La salida de López Obrador de la presidencia hace 18 meses implicó el fin de los penosos espectáculos en las mañaneras en las que el presidente se preguntaba cuánto ganaba Loret y aprovechaba cada pregunta incómoda para hostigar a la prensa. Lamentablemente, lo que no cambió en este tiempo es el ambiente adverso para la libertad de expresión, que incluso se ha agravado en las últimas semanas.
Los casos están a la vista. Desde la continuación de la violencia, como ilustra el brutal atentado esta semana contra el periodista Oscar Merino en Oaxaca, hasta el creciente uso del poder judicial como herramienta para censurar. Tan solo en los últimos 15 días tuvimos los episodios de Miguel Alfonso Meza, que es señalado por haber consignado los antecedentes laborales y públicos de una candidata al Poder Judicial, hasta el penoso caso del debate en tribunales electorales por la revisión de lo que era una conversación privada en una plataforma como WhatsApp. Tema que finalmente fue echado para atrás, pero que quizá habría tenido un desenlace distinto de no ser por la presión social generada por este caso.
Para decirlo claro: en el sexenio de la presidenta Sheinbaum quizá cambió la forma de las agresiones contra el periodismo pero no se han ido.
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El tema es serio porque se suele dar por sentada la libertad de expresión y la experiencia muestra que no es así. Los intentos de censura desde el poder son permanentes, y si bien pueden cambiar las formas, en el fondo el deseo siempre es el mismo: controlar quién puede decir qué sobre los actores y los asuntos de interés público.
Tener consciencia de este tema resulta importante, primero porque cuando los periodistas e investigadores son censurados no solo pierden ellos en lo particular, sino que perdemos todos.
Si ya no se pueden señalar los antecedentes de una candidata al cargo que sea, por la amenaza del mal uso de la violencia política de género, los que perdemos somos los ciudadanos que dejamos de tener información para poder elegir.
Si nuestras pláticas privadas dejan de serlo, lo que se impone es una tiranía sobre lo permitido o no, incluso en espacios que deben estar ajenos a la lógica del espacio público.
Si la violencia sigue impune y se mantienen los actos de represión contra periodistas por su trabajo periodístico como ha denunciado Artículo 19, el resultado serán cada vez más zonas sin la vigilancia del periodismo, sin información ni capacidad de denuncia.
Resulta además estratégico hablar del tema pues la forma más efectiva de censura es la que no se ve, de la que no se habla, y en medio de tantos temas ocupando la agenda pública, no se alcanza a ver el mapa de amenazas que hoy enfrenta la libertad de expresión.
A 15 meses del proceso electoral más grande del país, más vale tener este tema en agenda, pues con la cercanía de las elecciones crecerán las presiones en contra de los medios, los intentos de censura, y la violencia contra el periodismo que incomoda al poder.