Lo dicho en Sinaloa por el embajador de los Estados Unidos de América, Ronald Johnson, fue contundente y no deja lugar a dudas: “México necesita tomar medidas contra su epidemia de corrupción gubernamental —desde policías de a pie hasta alcaldes, gobernadores y legisladores federales, todos a sueldo de los cárteles— si los líderes quieren garantizar la estabilidad financiera del país de 133 millones de habitantes”.
Esta declaración parecería propia de un embajador que está por terminar su encomienda, no de uno que lleva poco más de un año en el cargo. Y abre el telón porque, si bien las autoridades mexicanas han hecho un esfuerzo significativo —reconocido ampliamente— desde la neutralización de Nemesio Oseguera Cervantes en febrero pasado, hasta la detención reciente de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, así como decomisos importantes de la Secretaría de Marina y un operativo relevante contra el huachicol por parte de la Agencia de Investigación Criminal, la FEMDO y la SEMAR, el asunto en lo político es distinto.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado una decisión política al mantener apoyo a Cuba, a pesar de las advertencias reiteradas de actores del Departamento de Estado, senadores y otros funcionarios sobre la necesidad de cesar dicho respaldo. La mandataria ha defendido esta postura bajo el argumento de la soberanía.
Te podría interesar
Después vino el posicionamiento político: Sheinbaum fue a España, se reunió con Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Pedro Sánchez, y pese a sus diferencias emitieron una declaración conjunta en favor de Cuba, nuevamente bajo el argumento de la soberanía. Al menos en ese punto, Sheinbaum ha sido consistente. Incluso, había sido tratada con cierta deferencia por la relación de respeto y camaradería que mantiene con el presidente Donald Trump, a diferencia de Petro, Sánchez y Lula, quienes han enfrentado presiones más directas, particularmente el mandatario colombiano.
Posteriormente, ocurrió el operativo en el que perdieron la vida, en un accidente automovilístico, agentes mexicanos y dos agentes de la CIA —según lo reportado por medios estadounidenses—. Este hecho derivó en la salida del Fiscal General del Estado, quien prácticamente se inmoló políticamente al declarar que desconocía la presencia de los agentes estadounidenses y que esta no le fue reportada por el mando responsable, también fallecido en el accidente. Incluso, señaló que los agentes viajaban desarmados y con los rostros cubiertos.
La gota que derramó el vaso llegó cuando la portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, reprochó directamente a la presidenta de México la falta de empatía por la muerte de sus funcionarios. A esto se sumó lo que terminó siendo un episodio político complejo: la embestida de Morena, encabezada por el senador Javier Corral, para llevar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al centro del debate por el supuesto operativo conjunto, misma que declinó la invitación dado que la fiscalía estatal abrió una investigación sobre los hechos y necesita mantener el sigilo como lo dicta la Ley.
La embajada tomó nota y envió un mensaje a través de voces como la de Steve Fisher del L.A. Times: Estados Unidos emprenderá acciones contra políticos corruptos, ahora bajo uno de los conceptos clave del gobierno estadounidense: seguridad nacional.
Entonces, el fantasma que ha rondado durante meses reaparece. Y hay que decirlo: el mensaje nunca había sido tan claro como ahora. Existe la posibilidad de que el gobierno del presidente Donald Trump presione para ejecutar acciones dirigidas contra políticos del actual o del anterior gobierno, dejando en claro que la paciencia también tiene límites.
El gobierno de la llamada cuarta transformación parece entrar en un punto de inflexión, porque, de mantenerse la línea expresada por el embajador Johnson, podría darse una persecución —y sobre todo exhibición— de actores que han respaldado el movimiento gubernamental. Desde el ángulo más crudo de esta ecuación, la presidenta podría incluso aprovechar esta coyuntura para deshacerse de figuras que necesita depurar, pero cuya remoción no puede asumir directamente, ya sea por compromiso político o por estrategia.
Moneda al aire: Colosio
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas parece haber dado la explicación más sensata de por qué no debería existir una comparecencia de la gobernadora de Chihuahua ante el Senado. En esencia, lo que está en juego —y parece diluirse— es el federalismo.
Lo que sí podría hacer el Congreso, como señaló el senador Manlio Fabio Beltrones, es invitarla a la recién instaurada Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, instancia que debería atender asuntos como el de la CIA en Chihuahua.