Ante la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la principal resistencia no ha surgido –como era previsble- de los partidos tradicionales de oposición, sino de las propias oligarquías partidistas aliadas, particularmente de quienes regentean el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), recordando aquel viejo refrán: “Cría cuervos y te sacarán los ojos”.
Nadie encarna mejor esta paradoja que Arturo Escobar y Vega, figura emblemática de la juniorcracia que dirige al partido Verde, quien ha advertido que las coaliciones “no son incondicionales” y ha dejado abierta la posibilidad de votar en contra de la iniciativa presidencial, asegurando que ello “no sería una traición”.
El PVEM, fundado en 1986 bajo el patrocinio de Jorge González Torres -un ex priista que supo edificar un modelo de negocio a partir de la democracia– se ha distinguido por su oportunismo político. Como señalan Paula Sofía Vásquez y Juan Jesús Garza, en su libro “La mafia Verde” (2023), en cuatro décadas de existencia solo ha competido en solitario en una elección presidencial y rara vez ha obtenido más del 10% de los votos a nivel nacional.
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El modelo mixto con representación proporcional, inventado por Jesús Reyes Heroles en 1977, surgió como una necesidad del gobierno priísta para legitimarse como un régimen democrático, abriendo el sistema político y dando voz a las minorías sin desmontar el presidencialismo. Con el tiempo, los plurinominales ayudaron a construir pluralidad y equilibrio en el Congreso.
Sin embargo, también generaron otra realidad: las dirigencias partidistas encontraron en las listas plurinominales una herramienta eficaz para mantener control interno. Se convirtieron en un seguro contra el desempleo para viejos políticos, un mecanismo para pagar lealtades y administrar cuotas de poder.
Los Verdes constituyen el mejor ejemplo de la deformación del sistema electoral mexicano, donde los plurinominales se convirtieron en exóticas criaturas –los “pluristeins”-, manteniendo una política pragmática basada en el chapulineo para establecer y disolver alianzas políticas y económicas con el PAN, el PRI –su aliado por más de 12 años– y recientemente con Morena.
El acceso al financiamiento público, contemplado en la ley electoral para los partidos políticos, así como otros recursos derivados del acceso a puestos de poder –desde regidurías en los ayuntamientos hasta gubernatura –, le ha permitido al PVEM, al igual que a otros grupos partidistas, transformar la antigua política de masas priistas en una de tipo clientelar, sustentada en una lógica de mercado donde las concentraciones, las marchas y las elecciones tienen precio.
El primero de julio de 2009, Escobar y Vega, entonces dirigente del PVEM, fue detenido en el Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez con un millón 100 mil pesos en efectivo. El dinero era transportado en un bolso de la marca Louis Vuitton que el político reconoció como suyo, pero no pudo acreditar la procedencia legal de los recursos.
Escobar, en una entrevista radiofónica, explicó que había viajado a Chiapas junto con 15 simpatizantes para impartir un curso de capacitación. Asimismo, señaló que Fernando Castellanos Cal y Mayor, entonces secretario de Procesos Electorales del comité estatal del PVEM en Chiapas, “era el que traía el dinero ya que iba a realizar una operación de compra-venta de un inmueble y después de eso pudo justificarlo”.
Sin embargo, de acuerdo con versiones difundidas en ese momento, Castellanos declaró ante la Policía Federal que el dinero se destinaría al pago de representantes del partido que operarían en las casillas electorales cuatro días después.
El episodio, característico de la tragicomedia política mexicana, generó una fuerte polémica pública y múltiples cuestionamientos sobre el origen y destino del dinero. Aunque el caso no derivó en una sentencia judicial –pese a las sospechas de presunto lavado de dinero-, quedó como un ejemplo del uso de efectivo en acciones políticas sin dejar registro formal.
Chiapas fue la primera gubernatura que el PVEM logró obtener en 2012, en alianza con el PRI y Nueva Alianza, tras negociar con estos partidos la cesión de la candidatura al gobierno estatal a favor de Manuel, el “Güero” Velasco Coello. Casi diez años después llegó la segunda gubernatura, en San Luis Potosí (2021), con Ricardo, el “Pollo” Gallardo. En el proceso electoral de este año, el PVEM respalda la candidatura de Ruth González Silva, esposa del mandatario potosino, en una estrategia de corte “hereditario” para mantener el control del Ejecutivo estatal.
En el Congreso, tras apoyar la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto en alianza con el PRI, los Verdes lograron 47 diputados y 9 senadores; sin embargo, en 2018 falló su oráculo al respaldar a José Antonio Meade, lo que se reflejó en el número de curules, que bajó a 16 diputados y 6 senadores.
Rápidamente corrigieron la plana y, en 2019 se incorporaron a la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena y el Partido del Trabajo, manteniendo una alianza provechosa que les redituó 62 diputados y 14 senadores, además de la gubernatura en San Luis Potosí.
La representación proporcional ha sido fundamental para la existencia y reproducción del PVEM, al permitirle mantener una presencia legislativa constante. Reducir esos espacios, como plantea la reforma electoral, significaría depender más del voto directo y menos de los acuerdos cupulares.
Además, una mayor vigilancia en el uso de recursos implica un margen más estrecho para operar con discrecionalidad. Un menor presupuesto también reduce la capacidad de movilización y negociación política.
En ese contexto, la resistencia de los Verdes no sorprende. En términos de pesos y centavos, Escobar y Vega ha demandado que la reforma garantice equidad en las contiendas, pero sobre todo en el financiamiento. Para resolver la disparidad, propone que todos los partidos reciban los mismos recursos, tomando como base los 650 millones de pesos que actualmente recibe el Partido del Trabajo.
Al final, el debate en torno a la reforma política no se agotará en cifras ni en discursos sobre equidad. Se definirá en la correlación de fuerzas que prevalezca en el Congreso y en la disposición de cada bancada a asumir el costo político de su postura. Como ha advertido la presidenta, “que cada quien se haga responsable de su voto”.