El título de esta columna es una pregunta trampa, por supuesto que sí hay que marchar, y seguiremos haciéndolo. Pero también es una interrogante importante.
Importa porque cada 8 de marzo el trending topic dura exactamente 24 horas. Importa porque las fotos con el pañuelo morado se multiplican en los perfiles de funcionarias que aprueban presupuestos con recortes a refugios para víctimas de violencia y militarizan el país. Importa porque hay empresas que ponen sus logos morados y le llaman a eso, compromiso. Y sobre todo importa porque mientras el activismo de escaparate florece, la extrema derecha avanza, organizada, financiada y con una agenda concreta que incluye arrasar con los derechos logrados.
En los últimos tres años, la ultraderecha ha llegado al gobierno o ganado terreno electoral significativo en Argentina, Honduras, Chile y El Salvador. Este avance viene con estrategias comunes, financiamiento transnacional y el objetivo de desmantelar los marcos normativos que, con todas sus limitaciones, representan décadas de lucha feminista. El ataque a la educación sexual integral, la criminalización del aborto, la narrativa anti-género y anti-feminista son su aglutinante político.
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Frente a eso, ¿qué hacemos el 8 de marzo?
Marchar sigue siendo necesario. Ocupar las calles y los espacios públicos tiene una función política que no puede ser reemplazada: visibiliza, territorializa, crea comunidad, y mide fuerzas. Pero la marcha sola, sin tejido previo y sin agenda posterior, se queda en la foto de redes y poco más. El problema no está en que salgamos a la calle, ni si salimos alegres, rabiosas, celebrando o rompiendo. El problema es si confundimos la marcha con la lucha.
El trabajo de base es otra cosa. Es la organización de colonias, barrios y comunidades que defienden el acceso a la vivienda frente a la especulación inmobiliaria. Es el acompañamiento a mujeres en procesos legales que duran años. Es la formación política de largo aliento que construye cuadros aunque no sean influencers. Es la defensa del territorio que en América Latina sigue siendo, literalmente, mortal: según Global Witness, las mujeres defensoras de la tierra representan una proporción creciente de las personas activistas asesinadas en la región. En México, en Honduras, en Colombia, defender el agua o el bosque cuesta la vida.
Ese trabajo no se vuelve viral ni genera contenido aspiracional, definitivamente no gana pautas de contenido. Y precisamente por eso corre el riesgo de quedar invisible frente a un feminismo cada vez más capturado por el marketing.
El antídoto no es buscar purismos políticos, sino precisión. Tener claro por qué luchamos: ¿Vivienda digna, salarios, acceso a tierra, fin de la violencia, cuidados reconocidos económicamente? Las demandas concretas y materiales son las que construyen alianzas amplias, las que llegan a mujeres que nunca se identificarán con el término feminismo pero que saben perfectamente lo que es no tener dónde vivir, trabajar doble jornada sin poder llegar a final de mes, o tener miedo de llegar a casa.
En un contexto de ofensiva conservadora sostenida, el trabajo comunitario, la red de apoyo mutuo, la presencia territorial, serán más relevantes en los próximos años que cualquier campaña viral. No porque las redes no importen, sí importan, pero si no tienen base ni raíz, son frágiles, el algoritmo censura, las cuentas y posteos desaparecen. Lo que no se puede borrar es una red de vecinas que saben cuidarse, organizarse y moverse juntas.
Entonces, ¿marchamos el 8M? Sí. Y el 9. Y el 15. Y el martes que viene en la asamblea del barrio, y en la reunión con la diputada, y en el grupo de Telegram donde se comparte información sobre el desalojo que viene. Porque nuestra batalla es por la vida misma.