El derrame petrolero más irresponsable que la sociedad civil especializada denunció, inició el 6 de febrero de 2026, en los oleoductos del complejo de Cantarell frente a las costas del estado de Campeche en el Golfo de México, organizaciones no gubernamentales desde ese entonces y hasta la fecha, lo atribuyeron a la empresa petrolera más grande de Latinoamérica “Petróleos Mexicanos” (PEMEX).
Varios monitoreos satelitales, con imágenes de acceso público, la reparación de un oleoducto por un barco en esa zona, la cadena humana de mando y las bajas de presión de los oleoductos, aunado a las denuncias de muchos pobladores de lugares pesqueros vecinos de los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. El daño ecológico es de más de 900 kilómetros de litoral del Golfo de México.
Después de muchas negaciones del derrame a cargo de la empresa petroquímica mexicana; de una gobernadora que dijo que eran gotitas de chapopote, trataron de decir que eran chapopoteras; resultó evidente que el daño en materia ecología y la contaminación era insostenible; esto acelera el cambio climático, han muerto varias especies marinas, flora y fauna de manglares, etc. Y todo fue a cargo de PEMEX sin que se haya dado una sanción en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) cuya base es que el que contamina paga.
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Sin duda estamos en presencia de delitos medioambientales y la necesidad de aplicar la mitigación del daño; el que contamina paga, ello sin descartar las sanciones administrativas a la empresa y sus mandos. Hasta ahora solo hay tres renuncias de empleados de medio pelo; que nada resuelven.
De forma y fondo México (todas sus instituciones en el ramo energético, petroquímica, ambiental, anticorrupción, seguridad y justicia) debe tomarse más en serio estos eventos ya que PEMEX tiene en activo al menos 5 derrames y un sin número de accidentes en sus instalaciones unas por viejas sin mantenimiento y otras por nuevas y mal hechas. Los acontecimientos recientes entre incendios, derrames, falta de control y mando de los directivos que se justifican en falta de conocimiento; lo cual es dudoso y que por ello el titular de PEMEX aceptó la responsabilidad del derrame 69 días después; todo lo cual implica gasto multimillonario a cargo del erario público aunado a la responsabilidad ambiental que será saldo pendiente por los próximos 20 años.
Nota al pie de página
En materia de desaparecidos; habrá mucho más que analizar después de la reunión que tuvo el Alto Comisionado en materia de Derechos Humanos con la PresidentA.