El capítulo digital del TMEC establece compromisos relevantes: prohibición de aranceles a productos digitales, no discriminación en el trato a contenidos digitales, reconocimiento de firmas electrónicas, protección a consumidores en línea y obligaciones generales en materia de protección de datos personales. En términos comparados, es un texto bien construido. Pero el problema no está en lo que dice, sino en lo que no ha ocurrido desde que entró en vigor: su implementación efectiva sigue siendo limitada y desigual.
En este contexto, una renegociación profunda del capítulo digital no parece ni probable ni deseable. Lo que sí está en juego es la posibilidad de que México defina una postura estratégica coherente en un conjunto de temas interconectados —ciberseguridad, inteligencia artificial, protección de datos, pagos digitales y flujos transfronterizos de información— antes de que la dinámica negociadora los trate de forma desarticulada.
La revisión del tratado pone sobre la mesa una oportunidad que México no debería desaprovechar. La oportunidad no es para reabrir y discutir lo ya acordado, sino para cerrar la brecha entre el texto jurídico y la realidad económica del comercio digital en la región. Hacerlo exige reconocer que varios de los temas pendientes no son independientes entre sí, y que una aproximación fragmentada producirá resultados insatisfactorios.
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La ausencia de estándares regionales comunes en materia de ciberseguridad es, hoy por hoy, la vulnerabilidad más urgente de atender en el marco del comercio digital trilateral. Mientras las amenazas cibernéticas crecen en sofisticación y frecuencia, la región carece de un piso normativo compartido que permita respuestas coordinadas. Señales recientes resultan ilustrativas: la inclusión de obligaciones sobre proveedores de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Argentina, anticipa el tipo de exigencias que México podría enfrentar. Ignorar esta tendencia sería un error de cálculo estratégico.
Por otra parte, la regulación de la inteligencia artificial en el contexto del TMEC ha pasado de una etapa exploratoria, a una en la que aparentemente ya está lista una iniciativa de ley. En el marco del capítulo digital se discute la posibilidad de incorporar un anexo de principios, aunque hay razones para considerar que las disposiciones de IA podrían articularse de manera más eficaz en el capítulo de competitividad. Esta distinción no es menor: implica enfocar la conversación en el uso productivo de la IA y en sus implicaciones para las cadenas de valor integradas regionalmente, más que en su regulación como fenómeno tecnológico.
En materia de protección de datos personales, la situación de México es particularmente delicada. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha ampliado la brecha entre los compromisos asumidos en el tratado y la realidad institucional del país. Y la pregunta de fondo —si México transitará hacia estándares más alineados con el modelo norteamericano o buscará convergencia con el esquema europeo— sigue sin responderse. Mientras esa definición no ocurra, el país navega en una zona de incertidumbre que inhibe tanto la inversión como la confianza de los socios comerciales.
Más allá de los ejes anteriores, hay tres asuntos que demandan atención estratégica inmediata:
La interoperabilidad de los sistemas de pagos electrónicos entre los tres países no es un tema técnico secundario: es la condición práctica para que el comercio digital funcione sin contravenir los marcos jurídicos. Sin ella, los mejores compromisos legales quedan atrapados en la fricción operativa.
La tensión entre el libre flujo transfronterizo de datos y las aspiraciones de soberanía tecnológica se perfila como uno de los ejes más complejos de la negociación. No es un conflicto resoluble con fórmulas genéricas: requiere que México defina su posición con claridad, sabiendo que ambos extremos tienen costos importantes.
El concepto mismo de comercio digital necesita ampliarse para incluir los servicios entregados digitalmente. México tiene potencial exportador real en este segmento —desde servicios profesionales hasta contenidos creativos— pero carece de una estrategia para capitalizarlo en el marco del TMEC.
Finalmente, la reestructuración y ubicación del llamado "cuarto de junto" —el mecanismo de interlocución entre el gobierno y el sector privado durante las negociaciones comerciales— como órgano meramente consultivo que opera lentamente a través de las cámaras sectoriales, ha reducido significativamente la capacidad de incidencia directa del sector productivo en las negociaciones. Una de las implicaciones es que se negocie sin tener conocimiento suficiente sobre los impactos económicos y sociales de las decisiones sobre la actividad económica de México y su población.
Hay muchas incógnitas dentro y fuera de las mesas de negociación, ya nos iremos enterando.