En 2027 el Instituto Nacional Electoral podría enfrentar uno de los mayores retos de su historia reciente: organizar, al mismo tiempo, la elección de diputaciones federales y la elección del Poder Judicial. Aunque la concurrencia de comicios no es nueva en México, este caso es distinto por una razón clave: no se trata de elecciones iguales ni compatibles entre sí.
Por un lado, está la elección federal intermedia, con partidos políticos, campañas, representantes en casilla y una lógica ampliamente conocida por la ciudadanía. Por el otro, la elección del Poder Judicial, donde los partidos tienen expresamente prohibida cualquier participación. Dos modelos distintos, con reglas distintas, que hoy se pretende organizar el mismo día y bajo la misma estructura.
El primer problema es evidente: la organización. Instalar casillas para ambos procesos requerirá más espacios, más personal y más tiempo. Si no pueden colocarse en el mismo domicilio, localizar nuevos inmuebles será una tarea aún más compleja para el INE y su personal en campo. Y si sí comparten espacio, surge otra pregunta incómoda: ¿cómo evitar confusiones sobre dónde pueden o no estar los representantes de los partidos? No es un riesgo hipotético; ya ocurrió en elecciones concurrentes recientes, los resultados en Veracruz y Durango son evidentes.
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A esto se suma la carga sobre la ciudadanía que participará como funcionaria de casilla. En algunos lugares podría ser necesario integrar hasta tres Mesas Directivas distintas el mismo día. Más personas que capacitar, más información que dominar y más presión durante la jornada electoral y los cómputos.
La logística tampoco es menor. Más de 400 millones de boletas entre ambos procesos implican mayores espacios de resguardo, más controles de seguridad y una presión adicional sobre juntas distritales y locales que ya operan al límite de sus capacidades.
Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, la ley establece que los cómputos distritales de una inician el miércoles, mientras que la judicial inicia el mismo día. Esto colocaría a los consejos distritales ante una duplicidad de funciones prácticamente imposible de atender sin ajustes normativos o sin crear estructuras paralelas.
Frente a este escenario, vale la pena hacerse una pregunta de fondo: ¿forzar la concurrencia fortalece la democracia o pone en riesgo la calidad de nuestras elecciones? Tal vez sea momento de discutir, con seriedad y sin prejuicios, la posibilidad de diferir la elección del Poder Judicial. No por comodidad institucional, sino para garantizar procesos bien organizados, claros para la ciudadanía y dignos de la confianza pública.
Porque una democracia sólida no solo se mide por la cantidad de elecciones que conviven en una fecha, sino por la calidad con la que se organizan y el respeto que muestran hacia quienes participan en ellas.