México tiene una carga histórica en materia de desaparición forzada es un tema post revolucionario; asociado a prácticas en contra de movimientos antioficialistas como el de los estudiantes del 68 y 71; conductas que se les atribuyen a las fuerzas armadas; en la evolución del fenómeno delictivo se ha usado como táctica de guerra de guerrillas entre grupos rivales; en teoría es entre delincuentes y agentes del estado en este sentido México había tenido sólo brotes en la zona de tierra caliente (Michoacán y Guerrero) poco documentado y asociado al movimiento de Lucio Cabañas y en Chiapas en la época de incursión del EZLN, igual sin mucha evidencia documental; excepto por notas periodísticas de la época y el boca a boca de las personas de la época y la región. En razón de la temporalidad y las condiciones políticas del régimen hegemónico del Partido Revolucionario Institucional la penalidad no era tan grave.
El parteaguas del delito de desaparición forzada es producto de dos condicionantes; por un lado, el combate a la delincuencia organizada, que fue muy frontal del 2006 al 2018, que implicó que entre las organizaciones se dieran enfrentamientos y lo que hacían era ocultar los cadáveres; el proceso de reclutamiento delincuencial también ya documentado ha sido forzado; los ejemplos de esta evolución del delito de desaparición forzada se amplió a entre particulares; sin que desapareciera la de por agentes del Estado. Ejemplos fatídicos de esta evolución hay muchos; los migrantes desaparecidos en San Fernando Tamaulipas, Ayotzinapa, caso Pozolero en Baja California, pero el fenómeno de la desaparición forzada entre particulares no ha tenido un corte de caja; el ejemplo es Rancho Izaguirre, etc., es decir, al día de hoy se tienen documentados actividades delictivas asociadas al fenómeno de la desaparición forzada entre particulares con penalidades ejemplares; pero la práctica no se ha logrado ni prevenir, investigar, sancionar y erradicar; lo cual le corresponde al Estado.
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De forma y fondo, una relatoría similar; pero más profunda y profesional han hecho expertos independientes e internacionales del Comité contra la desaparición forzada (CED) de la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); compuesto por 10 integrantes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Examina informes de estados, recibe denuncias, solicita acciones urgentes de búsqueda y emite recomendaciones para prevenir este delito. A pesar de que este comité hizo un sin número de visitas y recomendaciones al Estado mexicano; poco se ha hecho ya que el número de desaparecidos oscila entre 90 y 130 mil desaparecidos y en aumento día a día. Es por ello que el CED en días pasados le solicitó a la asamblea de la ONU que se establezca como punto de acuerdo la situación de México, frente a este delito por considerarlo sistemático y permanente. La respuesta fue la negación; sin embargo, esto resultará poco efectivo y eficiente para evitar el extrañamiento, lo curioso es que cuando la extracción de Maduro en Venezuela, al más alto nivel se convocó la intervención de la ONU. Entonces veremos qué tan autoreceptivos somos ante esta nuestra realidad en el fenómeno delictivo de la desaparición forzada.
Nota al pie de página
Es lamentable que un “médico” sin el mayor cuidado ponga sueros y eso les cueste la vida a ocho personas en Sonora; debe de haber intervención de COFEPRIS; mi reconocimiento al Fiscal General de Justicia de ese estado por resolver y atender el caso en muy poco tiempo.