El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer se ha desarrollado en nuestro país, como un movimiento social, intelectual, de reclamo, de exigencia y de diversas expresiones que apuntan en un solo sentido: la necesaria igualdad sustantiva en nuestro país que, si bien ya está incorporado en nuestro cuerpo normativo, ésta no podrá ser plena en tanto siga existiendo la violencia de género.
En particular, la violencia política contra las mujeres en razón de género sigue siendo una realidad alarmante que irrumpe el pleno desarrollo de las mujeres, nuestra participación y presencia en la representación de cargos de elección popular y en el ejercicio mismo de la función pública.
Por ello, resulta fundamental abordar el terrible impacto que tiene esta violencia en una sociedad como la nuestra en que sigue imperando el machismo, la discriminación contra las mujeres y la desigualdad de género.
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De acuerdo con un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 35% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en sus vidas; cifra que se eleva en los contextos políticos. En América Latina de acuerdo con un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya apuntaba desde 2021 que, en varios países, alrededor del 60% de las candidatas mujeres a un puesto de elección popular manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia.
La violencia política contra las mujeres en razón de género no solo tiene una afectación importante hacia las mujeres, también a la participación ciudadana que no puede manifestarse de manera plena cuando ve discriminación y violencia contra las mujeres.
Este fenómeno que carcome nuestra democracia tiene un efecto muy nocivo en la participación política de las mujeres ya que, quienes sufren violencia psicológica, física, económica, sexual, digital, entre otras, se ven obligadas a no participar o incluso a retirarse de la vida pública, lo que provoca que se perpetúe la desigualdad en los géneros.
Un análisis del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), refiere que alrededor del 70% de las mujeres que en algún momento han sido víctimas de violencia política deciden no volver a participar o postularse en algún cargo de elección popular; dato por demás demoledor.
La falta equitativa y paritaria de la representación femenina en la esfera pública limita la calidad de nuestra democracia y se manifiesta entre otros aspectos, en legislaciones discriminatorias que no consideran aspectos como la perspectiva de género, o políticas públicas inequitativas que carecen de perspectiva de género.
La Red de Mujeres de América Latina y el Caribe ha señalado que la violencia política contra las mujeres genera un clima de miedo que afecta su capacidad para ejercer sus derechos y participar activamente en la representación política.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado una serie de medidas para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar esta problemática. Así, ha desarrollado una serie de acuerdos que van desde Reglamentos para la presentación de Quejas y Denuncias; Lineamientos para la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género; Criterios para garantizar el principio de paridad; Lineamientos para garantizar financiamiento y espacios en radio y televisión para las candidatas con el objetivo de prevenir la violencia de género; Protocolos de atención a víctimas, entre varios más.
Asimismo, ha implementado campañas y cursos de concientización y sensibilización que buscan visibilizar el devastador efecto de la violencia de género, así como de la importancia de la igualdad en el ámbito político.
El INE ha establecido también mecanismos de denuncia para las mujeres que enfrentan violencia, entre varias acciones más. Sin embargo, es necesario conjuntar esfuerzos ya que uno de los principales obstáculos es la falta de información clara y oportuna para identificar y denunciar la violencia política de género; sin información precisa, es muy difícil construir políticas efectivas y evaluar el impacto de diversas determinaciones.
Lo que sigue y hace falta, de entrada, ahora con la presentación de la iniciativa de Reforma Electoral, es, por ejemplo, fortalecer y endurecer las sanciones en materia de violencia de género para visibilizar y proteger los derechos de las mujeres y su participación plena en la representación política y el espacio público.