La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el ex secretario de Seguridad del estado, César Jáuregui, están en el centro de una polémica que los acusa de haber permitido la intervención de la CIA en territorio mexicano para desmantelar el que se ha documentado como el laboratorio de metanfetaminas más grande de América. El argumento para atacarlos es la soberanía nacional.
En el mundo al revés en el que vivimos políticamente, colaborar con una agencia de inteligencia extranjera para desarticular la mayor fábrica de drogas del continente se convierte en “traición a la patria”, mientras que gobernar estados o instituciones bajo acusaciones de colusión con los cárteles más sanguinarios del país es, al parecer, un simple inconveniente que no amerita siquiera una explicación.
Esta columna se cierra antes de la comparecencia en el Senado, lo que puede dejarla inconclusa, pero más allá del teatro legislativo, vale la pena detenerse a pensar con sentido común lo que está pasando.
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Históricamente Chihuahua es uno de los estados más golpeados por el crimen organizado en México, su gran frontera y municipios como Ciudad Juárez han sido epicentro de muchas historias, pero también la sierra y los parajes alejados y aislados han permitido el desarrollo de espacios de producción, no sólo de tráfico. Maru Campos ha gobernado apostando por resultados concretos en seguridad. Que eso incomode a quienes desde el poder federal nunca quisieron o no pudieron hacer lo mismo dice más de ellos que de ella.
Ayer se suma el gesto de César Jáuregui. Fiscal que renunció para que se investigue sin que su presencia en el cargo entorpezca el proceso. En México eso es tan raro que casi nadie sabe cómo reaccionar. Estamos tan acostumbrados a que los funcionarios se aferren al cargo con uñas y dientes ante cualquier señalamiento, que cuando alguien dimite con dignidad la primera reacción es sospechar en lugar de reconocer el gesto.
César Jáuregui hizo lo que Marcelo Ebrard no hizo, lo que Mario Delgado no hizo, lo que Adán Augusto López no ha hecho, lo que ninguno de los funcionarios del gobierno federal ha considerado necesario hacer a pesar de acusaciones mucho más graves. Algunos comentarios sobre este enredo soberano:
- La acusación es profundamente hipócrita porque proviene de quienes han permitido que los cárteles tengan más territorio y poder que nunca. Si alguien ha cedido soberanía real en México en los últimos años no han sido los gobernadores todos los recursos a su alcance para desmantelar laboratorios de droga, sino quienes desde el gobierno federal pactaron con el crimen organizado apoyo electoral a cambio de omisión o de plano participación directa. Hablar de soberanía con ese historial es cinismo disfrazado de principio.
- El laboratorio que se desmanteló era el más grande de América. En cualquier otro contexto político eso sería motivo de reconocimiento público; en la lógica del gobierno actual es un crimen de lesa soberanía. El criterio parece ser que si el narco opera sin interferencia todo está bien, pero si alguien lo detiene con ayuda externa hay que llamarlo traidor. La inversión de valores es completa.
- La renuncia de Jáuregui es un acto que vale la pena subrayar precisamente porque contrasta de manera brutal con la cultura política dominante. Alejarse del cargo para no obstaculizar una investigación en su contra debería ser la norma, lo es en los lugares civilizados, pero en México es la excepción absoluta. Ebrard enfrenta escándalos gravísimos y ahí sigue. Mario Delgado ha sido señalado en múltiples ocasiones y sigue. Adán Augusto López acumula señalamientos y sigue; Rocha es quizás el caso más cínico, pero ahí está Cuauhtémoc Blanco, Américo Villarreal, Marina del Pilar y tantos tantos más. La regla en el oficialismo no es dimitir; es aferrarse, insultar y llamar golpista a quien señala.
- El argumento de la soberanía, usado de esta manera, funciona en realidad como escudo para la impunidad del narco. La soberanía debería servir para proteger a los ciudadanos de amenazas internas y externas, no para garantizar que los laboratorios de metanfetaminas puedan operar sin interrupciones. Cuando se invoca la soberanía para proteger al crimen organizado de la acción del Estado, el concepto ya no es soberanía, es un tipo de complicidad en la que se hace participación. Antes sabíamos de gobernantes que se hacían de la vista gorda, hoy los vemos como parte del “negocio”.
- Maru Campos gobierna Chihuahua de modo ejemplar y si ha tomado decisiones difíciles para garantizar resultados en seguridad no debería ser un escándalo, es exactamente lo que se espera de una gobernadora. El escándalo real es que el gobierno federal tenga que importar el argumento de la soberanía para atacarla, en lugar de presentar sus propios resultados en materia de seguridad pública.
- Por último, es importante decir que en el México de hoy, renunciar es un acto de dignidad tan infrecuente que parece sospechoso; colaborar para desmantelar el narcolaboratorio más grande del continente es traición; y proteger al crimen organizado con el argumento de la no-intervención es soberanía. El lenguaje se ha invertido tanto que parece un diccionario escrito al revés. Pero al final del día los ciudadanos de Chihuahua saben cuántos laboratorios operaban antes, cuántos operan ahora y quién hizo qué al respecto. Eso no se puede reescribir.
La historia tiene la costumbre de acomodar las cosas en su lugar. No siempre rápido, no siempre sin costo, pero las acomoda. Y en este caso lo que quedará registrado es quién actuó frente al narco y quién le llamó traidor por hacerlo.
En el Senado incluso han amenazado con mandar a juicio a la gobernadora si no asiste… qué situación… sería muy divertido que la encarcelaran por combatir al crimen organizado, así no habría duda de quiénes integran los bandos y seguro tendríamos pronto una presidenta de la República de Chihuahua.