En estos días se han conocido cambios en el gabinete federal a 19 meses de gobierno. En comparación con su antecesor, en el mismo periodo, la presidenta ha registrado un mayor número de movimientos. Las razones, empero, han sido muy distintas.
Durante el arranque del sexenio de López Obrador hubo renuncias por discrepancias en el manejo de la política pública o por la intervención de actores que buscaban meter las narices en dependencias que no les correspondían. Así lo manifestaron en su momento Carlos Urzúa y Germán Martínez, de Hacienda y del IMSS, respectivamente, a mediados de 2019. Hubo también salidas obligadas por el episodio del aeropuerto, aunque con premios de consolación en embajadas que a la postre nos regalarían el famoso “septemba”.
A lo largo del sexenio lopezobradorista otras rotaciones respondieron a lógicas más partidistas y electorales: Alfonso Durazo dejó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para competir y gobernar Sonora; Delfina Gómez fue a gobernar al Estado de México; Javier May, a Tabasco; Víctor Castro, a Baja California Sur; y Lorena Cuéllar, a Tlaxcala. En sentido inverso, desde Morena llegaron cuadros a la estructura del gobierno federal, como Gabriel García, Héctor Vasconcelos o Leticia Ramírez.
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En la era Sheinbaum los cambios han tenido menor estridencia. Nadie le ha dirigido una carta pública de reproche, y algunos de ellos ya estaban pactados con fecha de caducidad, como el de Rogelio Ramírez de la O. Pero ha sido, quizá, el gobierno en el que la puerta giratoria entre poder federal y partido político se ha vuelto más evidente.
Al entonces presidente nacional de Morena, Mario Delgado, lo nombraron secretario de Educación Pública. A la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, la hicieron titular de la Secretaría de las Mujeres. Con los nuevos cambios, ahora Citlalli regresará a Morena para encargarse de la construcción de alianzas rumbo a 2027; Ariadna Montiel dejará la Secretaría del Bienestar para irse a presidir Morena; y Luisa María Alcalde dejará este último puesto para convertirse en la nueva consejera jurídica del Ejecutivo federal.
A decir verdad, a nadie le extraña que entre gobierno y partido existan movimientos para fortalecer de un lado o del otro, según los cálculos políticos o electorales del momento. Lo que llama la atención en este juego de sillas es la nitidez con la que gobierno y partido se mimetizan en lo que llaman un solo movimiento.
Más aún: llama la atención cuando la política se vuelve impermeable a ciertas formalidades de la ética. Que la titular encargada de operar los programas sociales desde 2022, con toda la información y capacidad operativa que ello implica, llegue a dirigir al partido más poderoso del país debería levantar, cuando menos, un par de cejas. No es ilegal, pero tampoco deja de despertar sospechas.
Al final, lo que esto demuestra es que la puerta giratoria entre gobierno y partido gira hoy con menos pudor que nunca.