Cuando el SAT confirmó que Ricardo Salinas Pliego había pagado una primera parte de su deuda fiscal, unos 10 mil 400 millones de pesos de los más de 32 mil millones que adeudaba al erario, y la presidenta informó que esos recursos se destinarán a ampliar la Beca Gertrudis Bocanegra, la reacción más ruidosa en redes no fue para señalar la morosidad fiscal del empresario. El reclamo fue que el Estado le había cobrado coercitivamente lo que era -de acuerdo a sus defensores- suyo para redistribuirlo según sus propios criterios políticos. El argumento es que los impuestos, en el fondo, son una expropiación disfrazada de obligación legal.
Ese argumento tiene una tradición filosófica reconocible. Está en Locke, en Nozick, en la corriente libertaria que ha tenido un renacimiento notable en el discurso público global, desde los podcasts de economía hasta la gramática política de Javier Milei. En su versión más articulada sostiene que la riqueza que una persona genera es, antes que nada, propiedad privada, y que cualquier extracción de esa riqueza por parte del Estado requiere una justificación que va más allá de un simple acuerdo democrático. Es una posición coherente internamente, quizá. El problema es que su premisa es equivocada: porque la riqueza privada no se genera de forma autónoma, independiente del entramado social y estatal que la hace posible.
Salinas Pliego construyó su fortuna en mercados regulados por el Estado, con contratos protegidos por el sistema judicial, con consumidores formados en escuelas públicas, con infraestructura física y digital financiada colectivamente, y con una fuerza laboral que accede —precariamente, pero accede— a servicios sostenidos en parte por el erario. Los impuestos no son lo que el Estado extrae de la riqueza una vez creada. Son parte de la condición que la hizo posible. La deuda fiscal de este señor no era un exceso del gobierno sobre su propiedad privada: era una obligación pendiente con el sistema que habilitó esa propiedad.
Te podría interesar
Que esos recursos recuperados financien becas estudiantiles. o cualquier otro programa social, no es clientelismo. Es la función redistributiva del impuesto operando tal como fue diseñada.
Pero la pregunta que me parece más interesante no es sobre Salinas Pliego ni sobre política fiscal. Es sobre quiénes salieron a defenderlo.
Según el informe de Oxfam México publicado en enero de 2026, los 22 mil millonarios que hay en el país multiplicaron su riqueza 4.2 veces entre 1996 y 2025, mientras la economía mexicana en su conjunto ni siquiera duplicó su tamaño en el mismo periodo. Carlos Slim gana en un segundo lo que una persona promedio en México tarda una semana entera en ganar. Y el 50% más pobre de la población aporta alrededor del 45% de sus ingresos en impuestos, mientras que el 1% más rico contribuye con menos del 20%, es decir que la carga fiscal ya opera, en la práctica, de forma inversa al principio redistributivo que se supone debe orientarla.
Frente a ese panorama, resulta llamativo que la indignación más intensa proviniera de personas que pagan sus impuestos puntualmente vía nómina, sin acceso a los esquemas de diferimiento, litigio estratégico y arquitectura fiscal que permiten a los grandes capitales negociar sus obligaciones durante décadas. No comparten ni se benefician de la posición fiscal de Salinas. Pero sí adoptan su doctrina sobre la propiedad.
La idea de que cualquiera puede construir una gran fortuna si trabaja lo suficiente existe precisamente para naturalizar una concentración que, en su mayor parte, es heredada y depende de posiciones privilegiadas en mercados capturados, no de esfuerzo individual. Cuando esa narrativa se asienta, defender la riqueza extrema de otros se vuelve indistinguible de defender la propia, aunque la propia sea miles de veces menor. No es que la gente defienda a Salinas Pliego. Es que piensa que defiende una futura versión fantástica y millonaria de ellos mismos.
De acuerdo a Oxfam, en América Latina, los sistemas fiscales se han convertido en cómplices de la desigualdad, pero el verdadero triunfo del liberalismo es que el debate público en muchos países ya no es si la concentración extrema de riqueza es un problema, sino si el Estado tiene derecho a corregirla. Este desplazamiento discursivo, que lleva décadas y siglos en la conversación encontró en las redes sociales el mejor sistema de distribución que ha tenido en su historia.
El caso Salinas Pliego no es extraordinario como escándalo fiscal. Lo extraordinario es que la indignación no girara sobre un empresario que tardó años en saldar una deuda millonaria con el erario, sino sobre la legitimidad del Estado para usar lo recaudado. Que quienes salieron a defenderlo no fueran sus socios ni sus accionistas ni sus abogados, sino personas de ingresos que reciben nómina, rentan departamento y se preocupan por llegar a la quincena revela algo profundo sobre quiénes creemos ser, y quiénes, en realidad, somos.