza y los constituyentes de 1917, cuando no sólo incluyeron al municipio en la Constitución, sino que lo redefinieron como “libre” para romper con el pasado centralista del Porfiriato.

Esto, a pesar de que, cinco años antes, Emilio Rabasa había señalado en “La Constitución y la dictadura” (1912) que el municipio libre y responsable –inspirado en el self-government estadounidense– era en México casi una quimera: el Estado que lo ensayara –advirtió- tendría que suspenderlo casi de inmediato por el desorden y desbarajuste que produciría.

Rabasa, con su característico pragmatismo, incluso advirtió que, al proclamarse la libertad municipal, se piensa en la teoría y se construye el ideal, sin considerar que después deberá sostenerse frente a las inflexibles realidades. 

En efecto, la inflexible realidad, con el paso del tiempo, ha mostrado que los municipios –transcurrido más de un siglo desde la redacción del artículo 115– padecen problemas estructurales en sus finanzas y son vulnerables en materia de seguridad pública y ante riesgos meteorológicos.

Las reformas al artículo 115, entre 1983 y 1999, buscaron fortalecer al municipio —ampliando sus facultades y reconociéndolo como “la primera entidad política”—, pero ese avance jurídico no se tradujo en capacidad financiera ni operativa.

Mientras municipios como San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, o San Simón Zahuatlán, en la región mixteca de Oaxaca, registran niveles de pobreza superiores al 98%, en San Pedro Garza García, Nuevo León, o en Benito Juárez, en la Ciudad de México, la pobreza apenas alcanza entre 5 y 8%. Esto muestra la desigual y enorme brecha de la riqueza en México. 

El reciente censo de INEGI señaló que las administraciones municipales realizaron más de 180 mil contratos durante 2024, de los cuales 65.3% se adjudicaron de manera directa, lo que representa el principal mecanismo de asignación, por encima de la licitación pública y otros procedimientos para evitar la opacidad. 

Este tipo de prácticas aumenta en rubros como adquisiciones, arrendamientos y servicios, en donde 78,783 de los 105,596 contratos (74.6%) se realizaron por adjudicación directa. Sin embargo, la cobertura del servicio de drenaje y alcantarillado sólo llega a 2 mil municipios (81%). 

En una época caracterizada por los avances tecnológicos y la inteligencia artificial, hay 455 municipios que carecen de una red pública de drenaje, por lo que sus habitantes tienen que utilizar fosas sépticas. 

Sólo 720 municipios (29%) cuentan con un atlas de riesgos. Es decir, dos de cada tres municipios no disponen de herramientas cartográficas ni de datos que integren información sobre peligros naturales –principalmente sismos e inundaciones– para prevenir desastres. 

En el ámbito de seguridad pública, el censo indicó que sólo mil 574 municipios –poco más de la mitad del total– cuentan con una institución formal encargada de esta función. Esto significa que uno de cada cinco municipios recurre a la formación de grupos comunitarios para su seguridad.

Sin embargo, la tragedia de Uruapan, Michoacán, el primero de noviembre del año pasado, donde el alcalde Carlos Manzo fue asesinado por un sicario adolescente, no sólo generó una fuerte indignación en todo México, sino que se convirtió en el estoque final para terminar con el mito del Municipio Libre, al evidenciar con crudeza su fragilidad institucional frente a la penuria financiera, el avance del crimen organizado y el abandono del Estado.

Una institución cuya historia se remonta al municipium romano, a los cabildos de la Edad Media en Europa  y que llegó al territorio mexicano con los españoles. Hernán Cortés fundó el primer ayuntamiento en la Villa Rica de la Vera Cruz el 22 de abril de 1519, hace más de quinientos años: una acción política para romper con el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, legitimar su autoridad frente a la Corona y establecer una forma inicial de gobierno local en la Nueva España.

La invasión napoleónica en España debilitó a la Corona y abrió paso a que figuras como Francisco Primo de Verdad y Ramos impulsaran, desde el Ayuntamiento de la Ciudad de México, la idea de que el poder debía recaer en la representación local. Ahí germinó una de las raíces del municipio mexicano.

El momento decisivo de consolidación llegó con la Constitución de 1857, que estableció la elección popular de las autoridades municipales y reconoció su capacidad para recaudar contribuciones, fortaleciendo su autonomía política y económica. 

Hoy, a casi 500 años de la instauración del municipio en territorio mexicano y a más de un siglo del reconocimiento de su autonomía en la Constitución de 1917, la institución enfrenta una profunda crisis. Entre debilidades financieras, presiones políticas y, en muchos casos, la violencia que alcanza a sus autoridades, el municipio —históricamente concebido como la base del Estado— se revela también como su eslabón más vulnerable.

Ricardo del Muro

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