En nuestro país las elecciones son ciudadanas. En cada proceso se incorpora temporalmente un ejército ciudadano que es un puente entre el órgano electoral, la ciudadanía sorteada para integrar las Mesas Directivas de Casilla y el territorio en que se desarrollan las elecciones. Son las personas supervisoras y capacitadoras asistentes electorales encargadas de visitar, convencer, notificar y entregar nombramientos a la ciudadanía sorteada. Ellas recorren el territorio, identifican puntos de referencia, posibles espacios donde se instalarán las casillas, también son responsables de la distribución de materiales electorales a las presidencias de las Mesas Directivas de Casilla previo a la jornada electoral.
Durante el día de elección entre sus funciones se encuentra nutrir al Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), que permite conocer en tiempo real los avances en la instalación de las casillas y sus incidencias. En la etapa de resultados, se encargan de recoger los paquetes con los votos para trasladarlos a la sede distrital y participan en los cómputos de los Consejos Distritales.
En el pasado Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 participaron 49 mil 780 personas capacitadoras asistentes y supervisoras electorales, las cuales visitaron a más de 12 millones 940 mil 605 personas. Mientras que para la elección del Poder Judicial de la Federación se requirieron a 24 mil 893 personas capacitadoras asistentes y supervisoras electorales, quienes acudieron a los domicilios de 987 mil 334 ciudadanas y ciudadanos.
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Todas estas actividades resultan de vital importancia para organizar los procesos electorales acorde con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Sin embargo, su contratación se complejiza ya sea por la falta de competitividad de los sueldos que ofrece el INE frente a otras instituciones, las dinámicas socioeconómicas de estados con alta migración o actividades económicas como el turismo y la maquila, e incluso el interés de la ciudadanía en laborar en los temas electorales.
Por ello, es que para completar las plantillas de las personas capacitadoras asistentes y supervisoras electorales y la lista de reserva se pueden diseñar nuevas estrategias como por ejemplo establecer convenios con las escuelas de educación media superior y superior para que sus estudiantes puedan participar en estas tareas bajo el esquema de liberación del servicio social o prácticas escolares.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, al 2025 estudiaban la universidad 5.5 millones de estudiantes. Población que podría ver en la labor electoral un espacio para experimentar sus primeras incursiones laborales, y cumplir algunas facetas de su desarrollo profesional a la vez que fortalece su participación en la democracia. Esta podría ser una forma de fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas, la ciudadanía, el INE y los OPL.
Esta propuesta, además, tendría que estar acompañada de honorarios más competitivos, particularmente en entidades con vida cara o con zonas que presenten una mayor dificultad para integrar las listas o altos índices de vacancias; e incluso establecer la recontratación de aquellas personas capacitadoras asistentes y supervisoras electorales que deseen continuar para próximos procesos electorales.
Estos son solo algunos planteamientos que podrían facilitar una de las actividades de mayor relevancia en la organización de los comicios como lo es el reclutamiento y contratación de quien saldrá a realizar el intenso trabajo de campo que implica encontrar a la ciudadanía y espacios necesarios para la realización de la jornada electoral.