INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DEL INE

Elementos indispensables para defender la independencia y autonomía del INE

El INE debe ser respaldado por un marco legal robusto que proteja su capacidad de actuar, de tomar acuerdos de manera colegiada y sin interferencias externas que puedan perturbar o interferir en sus decisiones. | Carla Humphrey

Escrito en OPINIÓN el

El Instituto Nacional Electoral (INE) fue creado en 2014 con los cimientos del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), y desde su creación el Legislativo estableció que la máxima autoridad electoral administrativa del país se constituyera, al igual que su antecesor, como un organismo autónomo, con el objetivo de que tuviera la alta responsabilidad de garantizar la imparcialidad, legalidad, equidad y transparencia en los procesos electorales que se desarrollan a lo largo y ancho del país.

En este contexto, el INE ha sido una institución fundamental para que las elecciones federales de los años 2015, 2018, 2021 y 2024; las elecciones locales de 2014 a la fecha así como la primera elección del Poder Judicial y diversos ejercicios de democracia directa que se han desarrollado con apego a la legalidad, con certeza, equidad en las campañas electorales, siempre bajo un enfoque de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad lo que fortalece, además, nuestro sistema democrático.

En este sentido, ante la presentación de los 4 ejes y 10 temas para la Reforma Electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina del pasado 25 de febrero, y sin conocer aún el texto de la iniciativa que se señaló que se presentaría la semana entrante, un aspecto que debe prevalecer es que el INE siga contando con la independencia y autonomía constitucional para garantizar elecciones libres y que solo el voto de las y los ciudadanos defina la integración del poder público para los próximos años.

Por ello, el INE debe ser respaldado por un marco legal robusto que proteja su capacidad de actuar, de tomar acuerdos de manera colegiada y sin interferencias externas que puedan perturbar o interferir en sus decisiones.

Si hacemos una revisión cuidadosa de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte claramente la amplitud y alcances de todas y cada una de las facultades del INE, mismas que para su plena ejecución requiere actuar con absoluta independencia y autonomía como lo ha hecho hasta ahora.  

No obstante, es necesario que el INE cuente con una serie de elementos que le permitan actuar con toda la fortaleza institucional. El primero de ellos está relacionado con que cuente con los recursos financieros y humanos suficientes. La iniciativa presentada considera de manera general un decremento del 25% en el costo de las elecciones: INE, partidos políticos, institutos electorales locales y tribunales electorales. En su oportunidad habremos de analizar esta propuesta.

Lo ideal es que la asignación presupuestal que le otorga la Cámara de Diputadas y Diputados al INE esté basada en un piso mínimo que resulte vital para el funcionamiento del INE y que se encuentre atado a un porcentaje del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Asimismo, el presupuesto del INE debe estar acorde al cúmulo de funciones normativamente asignadas. Si el INE se ve limitado en un presupuesto o es insuficiente puede repercutir en las metas de diversos proyectos o incluso en las estrategias que ha determinado, por ejemplo, para modernizar diversos procedimientos electorales como lo es la Estrategia de Transformación Digital, el uso del voto por internet, la consolidación de la credencial para votar y los listados nominales de personas electoras digitales, las determinaciones para alcanzar la paridad libre de violencia de género, entre otras. La calidad de nuestras elecciones puede verse afectada si no se cuenta con los recursos necesarios para cumplir cabalmente con las obligaciones a cargo de la máxima autoridad electoral.

Otro aspecto fundamental es que las y los consejeros, a pesar de ser servidoras y servidores públicos, realicen su labor sin temor a represalias, es decir, que el INE no se sienta capturado o presionado en su actuar cotidiano. Existen vías impugnativas para que las determinaciones adoptadas por el INE puedan ser recurridas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien tendrá la última palabra.

La participación de la ciudadanía es un elemento indispensable también en la defensa de la autonomía e independencia del INE. La sociedad debe estar informada y comprometida con los procesos electorales y esto se logra, entre otros factores, con la importante labor que desarrolla el INE en materia de educación cívica. Entre mayor participación ciudadana,  mayor legitimidad y credibilidad del sistema electoral, de las personas que resulten electas y de las autoridades y participantes en las contiendas electorales.

Esperamos que en la discusión de la Reforma Electoral el INE se vea fortalecido en beneficio de nuestra democracia.

 

Carla Humphrey

@C_Humphrey_J