España regularizará a medio millón de migrantes mientras Europa cierra fronteras. Detrás del decreto hay años de organización política migrante que al Gobierno de Pedro Sánchez le cuesta reconocer.
El 16 de abril de 2026, España abrió el plazo para que cerca de medio millón de personas en situación administrativa irregular soliciten su regularización. En las primeras 24 horas, el proceso ya registraba más de 13 mil solicitudes. Es una medida histórica, sí, por su dimensión y por el momento en el que sucede.
Seis años de trabajo de organizaciones sociales y colectivos migrantes articularon una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegó al Congreso respaldada por algo más de 900 mil firmas, impulsada por un espectro amplio que iba desde patronales y sindicatos hasta la Iglesia y plataformas autoorganizadas bajo el colectivo Regularización Ya. Aun así, quedó bloqueada en el Parlamento por falta de consenso político. El Real Decreto fue acordado finalmente entre PSOE y Podemos, retomando el espíritu de la ILP tras meses de negociación.
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El acuerdo fue el resultado de presión territorial, trabajo comunitario, litigación estratégica y una paciencia que se enfrentó a un sistema pensado para el desgaste político.
Desde el 2 de marzo, unas 200 organizaciones y sindicatos se incorporaron al Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería y podrán tramitar directamente las solicitudes de las personas a las que asesoran. Son estas organizaciones, la mayoría fundadas y operadas por migrantes, las que están haciendo el trabajo de campo real: orientar sobre documentos válidos, gestionar casos de vulnerabilidad, acompañar a quienes no saben navegar una burocracia que no fue diseñada para facilitar nada.
Además, lo hacen sin los recursos que el Estado tampoco ha garantizado. En comunidades como Madrid, hay instrucciones administrativas activas para bloquear citas y borrar expedientes que permitirían acceder a documentación necesaria para tramitar la solicitud. El mismo sistema que abre la puerta con una mano la empuja con la otra. El trabajo de acompañamiento seguirá recayendo, como siempre, en quienes llevan años construyendo redes de apoyo mutuo sin financiación estructural ni reconocimiento institucional.
Quiénes son los 500.000
Por origen, la migración irregular en España está compuesta mayoritariamente por personas procedentes de América Latina, que representan entre el 50 y el 60 por ciento del total. Esto no es un detalle menor para nuestra región. La regularización española es, en términos prácticos, una política migratoria con impacto directo sobre comunidades que salen de México, Centroamérica y Sudamérica.
La autorización obtenida dará derecho a trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año. No otorga la nacionalidad ni la residencia permanente. Es un primer paso administrativo, renovable, que sin embargo transforma radicalmente la posición de quienes durante años han sostenido sectores enteros de la economía española desde la informalidad.
El ruido europeo
España toma esta decisión en un momento de endurecimiento sin precedente de la política migratoria europea. La regularización va en sentido contrario a la tendencia dominante en la UE, que en los últimos meses ha ampliado mecanismos de deportación, restringido el concepto de país seguro y acelerado los procesos de expulsión. Bruselas expresó reservas. La Comisión Europea recibió la medida como legal, pero incómoda.
Eso tiene un valor que va más allá de España. Los países de origen y tránsito, México incluido, son presionados permanentemente para adoptar el enfoque europeo de contención. España acaba de demostrar que ese enfoque no es la única política posible y que tiene costos de legitimidad que incluso gobiernos europeos empiezan a calcular. El modelo de regularización no resuelve nada automáticamente, pero sí abre grietas en el consenso securitario que parecía inamovible.
Sería un error leer esto solo como una victoria. La regularización tiene un plazo de solicitud de apenas dos meses y medio, del 16 de abril al 30 de junio, un período que las propias organizaciones reclamaron ampliar por la falta de recursos, los obstáculos burocráticos y las barreras idiomáticas. El Estado que aplaudió a los movimientos sociales en el acto de anuncio es el mismo que no asigna personal suficiente en las oficinas de Extranjería para procesar las solicitudes.
Lo que sí es incontestable: el movimiento liderado por migrantes incidió en la actividad parlamentaria y promovió el debate público necesario para culminar en este logro colectivo. La organización política desde los márgenes puede torcer, aunque sea parcialmente, la lógica del sistema.
Los papeles los están consiguiendo ellas, las migrantes, desde sus puntos de información, en sus jornadas dobles y triples de acompañamiento. El Estado llegará después, a firmar.