La figura de Emiliano Zapata ocupa un lugar central en la memoria histórica de los mexicanos. Tras su asesinato, el 10 de abril de 1919, su imagen –pese a los esfuerzos del carrancismo por reducirla a la de un bandolero– se convirtió en objeto de una disputa persistente entre un mito oficial, promovido por el Estado como emblema de la justicia agraria, y un mito rebelde, sostenido por comunidades campesinas y movimientos sociales como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), vigente en Chiapas.
La Revolución Mexicana estuvo profundamente ligada al problema de la tierra, al grado de que los Carrancistas se vieron obligados a promulgar la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 que, como recordaría Luis Cabrera años después, tuvo el objetivo preciso de “arrebatarle al zapatismo la bandera del agrarismo”, además de incorporar los postulados básicos del artículo 27 de la Constitución de 1917.
Sin embargo, ante la persistencia de la guerrilla campesina en Morelos, el gobierno carrancista diseñó y ejecutó un plan para asesinar a Zapata, consumado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, donde cayó en una emboscada preparada por Jesús Guajardo. Se trató de un crimen de Estado, decidido en la cúpula del poder, orquestado por el general Pablo González y del que estuvo enterado el presidente Venustiano Carranza, como ha señalado el historiador Felipe Ávila.
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Tras el asesinato, el cadáver de Zapata fue cargado en una mula y trasladado a Cuautla. Al llegar, el general González examinó con una linterna el rostro y confirmó su identidad. De inmediato envió un telegrama a Carranza para informar del éxito de la operación y recomendó el ascenso de Guajardo a general de brigada.
Entre una multitud ruidosa que se empujaba, el cadáver de Zapata fue llevado al cuartel de la policía local. Allí permaneció hasta la llegada de los enviados especiales de los periódicos El Universal, Excélsior, El Pueblo y el Demócrata, convocados por González, quienes tomaron fotografías y obtuvieron una extensa información sobre los hechos.
En Cuautla, según la crónica de John Womack, el general González se pasó el viernes y el sábado arreglando una publicidad local para el cadáver. Hizo inclusive que cámaras de cine fotografiaran el entierro del sábado por la tarde, en el cementerio de Cuautla. El espectáculo, pensó, disiparía todas las dudas que quedasen acerca de si había sido Zapata muerto, y esto socavaría la resistencia de los zapatistas supervivientes y desalentaría a los campesinos que dejarían de protegerlos.
Para decepción de González, el rudo golpe del asesinato no quebrantó el espíritu local. En Cuernavaca apareció una consigna grabada en un poste de los Jardines Borda: “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas”. Ni la exhibición del cadáver ni el despliegue oficial lograron disipar las dudas. En los pueblos de Morelos, muchos se resistieron a creer que Zapata hubiera muerto.
Comenzaron a circular extrañas historias, relató Womack. Una decía que Zapata era demasiado astuto para caer en una trampa, había enviado a un subordinado a la reunión fatal; por eso, el cadáver exhibido no sería el suyo. Zapata tenía una verruga en la mejilla derecha, o una marca de nacimiento en el pecho, o le faltaba la punta del dedo meñique de la mano que sostenía la reata, o algo, lo que fuese, que el cadáver exhibido por González no tenía.
Pronto surgieron historias aún más extrañas. Algunos afirmaban haber visto el caballo que montaba el día de su muerte, el alazán regalado por Guajardo, galopar sin jinete por las montañas. Otros decían haber visto al propio Zapata, solo, cabalgando hacia el sur, rumbo a Guerrero.
Tras el asesinato de Carranza en 1920, el gobierno de Álvaro Obregón intentó reconciliarse con los zapatistas sin adoptar plenamente el Plan de Ayala. Antonio Díaz Soto y Gama, fundador del Partido Nacional Agrarista en 1920, afirmaba que Obregón había sido el primer presidente “que se atrevió a montar el potro bruto del agrarismo”, pero se opuso firmemente al intento de Lázaro Cárdenas, en 1938, de trasladar los restos de Zapata al Monumento a la Revolución.
Por décadas, el régimen priista incorporó a Zapata al relato de la Revolución institucionalizada, presentándolo como símbolo de una justicia agraria cumplida. Sin embargo, esa apropiación fue incompleta, ya que en el campo persistieron desigualdades y movimientos campesinos independientes, que fueron integrados al corporativismo –como la Ugocem y la CCI- o reprimidos, como ocurrió con los jaramillistas en Morelos y con la CIOAC, vinculada al Partido Comunista.
En 1979, bajo la presidencia de José López Portillo, se intentó nuevamente trasladar los restos de Zapata al Monumento de la Revolución, pero la iniciativa fue frenada por integrantes del Movimiento Nacional Plan de Ayala, encabezado por Mateo Zapata Pérez.
El caso más evidente de esta resistencia simbólica es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), surgido en 1994, que hasta hoy se ha negado a reconocer al gobierno morenista. Al retomar el nombre del Caudillo del Sur, el movimiento no sólo evocó una memoria histórica, sino que cuestionó directamente la narrativa estatal.
Desde entonces, cada intento gubernamental por incorporar a Zapata al discurso oficial se enfrenta a una realidad persistente en el campo mexicano, donde existe “una herida espantosa y una realidad intolerable”, admitió el actual secretario de Agricultura, Julio Berdegué, de tener 6 millones de personas en pobreza extrema, además de los conflictos agrarios, la desigualdad y el minifundio abandonado.
En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador declaró el Año de Zapata y realizó actos conmemorativos en Ayala, Morelos, en un contexto marcado por la protesta por el asesinato del activista Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos. Ese mismo año, una exposición en Bellas Artes generó polémica por la representación feminizada de Zapata, lo que provocó movilizaciones campesinas y frenó otro intento de trasladar sus restos al Monumento a la Revolución.
Más recientemente, en el 107 aniversario luctuoso de Zapata, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el pasado viernes el Museo de Mujeres Zapatistas en Ayala y una ceremonia luctuosa en Chinameca. Sin embargo, estas celebraciones estuvieron acompañadas de protestas de pueblos indígenas que denunciaron la falta de justicia para Samir Flores y criticaron proyectos como la termoeléctrica de Huexca, considerados contrarios al legado zapatista.